Discurso del Presidente Magistrado al presentar el informe de labores en la SCJN

Oaxaca, Oax., 29 de noviembre de 2011.- En primer término y a nombre de mis compañeros Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, integrantes de la Sala Superior y las cinco Salas Regionales, saludo al Presidente y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, anfitriones de este evento.
Al igual que a los distinguidos miembros del Consejo de la Judicatura Federal, a quienes, por mandato legal, también está dirigido el Informe Anual de Labores.
Saludo con afecto y reconocimiento:
• Al ciudadano Consejero Presidente, a la Consejera y los Consejeros del Consejo General del Instituto Federal Electoral,
• A nuestros colegas y amigos Presidentes y Magistrados Electorales de las Salas y Tribunales Electorales de la República,
Al ciudadano Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales,
Al Secretario de Gobernación como representante del poder ejecutivo y a los representantes del poder legislativo,
A los representantes de los partidos políticos,
A los magistrados de circuito y jueces del Poder Judicial de la Federación,
En cumplimiento a lo dispuesto por la Fracción XXI del Artículo 191 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, rindo el que constituye mi primer Informe de Labores, al haber recibido el honor y distinción de ser electo Presidente por mis pares en la sesión pública del 10 de agosto pasado.
En esas circunstancias y conforme a la Ley, se rinde este Informe que acredita un nuevo ejercicio institucional Discurso del Presidente Magistrado, José Alejandro Luna Ramos, al presentar el Informe de Labores 2010-2011 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de sus derechos, que inclusive, es el medio de resolución más expedito.
Los Magistrados integrantes de las 6 Salas del Tribunal trabajamos sin descanso para consolidar un Tribunal progresista.
Por ello, aplicamos en 115 sentencias, 17 instrumentos internacionales relacionados con los derechos humanos, civiles y políticos: sobre libertad de expresión; equidad de género; eliminación de la discriminación y garantía de los derechos de los pueblos indígenas, entre otros.
Señalándose que 42 de tales sentencias, se emitieron adelantándose a la reforma Constitucional del 10 de junio pasado que en su artículo 1º estableció su obligatoriedad en materia de derechos fundamentales.
Hombres y mujeres asisten a nuestra jurisdicción en condiciones de equidad y se les imparte justicia por igual.
Parafraseando a don José María Morelos y Pavón: los hombres y mujeres ciudadanos mexicanos, más allá de su raza, condición o pertenencia étnica saben que cuando se quejan con justicia, tienen en el tribunal electoral a uno que “los escucha, los ampara y los protege frente al arbitrario”.
Así, lo saben hoy, y por citar sólo un ejemplo sobresaliente, en la comunidad indígena de San Francisco Cherán, en Michoacán, en la que el Tribunal ha impartido justicia electoral garantizando los principios constitucionales que protegen y compensan a nuestros pueblos originarios, al tiempo que amplió los alcances de la jurisdicción en materia de los derechos político electorales de los pueblos y comunidades indígenas de nuestra nación pluricultural.
De ello da cuenta con toda claridad la expresión con que la comunidad indígena de Cherán se refirió a tal sentencia, por vía de un comunicado público en el que indicaron que: “Este fallo del Tribunal Electoral redobla nuestra voluntad y convicción de seguir adelante en esta lucha por un Cherán mejor, un Michoacán mejor y un México mejor”.
Los justiciables confían en el Tribunal. Ello lo demuestra el incremento de asuntos recibidos en los anteriores años electorales comparables. En el año que se informa, se registró un incremento de más del 84% frente al 2005 y de 30% con relación a 2008.
Cada vez más los justiciables acuden a nuestra jurisdicción para exigir el respeto a sus derechos: la carga jurisdiccional aumenta y la función judicial se fortalece, acercándose a la ciudadanía y a los propios justiciables de manera pronta y expedita.
El nuestro es el Tribunal Electoral de los ciudadanos: en él confían, a él acuden. Es, orgullosamente, un tribunal nacional y un tribunal constitucional especializado en materia electoral.
