David Colmenares / Signos y Señales / Gasto federalizado y armonización contable

Oaxaca, Oax. 21 de septiembre de 2012 (Quadratín).-Hoy ocupa muchos espacios en los medios y en las mesas de trabajo de funcionarios de los tres órdenes de Gobierno, de los tres poderes, de los órganos de control y las entidades de fiscalización superior, e incluso de los ciudadanos, para no hablar de los medios de comunicación, el tema de la armonización de la contabilidad gubernamental.
Desde 2003 con la elaboración del Diagnóstico Integral de las Finanzas Estatales y Municipales, en el capítulo final sobre Transparencia, Rendición de Cuentas y Fiscalización, aparecía siempre el “hoyo negro” de la contabilidad gubernamental. Era imposible comparar las leyes de ingresos, las cuentas públicas y los presupuestos estatales, había entidades federativas que no desglosaban las transferencias –condicionadas y no condicionadas-, surgía la necesidad de homologar la contabilidad gubernamental. Esta fue una preocupación de consenso en la Convención Nacional de las Haciendas Públicas de 2004. Se trabajó en el tema, logrando avances en materia presupuestaria, sin embargo los mismos fueron limitados, quedando como este tema como pendiente.
Así, la armonización contable surge de la necesidad de tener información en materia financiera y presupuestal, susceptible de ser consolidada, comparada y con oportunidad, bajo criterios comunes entre las distintas esferas de gobierno, que tienen bajo su responsabilidad la administración y ejercicio de los recursos provenientes de la Hacienda Pública.
En el transcurso de 2008 se publica en el Diario Oficial la Ley General de Contabilidad Gubernamental que constituyó un paso adelante en los afanes para lograr la homologación o armonización contable, se constituyó en un instrumento fundamental para apoyar el desarrollo de una gestión pública cada vez más eficiente, transparente y sujeta a un efectivo proceso de rendición de cuentas.
En tal sentido, es preocupante que, a escasos tres meses de concluir el plazo para se cumplan las disposiciones de ese ordenamiento, el escenario que se aprecia en las entidades federativas y municipios es poco optimista, en general no se observan las modificaciones jurídicas necesarias para incorporar los lineamientos y disposiciones de la Ley y la CONAC.
En lo que corresponde a los municipios, la información disponible manifiesta una situación más crítica, ya que en su gran mayoría manifestaron no contar con un sistema integral de información financiera con las características requeridas por la Ley, entre otras cosas.
Lo elementos anteriores evidencian la necesidad de redoblar esfuerzos, para que la mayoría de los estados y municipios cumplan con lo establecido en la Ley. Esta es una tarea y compromiso de todos, por lo que cada instancia, en el ámbito de sus facultades y funciones debe contribuir al logro de sus objetivos en el menor plazo posible.
En fecha reciente el Ejecutivo Federal presentó una iniciativa de reforma a la LGCG, la cual busca profundizar el alcance de dicho ordenamiento y favorecer una mayor transparencia en la información contable y financiera de los entes públicos. La iniciativa enfatiza sus disposiciones en el caso de las entidades federativas y municipios, lo cual es positivo, ya que todos los esfuerzos normativos que se realicen para fortalecerla deben reconocerse, sin embargo, varios de sus artículos recogen disposiciones que ya están vigentes en otras leyes y normas, por lo que sería recomendable evitar la duplicidad de aspectos regulados en otros ordenamientos legales.
Adicionalmente, se incorporaron en la Iniciativa elementos normativos que pueden rebasar el ámbito de la contabilidad gubernamental, ya que por su naturaleza corresponden más bien a la gestión operativa de los fondos y programas, sobre todo en lo que respecta al gasto federalizado.
En ese sentido, pareciera que es más conveniente que todos los aspectos referentes a la operación de los fondos y programas financiados con el gasto federalizado, contenidos en dicha Iniciativa, así como en otros ordenamientos, se concentraran en una ley específica, como podría ser una Ley de Gasto Federalizado, lo cual brindaría la integralidad y suficiencia normativa que requiere la gestión del gasto transferido, que significa alrededor del 19% del gasto neto presupuestario total. Tema en el que estamos trabajando en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización.
*Auditor Especial del Gasto Federalizado en la ASF. Ha sido Presidente del Colegio Nacional de Economistas.
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