David López / Acotar o fortalecer al Ejecutivo oaxaqueño

Oaxaca, Oax. 7 de febrero 2011 (Quadratín).- Como hice referencia en una colaboración anterior, el Ejecutivo del Estado viene impulsando dentro del marco de la denominada Reforma legislativa inicial: la reforma política y administrativa; ambas consideradas como el eje para la transformación del régimen político. La administrativa echada andar con base en la nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, aún no alcanza a cubrir todavía las amplias expectativas generadas.
Por ejemplificar: sobre su estructura se esperaba que siendo Oaxaca una entidad de las más rezagadas en materia educativa y con una sección sindical beligerante, era inminente la desaparición del IEEPO y la creación de una Secretaría de Educación con amplias facultades (vgr. DF, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Tlaxcala, etc.). No obstante, una evaluación de la reforma administrativa resulta aún prematura, pues la reforma política seguramente reincidirá en ésta al procurar en su quinto eje “Una nueva Gestión Pública responsable, con orientación social.”
La iniciativa de Reforma Política es de gran envergadura y muy oportuna. Por un lado, su relevancia radica en abordar los temas que actualmente son motivo de un amplio debate al interior del Senado y la Cámara de Diputados, y en donde el Ejecutivo federal se ha involucrado decididamente. Estos actores se han propuesto, finalmente, modificar el andamiaje institucional para hacer más eficaz la interacción entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, de la forma como se ha venido presentando en Latinoamérica en el contexto de la tercera ola democratizadora.
Por otro lado, es pertinente porque busca aprovechar el tiempo y no desperdiciarlo como ha sucedido en el ámbito federal, pues la decisión de implementar cambios de esta naturaleza tuvo que esperar dos sexenios y medio de gobiernos sin mayoría (EZPL, VFQ y FCH).
Esta iniciativa de reforma política-constitucional del Ejecutivo se centra en cinco ejes. I. Una nueva relación entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo; II. El fortalecimiento del Poder Judicial; III. La autonomía de los Órganos de Estado; IV. La instauración de los Mecanismos de Democracia Directa; y V. Una nueva Gestión Pública responsable con orientación social. Los cinco ejes pueden ser enmarcados dentro de los siguientes temas: Equilibrio de Poderes; Representación Política; Derecho a la Información Pública; Transparencia y Rendición de Cuentas; y Democracia Participativa, entre otros.
No obstante, cabe destacar un déficit de la iniciativa en el tema de la Representación Política, pues no contempla el rediseño del sistema electoral, ya que como bien señala Gabriel L. Negretto “en un régimen presidencial no es posible desvincular el diseño electoral de la forma en que se distribuyen los poderes entre la ramas de gobierno.”
Los tres primeros ejes de la iniciativa se pueden enmarcar dentro del tema equilibrio de poderes: el primero busca fortalecer a los poderes Ejecutivo y Legislativo; el segundo al poder Judicial; y el tercero a los órganos autónomos. Estos últimos, como sabemos, son el resultado del acotamiento de los poderes metaconstitucionales del ejecutivo en el “viejo” régimen autoritario.
Gran parte del debate nacional respecto al equilibrio de poderes tiene que ver con el acotamiento o fortalecimiento del poder Ejecutivo, y éste, al parecer, ha encontrado eco en algunos actores políticos oaxaqueños. Por este motivo, intentaré en las siguientes colaboraciones aportar algunos elementos para el debate que atinadamente la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales de la LXI Legislatura del Estado, ha decidido sacar del Congreso.
Por ahora es importante mencionar dos premisas que deben dar sustento al debate:
1. Enfatizar que en nuestro país, como lo han demostrado varios politólogos (Haggard y McCubbins, Negretto, y Casar entre otros), los poderes legislativos constitucionales del Ejecutivo federal, y en consecuencia de los subnacionales, son débiles respecto a otros sistemas presidenciales latinoamericanos. Pues como sabemos, la fortaleza del Ejecutivo durante la vigencia del sistema de partido hegemónico se debió a sus facultades metacostitucionales que le fueron atribuidas en buena medida por sus poderes partidarios.
2. Tener presente que, como señala María Amparo Casar, la larga historia de concentración de poder en la presidencia o gubernaturas ha funcionado como inhibidor de reformas tendientes a reforzar los poderes del Ejecutivo. Lo anterior, en contraste con lo que ha sucedido en la mayoría de países latinoamericanos, que al abandonar sus regímenes autoritarios mantuvieron o ampliaron los poderes legislativos de sus ejecutivos, con el propósito de lograr una interacción eficaz entre poderes y procesar con mayor eficiencia la implementación de las políticas públicas. Esto último, para nuestro caso, resulta inaplazable.

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