La permanencia anhelada de las Salas Regionales arraiga su presencia y labor en toda la República.
En las Salas Regionales recae más de la mitad de la carga de trabajo jurisdiccional del Tribunal. Su actividad estuvo directamente relacionada con el proceso electoral ordinario en 7 estados, 3 procesos extraordinarios, y el inicio del proceso electoral en 8 entidades federativas.
Por su parte, la Sala Superior conoció del 49% de los asuntos vinculados con los procesos locales, en su mayoría relacionados con elecciones de Gobernador o actos o resoluciones que tienen incidencia en el proceso electoral en su conjunto.
Por eso, afirmamos que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, concentrado en su labor jurisdiccional, está listo para la elección del 2012.
Al lado del fortalecimiento de su función judicial, hemos puesto en el centro de nuestras prioridades a la austeridad institucional, la absoluta transparencia y a la rendición de cuentas.
En los avances logrados hasta el momento y, sobre todo, en la garantía de los que se van a conquistar en el futuro cercano, el papel de la Comisión de Administración reviste un carácter estratégico; cuyos miembros sesionaron 15 veces este tiempo y tomaron 411 acuerdos unánimes.
Con esa labor, se aprobó sin incremento el presupuesto del Tribunal para el ejercicio 2011: únicamente se actualizó en función del índice inflacionario.
Es de destacar que para el año venidero del proceso electoral federal 2012, el presupuesto base de operación del Tribunal Electoral se mantiene sin crecimiento real o crecimiento cero.
En este contexto y manteniendo el compromiso con la austeridad, la Comisión de Administración acordó que, en caso de obtener remanentes en el presupuesto etiquetado para el Programa Específico del Proceso Electoral Federal 2012, estos no podrán transferirse o reasignarse al presupuesto base del tribunal, siendo obligatorio su reintegro a la tesorería de la Federación.
En paralelo, se fortaleció una política de autocontrol como mecanismo de prevención para lograr una administración con funciones: consultiva, que apoya a las áreas ejecutoras en la prevención de conflictos legales; normativa, que valida y actualiza continuamente el marco jurídico interno; contractual, que evita la judicialización de los actos administrativos, y; contenciosa, que atiende el desahogo de juicios que llegasen a establecerse en estas materias.
Todo ello da cuenta de una administración que actualmente asume como prioridad la labor jurisdiccional del Tribunal y que pone en el centro de su interés al personal que lo integra.
Ello se acredita con la certificación que el Tribunal Electoral recibió por parte de la agencia internacional “Great Place to Work Institute”, que calificó al órgano como una de las diez mejores instituciones públicas para trabajar en México.
Para concluir este rubro, tal como antes aduje, el Tribunal ha adoptado la política de transparencia como una prioridad y eje transversal de sus actuaciones.
Por ello, periódicamente se actualiza la información del estado del ejercicio del presupuesto en el portal de transparencia de la institución. De igual forma, las áreas gestoras pueden consultar en el Sitio Presupuestal Especializado, vía intranet y de manera cotidiana, el estado del ejercicio presupuestal.
Se recibieron 444 solicitudes de acceso a la información, todas ellas desahogadas dentro, y aún antes de los tiempos que fija la ley.
En cuanto al portal institucional de información en Internet, se registró un incremento del 50% del número de visitantes con relación al período anterior.
En dichas visitas, los usuarios permanecieron en promedio un total de 31 minutos y realizaron más de 5 millones de descargas de documentos; consistiendo éstas fundamentalmente en la búsqueda y obtención inmediata de estudios de derecho electoral y sentencias.
Estas cifras y todo lo antes indicado, demuestran que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está firmemente comprometido con la austeridad institucional y la absoluta apertura a la transparencia, como el mayor instrumento para que la sociedad ejerza a plenitud su derecho humano a la información pública.
También nos hemos preocupado por la capacitación y preparación de los justiciables, lo que siempre redunda en una mejor impartición de justicia electoral.
