Carlos Ramírez / Indicador Político / Seguridad: estrategia fallida

+ Seguridad: estrategia fallida
+ Pero responsabilidad social
México, DF. 11 de agosto de 2013 (Quadratín).- Los incidentes de violencia en las últimas semanas han vuelto a poner en el tapete de las discusiones la estrategia de seguridad del gobierno federal. Pero los análisis deben ser ajustados a la realidad: la estrategia de seguridad hasta ahora es la adecuada, aunque lo que falla es la implementación.
Dos de los temas sustanciales de la estrategia son los que no han arrojado resultados inmediatos: los tejidos social y político y la reconstrucción de las fuerzas de seguridad. Los dos objetivos necesitan espacio y tiempo, pero hasta ahora el gobierno federal y las autoridades estatales y municipales han tardado en ofrecer cuando menos un listado de metas de corto plazo.
El crimen organizado se asentó en las comunidades por el abandono de la estructura social tradicional –o su corrupción– y por la falta de una estructura política de dominación. En el pasado, el papel vertebrador de la cohesión social y política lo tenía la estructura del PRI, aún con cacicazgos que consolidaban el poder pero alejaban a las bandas criminales; el relevo neoliberal-tecnócrata en el gobierno condujo a la desarticulación del proyecto social de desarrollo, al abandono del Estado de impulsos a la organización social y a la corrupción de los organismos policiacos, judiciales y de seguridad.
A nivel nacional se vio la gangsterización del Estado con el fin de los policías como guardianes políticos del sistema –producto de la derrota represiva de la disidencia– y su paso a madrinas del crimen organizado, como ocurrió con la Policía Judicial Federal y la Dirección Federal de Seguridad, y en casos concretos como el gobierno estatal de Morelos durante la gestión de Jorge Carrillo Olea, cuando las estructuras policiacas y judiciales controlaban a las bandas de secuestradores y también con el ascenso de Arturo El Negro Durazo Moreno como jefe de la policía del DF.
El relevo en el liderazgo nacional al terminar el ciclo de los políticos y comenzar el de los tecnócratas –1982, sobre todo– abandonó el papel de control político sistémico por los organismos centrales; fue ahí cuando las policías federales, estatales y municipales quedaron al garete y pasaron a formar parte de las estructuras criminales ya existentes. El Estado tecnocrático se dedicó sólo a cuidar la operación privada de la economía y dejó de lado su función reguladora de la sociedad. El colapso estalló en 1984 con la denuncia de los obispos del sur de la penetración de los narcos en comunidades campesinas para siembra de droga y el asesinato del columnista Manuel Buendía cuando se disponía a publicar nombres de funcionarios aliados a los narcos y en 1985 con el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena Salazar por narcos de Sinaloa protegidos por policías judiciales y de la Federal de Seguridad.
Todo diagnóstico de seguridad choca con el muro de resistencia de la estructura judicial-policiaca. La crisis de seguridad en Michoacán, por ejemplo, estalló a finales del 2006 y hoy la situación es peor a la de hace siete años. La falla no radica en el diseño de la estrategia sino en la falta de voluntad de la sociedad local para romper con el dominio criminal en zonas territoriales. Sólo por la complicidad social, policiaca y política puede un narco vivir en una zona donde es identificado como criminal, aunque la derrama económica que promueve logra la alianza local. Ahí es donde las estructuras sociales de cohesión e ideología han fallado: la iglesia, los partidos, el sistema educativo, los políticos y la crisis económica forman el cuadro de consolidación del crimen organizado.
El caso más simbólico para el análisis sociológico de la criminalidad es Ciudad Juárez, una sociedad antes con presencia sólida de partidos e instituciones sociales, que comenzó su debacle con la derrota del PRI; la oposición panista ignoró el papel de cohesión social del PRI y no supo administrar las relaciones sociales y de poder. A ello también contribuyó la inexistencia de una organización laboral porque las maquiladoras operaron sin reglas laborales o sindicales. Al perder su enfoque social, la plaza multiplicó los antros fuera de control. Y el asunto terminó de complicarse con el arribo de cientos de miles de migrantes que llegaron para cruzar ilegalmente la frontera y que fueron creciendo las zonas de marginación. Así pasó Ciudad Juárez de ciudad a zona de tolerancia.
La sociedad, los partidos, los gobiernos y las instituciones sociales son las únicas que pueden, conjuntamente, reconstruir los tejidos social y político. El diagnóstico es el acertado, aunque la operación carece de sentido, rumbo y objetivos concretos. El crimen organizado se convirtió en parte sociedad y la sociedad pasó a depender de los recursos económicos del crimen organizado, ante la paralización productiva y la falta de decisiones políticas para la actividad económica. En el campo, por ejemplo, el retiro del Estado en cuanto a la protección de la producción agropecuaria –precios de garantía, créditos, reparto de tierra, fertilizantes– dejó a los productores en la penuria y esa situación fue aprovechada por el crimen organizado para generar condiciones económicas satisfactorias para los campesinos si cambiaban la siembra de alimentos por la droga; un año de siembra de droga puede garantizar la sobrevivencia de cinco a diez años de los campesinos. En el campo, por tanto, falló el Estado.
La restauración de los tejidos social y político es la solución a la crisis de violencia, pero también la coartada retórica de los gobernantes. El asunto clave está en operar en la práctica la restauración de esos tejidos; pero el principal obstáculo se localiza en los gobernantes locales que salvan sus gestiones con pactos con los criminales y no con la limpia de sus establos. De nuevo Michoacán: a finales del 2006 el gobierno federal lanzó la ofensiva de seguridad contra el narco y en el 2009 el PRD impulsó al primo hermano del gobernador como diputado federal, lo metió clandestinamente al congreso para protestar y tener fuero, luego votó su desafuero y hoy Julio César Godoy es prófugo de la justicia por pertenecer a la banda de Los Caballeros Templarios.
De ahí que se concluya que la estrategia de seguridad ha partido de un diagnóstico acertado sobre el origen de la criminalidad y nadie puede objetar sus objetivos, pero en Michoacán han pasado ya siete años, políticos y sociedad no han colaborado en la lucha contra los cárteles y el dominio criminal en esa zona es de estructuras sociales, políticas, policiacas y de Estado. Por eso también la estrategia seguirá fallando hasta que la sociedad y las estructuras de poder no decidan poner un hasta aquí a sus complicidades con las bandas criminales que paradójicamente aplastan y dañan a la misma sociedad.
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