Demanda Red de Defensoras protección a activistas de Álvaro Obregón

OAXACA, Oax. 9 de marzo de 2014 (Quadratín).-  Ante la “alta conflictividad y riesgo de estallido social” que existe en la localidad zapoteca de Álvaro Obregón, Juchitán, y otras comunidades vecinas, la Red de Activistas y Defensoras de Derechos Humanos de Oaxaca pidió al Gobierno del Estado protección para los luchadores de la localidad.

Mediante un escrito dirigido al mandatario Gabino Cué, la agrupación conformada por 73 organizaciones y defensores de las garantías individuales externó su preocupación “por la grave escalada de violencia en la comunidad indígena, situación que pone en alto riesgo a las mujeres, niñas, niños, así como a las  defensoras de derechos humanos que desarrollan su labor en dicha región”.

Recordó que el pasado 2 de marzo, un grupo de personas agredió con armas de fuego a comuneros que sostenían una reunión, en la que resultaron cinco personas heridas, “desencadenando una ola de violencia en la comunidad”.

En información recabada por integrantes de la Red Estatal, los habitantes expresaron preocupación por su seguridad y su vida “y manifestaron que esta situación se desencadenó por la negativa de las autoridades municipales y estatales de reconocer la decisión de esta comunidad zapoteca, de transitar hacía la autonomía y la autodeterminación, sustentados en sus valores comunitarios”.

También señaló la campaña en contra de Lucila Bettina Cruz Velásquez y otras personas integrantes de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, “por la grave situación de amenazas, criminalización y difamación que sufren”.

Por ello, piden que se atienda con oficio político la situación en Álvaro Obregón, “ya que el descuido de asuntos como estos ha llegado a la inestabilización del estado”.

Asimismo, que se realice una investigación imparcial y expedita para sancionar a los responsables de las agresiones cometidas contra la población y que se garantice la seguridad para el ejercicio del derecho a defender derechos humanos en el estado de Oaxaca.