El Tribunal Electoral ha llevado a cabo tareas de capacitación, producción editorial y difusión; como las de información, documentación y sistemas, y de relaciones interinstitucionales.
Tan sólo en el rubro de capacitación interna, es notable señalar que se realizaron 40 eventos académicos.
Por su parte, la capacitación externa condujo 651 programas de los cuales 172 fueron solicitados por los partidos políticos, resaltándose la celebración de la cuarta edición del “Seminario Internacional del Observatorio Judicial Electoral”.
Es de destacarse que, en lo general, los cursos más solicitados versaron sobre temas jurisdiccionales.
Dentro de las principales producciones de series editoriales, se publicaron 40 nuevos títulos.
En el ámbito de la información, documentación y sistemas, se compilaron 183 decretos de reforma a leyes federales y locales; además de incorporarse materiales documentales en los seis Centros de Documentación que representan más del doble que el periodo anterior.
Mención especial merecen los Sistemas de Gestión de la Calidad de la Secretaria General de Acuerdos de la Sala Superior y de la Sala Regional Monterrey que en el periodo recibieron la Certificación Norma ISO 9001:2008, dentro del macro proceso identificado como “Atención de Medios de Impugnación”.
En el aspecto internacional y como parte de la red del sistema interamericano de protección y tutela de los Derechos Humanos, éste Tribunal está comprometido a conocer, respetar y aplicar la normativa internacional atinente, de conformidad con los Artículos 1º y 133 de la Carta Magna.
En estos términos, este órgano judicial ha realizado las siguientes acciones en el ámbito indicado:
• Encabezó, junto con el Instituto Federal Electoral, la presidencia de la Unión Inter-americana de Organismos Electorales; Participó en siete misiones de observación internacional;
• Impartió, en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, nueve talleres sobre justicia electoral a delegaciones extranjeras;
• Ejecutó con dicho Programa el Proyecto “Sistemas normativos indígenas e intervención del Estado en comunidades indígenas: el rol de la participación política y social con perspectiva de género”;
• Es líder del proyecto de “Sistematización de las Sentencias Judiciales en Materia Electoral para Facilitar la Actuación de las Instituciones Jurisdiccionales en América Latina” y;
• A petición de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa se emitieron opiniones expertas por parte de Magistrados relativas a la normatividad de observación electoral en Reino Unido y el Código Electoral de Georgia, y se rindió un amicus curiae solicitado por la Corte Constitucional de Perú.
Respecto de la participación institucional en la Comisión de Venecia, es preciso reiterar, por su trascendencia, que el Tribunal es miembro de número y que preside la Subcomisión para América Latina, en cuyos logros hay que reconocer el esfuerzo y dedicación de la Magistrada María del Carmen Alanís Figueroa, quien actuó como representante del Tribunal Electoral en estas labores. Al igual que la incansable y brillante labor del Magistrado Manuel González Oropeza.
En la esfera nacional, el Tribunal:
• Participó en el Encuentro Nacional de Magistradas y Magistrados Electorales y en las dos reuniones nacionales de consejeras y consejeros presidentes de los organismos electorales del país.
Inauguró en el Campus de Ciudad Universitaria y en colaboración con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Universidad Nacional Autónoma de México, la escultura “Los Caminos de la Justicia hacia el Siglo 22” del escultor Enrique Carbajal “Sebastián”, consistente en una balanza monumental de 38 metros. Escultura que se ha adoptado como nuevo logotipo institucional del Tribunal Electoral.
A su vez, en el fortalecimiento de la función jurisdiccional ocupa un papel central y vigorizante el compromiso del Tribunal con una justicia electoral con perspectiva de género, lo que se evidencia con el nuevo nombramiento en la titularidad de la Coordinación atinente de una mujer destacada en el ámbito nacional, y a quien he instruido personalmente a fin de priorizar sus actividades.
