Carlos Ramírez / Indicador Político. Edomex: llegó amenaza de violencia

OAXACA, Oax. 28 de marzo de 2014 (Quadratín).-Si era obvio que la violencia criminal se pasara de Michoacán y Guerrero al Estado de México y al DF, la falla de la estrategia de seguridad ha radicado en la ausencia de previsiones.

Los datos de la criminalidad mexiquense deben cruzarse con la renuncia de Manuel Mondragón al organismo de seguridad pública como parte de la falta de consolidación de una verdadera estrategia.

Y el problema no radica sólo en llegar a la conclusión de que la violencia criminal se ha asentado en la inmensidad del territorio mexiquense sino en los datos de que ya se logró colar al Distrito Federal.

De ahí que se tengan los datos duros de que el anillo de seguridad en el Valle que se habló cuando estalló Michoacán o no ha dado resultado o resultó insuficiente.

La criminalidad parece haber sorprendido a las autoridades mexiquenses y capitalinas, a pesar de los avisos de que los delincuentes estaban huyendo como cucarachas de las zonas invadidas por fuerzas federales de seguridad. Y extraña por el hecho de que el Estado de México tiene la fuerza policiaca más importante de la región y cuenta con servicios especiales de seguridad.

El exceso de confianza afectaron las previsiones de los gobiernos del Valle de México, pero en demérito de una ciudadanía que a veces aparece jaloneada por una delincuencia sin control. Y lo grave hoy es que el aumento de la delincuencia parece ir de la mano con los datos de crecimiento en el consumo de drogas.

La relación drogas-criminalidad ha sido uno de los cocteles más explosivos en los estados donde se colapsaron los márgenes de seguridad y el crimen organizado penetró hasta el fondo de la estructura social y de poder.

La extensión territorial, la desorganización de las bases sociales y el adelgazamiento de las instituciones políticas convirtieron al Estado de México en un territorio ideal para el asentamiento del crimen organizado. La pobreza en la mayor parte de la entidad contribuyó a crear el caldo de cultivo para el reclutamiento de bandas.

Al final, el Estado de México ha carecido de un programa de desarrollo social articulado al de seguridad.

Aunque no hay constantes que expliquen la inseguridad, sí existen algunos parámetros para intentar cuando menos un acercamiento al problema.

La delincuencia se instala ahí donde puede, donde lo dejan o donde compra apoyo social. Asimismo, casi de modo natural el crimen organizado sustituye los espacios políticos, sociales e institucionales del Estado y la sociedad, sólo que para sus intereses.

En el pasado, el PRI, el presidente de la república, la iglesia y el magisterio formaban parte de la red protectora de la sociedad para taparle el paso a la inseguridad. En cada ranchería había la presencia de fuerzas vivas que respondían a un consenso operado con el Estado.

Hoy el crimen organizado se puede meter con facilidad en una comunidad y no sólo ganarle al Estado sino suplantarlo en la gestión de la vida cotidiana.

Tamaulipas, Sinaloa, Ciudad Juárez y Michoacán son algunos ejemplos simbólicos de la dimensión del problema de inseguridad y de la forma en que el crimen organizado se coló hasta la estructura central del poder.

En Michoacán, por ejemplo, los narcos dominaban a los alcaldes y operaban actividades productivas basadas en la hegemonía de las armas, sin que nadie durante años hiciera algo para impedirlo o desarticularlo.

La parte más grave de la inseguridad ya no es la organización criminal, la impunidad de la violencia o la ineficacia del poder judicial, sino la forma en que la sociedad en muchas plazas aceptó la presencia y el dominio criminal y se subordinó calladamente.

De ahí que el problema ahora no sea sólo vencer a las bandas criminales sino tratar de cambiar la mentalidad de la sociedad respecto a que tendrá que someterse al orden institucional sin obtener a cambio ningún beneficio de bienestar y, peor aún, a sabiendas de que perderá bastante de lo ganado con el crimen organizado.

El aumento de la inseguridad en el Estado de México está a tiempo de ser detectado por las autoridades federales, no solamente para instrumentar un programa de auxilio inmediato sino para analizar las razones, identificar los protagonistas y aplicar una estrategia integral.

La inmensidad del territorio mexiquense prevé muy difícil un mecanismo como el de Michoacán, pero al mismo tiempo necesita de una mayor y más amplia presencia de las fuerzas federales de seguridad.

Y lo más urgente es que las autoridades mexiquenses logren la toma de conciencia de la sociedad de que el crimen ofrece bienestar y riqueza en el corto plazo, pero a costa de descomponer las relaciones sociales y deteriorar la calidad de la vida.

Lo malo es que la sociedad mexicana en algunas plazas ya le perdió la fe a las autoridades porque les ofrecen crisis y no bienestar y el crimen organizado cuando menos hace fluir recursos económicos como para mantener funcionando la economía.

Las luces rojas se prendieron en el Estado de México por ser la entidad más grande de la república pero también por ser la tierra de nacimiento del actual presidente de la república, como repitiendo el juego irónico de que la crisis más grave de seguridad estalló en la tierra natal de Felipe Calderón.

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