Cipriano Flores / El Buen Gobierno (XXVIII) / Gobierno y Moral

Oaxaca, Oax. 31 de marzo de 2013 (Quadratín).- Una de las reglas más añejas de la humanidad es aquella que distingue de lo que es de lo que debería ser. Creemos que es el hombre el único ser que se cuestiona semejante regla. La dicotomía entre lo que es y lo que debe ser ha sido motivo de reflexiones durante siglos de la existencia del ser humano. Cuestiona desde lo que es y debe ser en un individuo hasta la sociedad y los regímenes políticos.
Lo que es bien cierto, en esta dicotomía se parte de otra que resulta de contraponer la naturaleza (lo que es) y la sociedad (lo que debería de ser). Así, Hobbes sostiene que el hombre de la naturaleza es egoísta y sólo mediante un régimen político puede ser lo que debe ser,un hombre social o Rousseau que sostiene también que el hombre natural es lo que debe ser y en la sociedad es lo que es. Dentro de la filosofía política, por estas ideas nacen las llamadas utopías, proyectos políticos o programas de las organizaciones políticas.
La filosofía del deber ser se refería en el campo humano, al arte de cultivar la necesidad de llevar una vida buena, honesta, justa y generosa con los otros seres humanos que viven en sociedad, con ello, se partía del supuesto de que el hombre vivía en sentido contrario. Esta idea del buen vivir se traslada a la filosofía política, así, para Aristóteles sólo se puede alcanzar un buen vivir si la polis es justa y los intereses ciudadanos son coincidentes con los de la comunidad política. El gran problema es cuando los intereses del Estado son contrarios a los intereses de los ciudadanos o de la sociedad en su conjunto. De aquí surge la idea de que si un Estado representa los intereses y las orientaciones de la mayoría de la sociedad estamos ante un régimen democrático, por tanto, el Estado sería un ser moral mayoritariamente bueno, sin importar de suyo, de la calidad moral del gobernante.
Un buen orden político que es capaz de formar y reproducir una buena sociedad y buenos ciudadanos se constituye en una escuela de virtudes cívicas. En sentido contrario, en un orden político despótico forma y reproduce una sociedad temerosa y donde la lucha por la sobrevivencia es cruel y despiadada, es una escuela en donde las virtudes cívicas estarían ausentes y los hombres reflejarían en sus acciones el sentido inmoral de esa sociedad, es decir, en una sociedad de cerdos.
No cabe duda alguna, por tanto, que las virtudes cívicas son un producto político y social. El mal o bien comportamiento de los ciudadanos dependerá de la existencia de un buen o mal orden político. No se les puede pedir o exigir a los ciudadanos un buen comportamiento cuando no se es capaz de construir un bue orden político y administrativo.
Si bien es cierto que se debe obediencia a nuestros gobernantes, sea por temor o por razón, incluso por motivos religiosos, tal como lo señala San Pablo en la Biblia al sostener que debemos someternos a los poderes superiores y tratar a las autoridades como si derivaran del propio Dios; en consecuencia, las autoridades gubernamentales deben dedicarse a sus ciudadanos, protegerlos y procurar su bienestar o como lo asevera Lutero acertadamente: “echar sobre sí mismo las necesidades de sus súbditos, como si fueran sus propias necesidades. Nunca debe excederse en su autoridad y en particular debe evitar todo intento de ordenar u obligar a alguien por la fuerza a creer en esto o aquello. Sus principales deberes son simplemente producir la paz externa, evitar los actos malos y, en general, asegurarse de que las cosas externas estén ordenadas y gobernadas en la tierra de manera decente y piadosa” (citado por Skinner, Quentin. Los Fundamentos del Pensamiento Político Moderno. II. La Reforma. Editorial. FCE. México. 1993. p. 22).
Además, el ciudadano debe exigir que el gobierno cumpla con sus obligaciones y responsabilidades, Lutero pone en claro que no se deben respeto y obediencia a los indignos gobernantes, sobre todo cuando traten de enredar a sus súbditos en sus impías y escandalosas costumbres. El Súbdito debe de obedecer a su conciencia, aun si esto significa desobedecer a su príncipe (citado por Skinner-Quentin. ob. cit). La realidad es que muchos gobernantes se justifican sosteniendo que su mala administración se debe al pueblo, porque el pueblo es así o por los pecados del pueblo.