Este compromiso se acredita en primer término con la formulación de las sentencias y la producción de jurisprudencia que específicamente he indicado en el informe escrito que presento a este pleno, y adicionalmente por vía de la ejecución de diversas acciones de apoyo, entre las que pueden señalarse la realización de varios seminarios, cursos y proyectos con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
Igualmente, puede resaltarse el énfasis que el Tribunal ha puesto en la garantía y difusión de los derechos político-electorales de las mujeres indígenas.
De allí que sea dable recuperar como ejemplo, el Foro “Aniversario del Voto de la Mujer Mexicana. Mujeres y comunidades indígenas, binomio para una justicia electoral” celebrado muy recientemente en el auditorio “José Luis de la Peza” de la Sala Superior.
Como puede apreciarse, es mucho lo que el Tribunal tiene que informar. Sin embargo, es más aún lo que tiene que realizar para colmar el compromiso que ha asumido para consolidarse como la casa ciudadana de la justicia electoral mexicana.
Efectivamente, son muchos los retos, aunque mayores las capacidades y más profunda la convicción de los 22 magistrados de este Tribunal para encararlos con éxito.
Entre ellos destaca, casi diría obsesivamente, priorizar la labor jurisdiccional, especialmente tras el advenimiento de la reforma al artículo primero de la Constitución Federal, que redimensiona el marco de protección de los derechos humanos, a cuya segunda generación corresponden los de naturaleza política electoral.
En esos términos, la Sala Superior ha acordado abrir una nueva época de la jurisprudencia electoral, correspondiente a la quinta, que consolide el paradigma de maximizar la interpretación jurídica favoreciendo la protección más amplia de las personas.
Decretar la apertura de una nueva época de la jurisprudencia electoral mexicana no se trata de una simple formalidad, por el contrario, es una manera histórica de reiterar el compromiso institucional por la plena garantía y maximización de los derechos humanos.
Destacándose ente ellos, los derechos político electorales, como se desprende del contenido de instrumentos internacionales fundamentales, tales como: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Por su parte, en el ámbito administrativo, nos pusimos como meta actualizar el Plan Estratégico Institucional para ajustarlo en función de las tres nuevas prioridades institucionales, mediante un esfuerzo participativo de todas las áreas que integran el Tribunal Electoral.
Se pretende rediseñar los procedimientos para contribuir a mejorar la calidad de los servicios, disminuir los tiempos de respuesta administrativos y optimizar los costos de operación institucionales.
En buena medida, se buscará que las funciones de todas las áreas administrativas lleven a consolidar un modelo de gestión de largo plazo, con cinco grandes objetivos específicos:
1. implementar un adecuado control de la gestión administrativa;
2. ejercer de forma responsable los recursos financieros;
3. fortalecer un uso eficiente de los recursos materiales y humanos;
4. utilizar eficazmente la infraestructura informática y
5. orientar los procesos de apoyo administrativo a la labor jurisdiccional.
Por cuanto hace a los aspectos jurídicos de la labor administrativa, la concentración estará en:
A) Implementar mayores medidas para el control preventivo de los actos administrativos del Tribunal y avanzar hacia un esquema óptimo de autocontrol.
B) Obtener economías al concluir contratos que pueden ser prescindibles, contribuyendo además a la austeridad y correcta aplicación de los recursos públicos.
C) Elevar la calidad de los documentos normativos y regulatorios que rigen a este Tribunal, por medio de la implementación de lineamientos y criterios de técnica normativa así como de comunicación eficiente.
Ahora bien, un tema que se potenciará es el de la capacitación judicial electoral, para reforzar indiscutiblemente su finalidad como labor de apoyo a las tareas jurisdiccionales electorales.
Así, toda la capacitación, investigación y producción editorial estará supeditada a la función judicial del Tribunal.
Esta labor buscará habilitar, de mejor forma a los operadores jurídicos, de manera que los justiciables cuenten con elementos suficientes para identificar sus agravios y promover sus impugnaciones.
En materia de investigación, se revisarán las líneas de trabajo en función de las necesidades institucionales, para estrechar los vínculos entre investigación aplicada y las decisiones judiciales.
