Carlos Ramírez / Indicador Político / Y el narco ya entró a la Corte

+ Y el narco ya entró a la Corte
+ ¿Habrá los mismos castigos?
México, D.F. 13 de agosto 2012 (Quadratín).-Justo cuando la Corte Suprema de Justicia enjuicia el problema de la ofensiva gubernamental contra el narco y el papel del ejército, la PGR probó que el cártel de El Chapo Guzmán ya había penetrado el máximo tribunal judicial.
Y justo cuando la Corte Suprema había decidido enfocar el problema del narcotráfico como un simple asunto de seguridad pública, la realidad demostró que no se trata de un tema policiaco sino de seguridad interior-seguridad nacional por el papel estratégico que juega el máximo tribunal judicial en la vida política.
El caso de Juan Carlos de la Barrera Vite, ex secretario de estudio y cuenta de la ponencia del ministro Sergio Valls Hernández y funcionario del área de personal de la Dirección de Recursos Humanos de la Corte Suprema, demostró lo que los propios ministros del tribunal supremo se habían negado a reconocer: la peligrosidad no sólo de violencia y tráfico de drogas del narco, sino su organización para penetrar y corromper las principales instituciones nacionales.
La semana pasada la Corte caminó por el delicado filo de la navaja, no sólo por tener que decidir asuntos de competencia entre tribunales civiles y tribunales militares, sino porque tomó determinaciones que acotaron el fuero militar en asuntos que tenían que ver con la lucha contra el crimen organizado y la Corte lo hizo en función del criterio de que se trataba de una “guerra no declarada” y de asuntos de “seguridad pública”.
Pero lo peor fue el hecho de que la Corte decidió desahogar esos expedientes a sabiendas de que un funcionario de la ponencia de uno de los once ministros ya estaba arrestado bajo cargos de pasarle información al crimen organizado, concretamente al cártel de Joaquín El Chapo Guzmán. El secretario de estudio y cuenta es el principal colaborador de los ministros de la Corte y maneja información sobre los procesos a decidir. Todos los posicionamientos de los ministros en torno a los expedientes de militares en la lucha contra el narcotráfico son procesados por los secretarios de estudio y cuenta. Por tanto, esos secretarios no son funcionarios judiciales menores.
El primer indicio de que las cosas estaban mal en la Corte Suprema fue la ausencia del ministro Sergio Valls Hernández en las sesiones del pleno del lunes, martes y jueves de la semana pasada, cuando se decidieron juicios de competencia entre tribunales civiles y tribunales militares. El segundo indicio fue la dureza que aplicaron algunos ministros en el análisis de los casos al desbordar el tema específico de la competencia y enjuiciar la estrategia del gobierno de Calderón contra el crimen organizado al declararla anticonstitucional por usar el ejército y por darle la noción de guerra sin pasar por los requisitos legales. Lo extraño fue el tono agresivo de algunos ministros en asuntos en los que el ejército ya había aceptado la competencia civil.
El trasfondo de las sesiones del pleno de la Corte de la semana pasada en temas de ejército y narcotráfico se localizó en la fase final del caso del secretario del ministro Valls Hernández, que había sido detenido en la tercera semana de junio y estaba siendo procesado. De ahí que la dureza de ministros contra el ejército y contra la lucha criminal haya tenido como segundo pensamiento el expediente del alto funcionario de la Corte que había lastimado severamente el contenido de las decisiones del ministro Valls Hernández.
Asimismo, el caso de De la Barrera Vite demostró que los narcos no son delincuentes de tercera categoría sino que tienen no sólo instrumentos y recursos sino la decisión de operar estructuras de inteligencia penetrando las principales instituciones: la iglesia, mandos del ejército, partidos, medios, empresas, bancos y ahora nada menos que el máximo tribunal que dicta la palabra final sobre casos que tienen que ver con la lucha judicial contra el crimen organizado.
El golpe del narco contra el máximo tribunal judicial de la república se convirtió en el recordatorio de que la lucha contra el narcotráfico tiene como adversarios a poderosas organizaciones con acceso a enormes recursos económicos, capacidad de corrupción política y mecanismos inimaginables de acceso a información privilegiada. El caso del alto funcionario de la ponencia del ministro Valls Hernández demostró también que el crimen organizado posee ya una estructura de inteligencia política, es decir, acopio de información para toma de decisiones. Al penetrar el blindaje –si es que había– de la Corte Suprema, el narcotráfico probó que no se trata de un asunto de seguridad pública y ni siquiera de seguridad interior, sino de seguridad nacional.
El problema es más delicado de lo que suponen en algunos niveles de la Corte. Lo urgente sería revisar todas las votaciones del ministro Valls Hernández en expedientes sobre temas del narcotráfico, no tanto por sospechar de él sino porque el acopio de información para su toma de decisiones fue organizado por De la Barrera Vite, su secretario de estudio y cuenta. Y en términos jurídicos que la Corte suele aplicar a casos de la PGR y otras instancias, se tiene que indagar qué votaciones fueron “fruto de un árbol envenenado”. Por lo pronto, la ausencia del ministro Valls Hernández de las votaciones sobre expedientes del ejército y el narcotráfico fue una especie de auto exclusión.
La penetración de El Chapo en altas instancias de la Corte Suprema debe ser tomada como una prueba de la peligrosidad y alcance de los tentáculos de corrupción del narcotráfico y –tardíamente, en el caso de las Corte– le conceden la razón al presidente Calderón en su decisión de ir con el ejército en contra de los cárteles de la droga.
Además, opino que Javier Sicilia, su movimiento, el rector de la UNAM José Narro, los periodistas, el Movimiento YoSoy132 y ahora la Corte Suprema de Justicia de la Nación deben responsabilizar a los narcos de la violencia y los muertos, exigir sin dobleces la rendición incondicional de Joaquín El Chapo Guzmán, Ismael El Mayo Zambada, Heriberto Lazcano El Lazca, Servando Gómez La Tuta, Juan José El Azul Esparragoza, Vicente Carrillo Fuentes y otros capos y demandar la entrega de su arsenal de armas para ser juzgados como responsables de la violencia criminal y la corrupción en el tráfico de drogas y de varios de miles de muertos en enfrentamientos entre cárteles.
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