Consejo de la Judicatura aplicó examen oral a aspirantes a la magistratura

Oaxaca, Oax. 27 de agosto 2012 (Quadratín).- Este lunes se llevó a cabo la segunda etapa para evaluar a los candidatos a ocupar el cargo de magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, conforme lo establece el Acuerdo General 34/2012 del Pleno del Consejo de la Judicatura, que fija los lineamientos generales que regulan la etapa de aplicación del examen de oposición a los aspirantes a dicho cargo.
El magistrado Alfredo Lagunas Rivera, presidente del Consejo de la Judicatura, y demás integrantes María Eugenia Villanueva Abraján, Violeta Sarmiento Sanginés, Elsa Alejo Torres y José Antonio Álvarez Hernández, examinaron de manera verbal a los 16 aspirantes, mediante preguntas e interpelaciones relativas a la función de un magistrado.
Con un tiempo aproximado de 30 minutos, cada candidato fue examinado sobre diversas materias como civil, penal, familiar y derechos humanos, entre otros, con la finalidad de evaluar su desempeño laboral, profesional, y en el caso de los que pertenecen al Poder Judicial, su eficiencia, honorabilidad y competencia.
Es importante mencionar que con la reforma constitucional aprobada en abril del año pasado, se estableció un nuevo procedimiento para la elección de magistrados, donde el titular del Poder Ejecutivo del Estado convocó para formar una propuesta y elegir a los magistrados que integrarán el Pleno del TSJ, y en el cual, el Consejo de la Judicatura certificó el cumplimiento de los requisitos y aplicó los exámenes de oposición a los solicitantes.
Con esta evaluación oral se culmina el examen de oposición aplicado por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. Ahora, corresponde a este órgano calificar dichos exámenes para después remitir al titular del Ejecutivo una lista que contenga los nombres de los ocho aspirantes con mejor promedio en estas dos pruebas.
Posteriormente, el Gobernador del Estado elegirá una terna de estos ocho candidatos para enviarla al Congreso del Estado quien decidirá a la persona que ocupe la magistratura. Cabe señalar que si el Congreso no resuelve en un plazo de veinte días, el titular del Poder Ejecutivo tendrá la facultad de nombrarlo.