En específico, la investigación institucional aplicada, considerará el impacto de las recientes reformas constitucionales para enfatizar los derechos político electorales como derechos humanos: más prospectiva y aplicación, menos prosa y glosa.
En la esfera de las relaciones institucionales, el Tribunal se empeñará en ser un referente en la defensa de los derechos político-electorales, dejando constancia palpable por vía de sus acciones que es una institución confiable, que cumple con sus atribuciones, que brinda certeza jurídica y que está cerca de los ciudadanos mexicanos.
Se reforzarán y revitalizarán las redes institucionales para hacer de los programas de observación electoral y las relaciones con organismos judiciales o electorales un vehículo de intercambio que fortalezcan y proyecten la labor jurisdiccional.
Así, quiero enfatizar, que es nuestro deseo tener la mejor relación posible, con el Instituto Federal Electoral y trabajar con ahínco al respecto.
Por cuanto hace a las acciones relacionadas con la perspectiva de género, debo enfatizar que esa labor es y seguirá siendo prioritaria.
El reto más grande e inmediato será lograr que un mayor número de ciudadanas conozcan y ejerzan sus derechos político-electorales y la manera más eficaz de protegerlos es a través del acceso a la justicia electoral.
Igualmente, en el marco de nuestras atribuciones, habrán de fortalecerse los vínculos con autoridades, instituciones, organizaciones, partidos, actores políticos y líderes de opinión.
El Tribunal tiene la última palabra en materia electoral, y la primera de las manos extendidas.
Así, se impulsará la capacitación de la totalidad del personal jurisdiccional de carrera, para fortalecer la adquisición de mayores conocimientos y habilidades para la argumentación jurídica con perspectiva de género.
Por otra parte, una de las labores de mayor relevancia es y continuará siendo la correspondiente a la gestión de la información, y transparencia.
En la misma habrá de consolidarse la percepción del Tribunal como un órgano jurisdiccional transparente y garante del derecho de acceso a la información, buscando siempre satisfacer las necesidades del peticionario en tiempo y forma.
En seguimiento a lo anterior quiero subrayar que el pasado 29 de septiembre, la Comisión de Transparencia aprobó la propuesta de “Lineamientos de Transparencia a las Adquisiciones, Arrendamientos, Contrataciones de Servicios y Obra Pública” que ha elevado a la consideración del Pleno de la Sala Superior para su revisión.
Tales lineamientos, una vez aprobados, serán un motor para la transparencia instantánea de la gestión administrativa del Tribunal y constituirán un mecanismo que previene cualquier dosis de corrupción activa o pasiva en las decisiones del Comité de Adquisiciones.
La publicación del flujo diario del gasto institucional efectuado permitirá a la ciudadanía conocer el monto y el ritmo de los recursos ejercidos, un dato inédito en los demás sujetos obligados de la Ley Federal de Transparencia.
Al término de cada una de las sesiones del Comité de Adquisiciones, la ciudadanía podrá conocer las resoluciones adoptadas, y si así lo desea, acceder a la videograbación de la sesión para escudriñar directamente las determinaciones adoptadas.
A este respecto, cabe señalar que, aunque las políticas de transparencia son competencia de la sala superior, entablaremos un diálogo respetuoso con los integrantes de la comisión de administración para su mejor implementación.
En ejercicio del principio de máxima transparencia, el Tribunal pondrá a disposición del público el reporte actualizado de la información que sustenta sus contrataciones, los detalles de cada aprobación y la identidad de los proveedores y beneficiarios.
En el ramo de las tareas de comunicación social, buscamos atender con toda eficiencia la cobertura mediática institucional que aumentará considerablemente con motivo del Proceso Electoral Federal 2011-2012.
Por ello, habremos de acondicionar una Sala de Prensa Alterna en las instalaciones de la Sala Superior con capacidad de albergar a 80 representantes de medios de comunicación y se implementará una Sala de Prensa Virtual.