Es indudable que la dicotomía entre el orden político y la ciudadanía ha tenido, como consecuencia extrema, el surgimiento de las revoluciones. La revolución es la expresión más violenta de la desobediencia hacia un régimen arbitrario e injusto.
Si concluimos que la sociedad es esencialmente conflictiva es conveniente partir de esta naturaleza para fomentar valores morales y como recurso para la solución de los mismos conflictos. Así, los valores y normas que surgen del conflicto nos orientan para resolverlos. “el conflicto no siempre destruye: define al amigo, al enemigo, suministra nuestra identidad, establece nuestros valores, forja nuestras lealtades, crea territorios y fronteras e identifica lo bueno y lo malo” (Giner, Salvador, El Origen de la Moral. Editorial. Península, Barcelona, España 2012. p.89).
Los gobernantes forjados en los conflictos sociales son capaces de no perder el rumbo de la nave del Estado si utilizan los valores del conflicto, por ello, es necesario recordar que la política más que ciencia es arte. Se ha dicho con justa razón que la Oaxaca conflictiva es cuna de buenos políticos.
Es menester también ser enfáticos con los gobernantes y recordarles que su poder no es a consecuencia de un origen divino, ni tampoco se debe al destino, sino que es producto de la voluntad de los ciudadanos, que estos ciudadanos le otorgaron tal poder y es para que lo desempeñen bien y a satisfacción plena del pueblo en general, “a cambio del poder que gozan y de la gloria y fama que les envuelve (y que tanto placer les proporciona), queremos resultados. Aunque ellos vivan henchidos de promesas, a nosotros nos pueden satisfacer sólo los resultados” (Giner, Salvador. Cartas sobre la Democracia. Editorial. Ariel, Barcelona, España. 1998. pp. 27 y 28). Queremos seguir insistiendo, la calidad moral del gobernante o de los gobernantes importa poco, lo que importa son los resultados a favor del interés común.
En virtud de lo anterior, es necesario que los gobernantes, para evitar su corrupción e incompetencia, cumplan con los siguientes principios que fueron expuestos por una comisión oficial británica en 1995, que se reproduce en el libro de Salvador Giner “Cartas sobre la Democracia” ya citado.
Un paso importante para hacer muy difícil la corrupción es el de dejar bien explícitos –a poder ser en la misma Constitución- los principios por los que debe regirse la vida pública. A guisa de ejemplo recojo aquí los siete principios expuestos por una comisión oficial británica que, en 1995, presentó las siguientes recomendaciones:
Altruismo. Quienes tienen cargos públicos deben tomar sus decisiones sólo en interés público. Nunca deben hacerlo para conseguir beneficios financieros o de otra índole par sí mismos, su familia o sus amigos.
Integridad. Los cargos públicos no pueden aceptar obligaciones financieras o de otra índole ante individuos u organizaciones externas que puedan influir sobre ellos en el desempeño de sus funciones oficiales.
Objetividad. Los nombramientos de cargos públicos, la concesión de contratos, la recomendación de individuos para recompensas y premios deben hacerse de acuerdo con el mérito de cada candidatura.
Responsabilidad. Los cargos públicos deben rendir cuentas por sus decisiones y acciones ante la ciudadanía y deben someterse a cuanto escrutinio exija su posición.
Apertura. Quienes desempeñan cargos públicos tienen que ser todo lo abiertos posible sobre las decisiones que toman. Deben dar buenas razones por ellas y restringir la información solamente cuando el interés general claramente así lo requiera.
Honestidad. Los cargos públicos tienen el deber de declarar cualquier interés privado que pueda estar relacionado con sus deberes públicos y tomar las medidas necesarias para resolver cualquier conflicto de modo que el interés público quede protegido.
Ejemplaridad. Los cargos públicos deben promover y apoyar estos principios con el ejemplo.