
Zedillo, jefe político de la intelectualidad de la derecha
Oaxaca, Oax. 22 de febrero de 2013 (Quadratín).- La Ley de Ingresos de la Federación en su artículo 27, que da cuenta de la obligación para la Secretaria de Hacienda de entregar al Congreso el Presupuesto de Ingresos Fiscales. De acuerdo a la Ley el PGF comprenderá los montos que deje de recaudar el erario federal por concepto de tasas diferenciadas en los distintos impuestos, exenciones, subsidios y créditos fiscales, condonaciones, facilidades administrativas, estímulos fiscales, deducciones autorizadas, tratamientos y regímenes especiales establecidos en las distintas leyes tributarias a nivel federal, señala la información que deberá contener, esto es los montos referidos, estimados para el siguiente ejercicio fiscal:
· El monto estimado de los recursos que dejará de recibir el erario Federal;
· La metodología utilizada para realizar la estimación; la referencia o sustento jurídico, que respalde la inclusión de cada concepto o partido;
· Los sectores o actividades beneficiados específicamente de cada concepto, en su caso; y
· Los beneficios sociales y económicos asociados a cada uno de los gastos fiscales
Dicho presupuesto ha sido un material interesante para tener una dimensión clara de los gastos fiscales, cuya revisión forma parte obligada para la elaboración de cualquier propuesta de reforma tributaria. Algunos de los conceptos, particularmente aquellos que apoyan la inversión y la creación de empleos productivos, así como el desarrollo regional se deben perfeccionar, y mantener, pero otros no.
Ello obliga a considerar que los gastos tributarios o fiscales, significan menores ingresos para el fisco, que pueden tener diversas formas, como las mencionadas en la Ley de Ingresos, que podría recapitular en las exenciones, deducciones, créditos, tasas preferenciales, diferenciadas, y prórrogas, lo que es claro es que forman parte de la política pública de la importancia dada a su elaboración. Existen diversas metodologías para hacerlo, sin embargo algo que tienen que tener todas son sistemas de información, transparencia fiscal y no debe existir discrecionalidad en su aplicación.
Los gastos fiscales han sido considerados por la OCDE como un traspaso de ingresos públicos, a través de la reducción de las obligaciones impositivas con respecto a un impuesto de referencia, más que por la vía del gasto directo. En 1996 la propia Organización Internacional en su Informe Anual, destacaba algunos requisitos exigidos por algunos países: las concesiones tributarias deben beneficiar a una industria, actividad o clase de contribuyentes en particular; deben servir a un propósito particular (diferente de la operación eficiente del sistema), que sea fácilmente identificada con un objetivo que pueda ser llevado a cabo en forma alternativa con otros instrumentos; el impuesto en cuestión tiene que ser lo bastante amplio como para que haya un impuesto de referencia adecuado contra el cual medir el valor de la concesión; tiene que ser administrativamente factible cambiar el sistema tributario, para eliminar el gasto tributario; y en el sistema tributario no debe haber otras disposiciones que compensen con holgura los beneficios del gasto tributario.
Hoy prácticamente todas las economías importantes de América Latina, elaboran presupuestos de gastos fiscales, atendiendo a los principios mencionados. A fines de los 90 el FMI impulsó el Código de Buenas Prácticas en Transparencia Fiscal, trabajado por George Kopicks, lo que fortaleció la necesidad de mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos, así como una mejor rendición de cuentas.
Para la sociedad es fundamental conocer a detalle la información de los presupuestos de gastos fiscales, de forma tal que esté convencida de que no hay discrecionalidad en su aplicación y conocer también los resultados.
Su elaboración ayuda por ejemplo a tener estructuras tributarias más sencillas, lo que contribuye los costos de la administración tributaria, además de ayudar a reducir no solo la evasión fiscal, también la elusión que leyes complejas incentivan y facilitan.
Resulta importante entonces, considerar el aprovechamiento del potencial extra fiscal de los tributos, como complemento de la política económica, sectorial, regional o nacional. La renuncia a los ingresos que implica un gasto o un estímulo fiscal tiene que ser revalorada periódicamente, para mantenerlo o eliminarlo.
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Foto: Ambientación