Cipriano Flores / Norte Electoral (XXVII) / Conflictos Electorales

Oaxaca, Oax. 19 de agosto 2012 (Quadratín).- En la más reciente reforma al Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales de Oaxaca, referente a las elecciones en los municipios indígenas, tiene como propósito fundamental buscar la normatividad más adecuada para evitar los conflictos en estos municipios, el legislador pensó que normando el proceso electoral en estos pueblos se podía menguar el índice de estos conflictos.
De acuerdo a la vigencia del reconocimiento de la autonomía electoral de los pueblos indígenas que data de 1995 a la fecha, los conflictos en los pueblos indígenas en materia electoral se pueden circunscribir a las siguientes causas: en primer lugar, cuando no hay consenso en los cambios que se pueden hacer sobre la normatividad y la costumbre en la elección, así cualquier cambio cuando no hay un debido acuerdo en la comunidad origina necesariamente el conflicto, por ejemplo, la participación de las agencias en aquellos casos en que éstos no participan; en segundo lugar, cuando se violan las normas y la costumbre de la manera de hacer la elección en la comunidad, en este caso, los afectados de la violación de la norma que es a veces la propia comunidad, reclaman el respeto a la costumbre, por ejemplo, cuando participa algún ciudadano que no cumple con los requisitos de la normatividad; en tercer lugar, cuando en el proceso de elección se cometen prácticas que no van de acuerdo al proceso democrático, por ejemplo, cuando se manipula a la asamblea comunitaria; en cuarto lugar, surge un conflicto electoral cuando una vez instalada la autoridad municipal surgen hechos que motivan la necesidad de una nueva elección o la sustitución de la autoridad, por ejemplo, la muerte del presidente municipal o su sustitución por una nueva asamblea comunitaria a causa de malos manejos.
Las causas aquí descritas, los pueblos y comunidades los resuelven cotidianamente sin la intervención de las autoridades estatales, sean electorales o gubernamentales, el problema se presenta cuando intervienen precisamente las autoridades externas a la comunidad, pues estos tienen una perspectiva distinta a los que pueden tener las personas que habitan en la comunidad. Los casos más evidentes son cuando los mediadores se rigen bajo una visión estrictamente jurídica en un sentido occidental de los términos. En nuestros pueblos la palabra, el razonamiento, el entendimiento, la voluntad común y el interés comunitario son los valores fundamentales que prevalecen en todo acuerdo de solución a los problemas, así cuando se trata de aplicar la normatividad a “rajatabla” se originan los conflictos, luego entonces, la fórmula más elemental y lógica para la solución de los problemas en los pueblos, debe partir fundamentalmente de un pleno respeto a su autonomía y evitar la intervención de partidos políticos, grupos sociales o del propio gobierno, de aquí la importancia lo señalado por el Artículo 266 de la reciente reforma al Código, de que para la solución de los conflictos los pueblos deberán de agotar los mecanismos internos de resolución, este es un paso importante para el respeto a la autonomía de los pueblos, pues si en una asamblea no se soluciona el conflicto, se deberá de buscar en número de asambleas necesarias hasta que el propio pueblo encuentre la solución, claro está, lo único que haría el órgano electoral sería que tales asambleas se realizaran de acuerdo a procedimientos democráticos.
La cuestión radica en evitar que los conflictos lleguen a los tribunales o a las autoridades competentes pues estas instituciones tienen la obligación de apegarse a la estricta observancia de la ley cuyos contenidos son regularmente en contra de los sistemas normativos de los pueblos. También es buen esfuerzo lo hecho por la Cámara para ampliar el concepto de mediación, que ya venía en el Código desde 1997, pero que su esclarecimiento puede permitir a la autoridad electoral ser mucho más eficaces en la solución de los conflictos, claro está, que no existen normas en el mundo que puedan suplir a la falta de inteligencia de las autoridades electorales.
Los conflictos más recientes en los pueblos como son el caso de Amoltepec y San Mateo del Mar, el origen de los mismos, se ha debido por la falta de respeto a la autonomía de estos pueblos y a una aplicación irrestricta del procedimiento jurídico e incluso a la violación de la costumbre electoral como es el caso de Amoltepec. En este último municipio a la muerte de su presidente municipal en los primeros días de su gestión, debería de haber procedido el nombramiento de acuerdo con la costumbre, sin embargo, la autoridad electoral fue omisa a la violación de la norma al consentir que fuera nombrado el hijo del presidente muerto sin cumplir con los requisitos de la normatividad interna, por sólo este hecho, según los pobladores, ha habido más de 20 muertos, 14 detenidos en la cárcel y 10 prófugos, ciudadanos inocentes de la comunidad. Este es tan sólo un ejemplo de la incapacidad de los mediadores para resolver los conflictos en los pueblos indios, desgraciadamente estos conflictos son motivo para que los reaccionarios de siempre y enemigos de los pueblos indígenas soliciten el cambio de régimen en estos pueblos y conducirlos a un régimen corrompido como es la de los partidos políticos.
Meter a los partidos políticos a los pueblos indígenas no es el camino adecuado para la solución de sus conflictos, en aquellos municipios de usos y costumbres ya competitivos buscar que los propios pueblos definan sus reglas democráticas tal como lo han hecho muchos de ellos. Celebramos pues, los avances de la reforma electoral al Libro Cuarto hoy Libro Sexto del Código y en nuestra próxima entrega haremos las observaciones negativas del mismo Código.