Por otra parte, se renovará por completo la producción institucional de la barra de programación televisiva, y se iniciará la transmisión del programa “EscúchaTE”, como un espacio semanal de radio que se difundirá por Internet e Intranet, previéndose la producción anual de al menos 50 emisiones.
Sin embargo, resulta evidente a la ciudadanía que nuestro principal reto y todas las energías institucionales están orientadas a cumplir con toda eficiencia nuestra función jurisdiccional durante los procesos electorales federales y locales de 2012.
Como bien se sabe, el próximo año los ciudadanos mexicanos habremos de elegir al Presidente de la República, así como a los 500 diputados y 128 senadores del Congreso de la Unión: un total de 629 cargos federales.
De igual forma, habrá elecciones locales en 14 estados del país y en el Distrito Federal, en las que se elegirán a seis gobernadores y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, integrantes de 871 ayuntamientos, 16 jefes delegacionales y 579 diputados locales: lo que suma más de 9 mil cargos, más sus respectivos suplentes.
Para cumplir con su misión, el Tribunal está adoptando una serie de previsiones institucionales que tienen por objetivo garantizar con toda oportunidad los recursos humanos y materiales necesarios para enfrentar la carga de trabajo que podría implicar un alto cúmulo de las impugnaciones relacionadas con el proceso electoral federal, así como la debida calificación de la elección presidencial venidera.
En una primera estimación, realizada con técnicas de prospectiva estadística, se ha determinado que el próximo año el tribunal recibirá poco más de 6 mil asuntos; lo que implicaría un crecimiento de 48% respecto de 2009 y de 77% con relación a 2006, año de la pasada elección presidencial.
Para estar preparados ante un escenario impugnativo como el referido, el Tribunal está implementando cinco acciones que refiero puntualmente:
1. Creación de un proceso eficiente para la recepción de expedientes de cómputo distrital y medios de impugnación, lo que a su vez implica: una planeación logística por medio de citas coordinadas con el Instituto Federal Electoral; el establecimiento de dispositivos específicos para la recepción, digitalización, turno o resguardo, y un desglose efectivo para la captura de la información relacionada con las impugnaciones.
2. Formulación de mecanismos de apoyo a las ponencias para el desahogo de los juicios de inconformidad, el cómputo final y declaración de validez de la elección de Presidente de la República, que a su vez supone: facilitar el procesamiento de la información; diseñar una guía para los juicios de inconformidad; acceso a cómputos distritales del Instituto Federal Electoral para recomposición sobre una base de datos única; preparación de formatos y tablas para análisis de las causas de nulidad de casilla; Apoyo con personal eventual en los términos que se autoricen presupuestalmente, al igual que el diseño de una guía institucional para el cómputo y declaración de validez y de Presidente Electo.
3. Establecimiento y operación óptima de un programa de apoyo a salas regionales, que incluya la contratación temporal de personal altamente especializado.
4. Suscripción y ejecución eficaz de un Convenio de Colaboración Institucional con el Instituto Federal Electoral, para compartir información y establecer apoyos logísticos recíprocos.
5. Capacitación para habilitar al personal jurídico del Tribunal que se integre a las labores temporales del órgano, así como a los justiciables que acudan a su jurisdicción.
Esto último, quiero igualmente enfatizarlo, derivado de que la experiencia acumulada de 15 años de existencia del Tribunal Electoral incorporado al Poder Judicial de la Federación nos ha demostrado que existe en buena medida una deficiente técnica en la elaboración de los agravios a cargo de los justiciables.
El Tribunal, históricamente, se ha dedicado a impartir cursos a los partidos políticos; sin embargo, pareciera que es indispensable dimensionar nuevos y más eficientes esquemas.
En ese sentido, se creará un curso específico para partidos políticos en materia de juicio de inconformidad, en el que se profundizará en las técnicas procesales, de argumentación, y en cuestiones de redacción, a fin de mejorar la calidad de las demandas y en alguna medida la eficiencia de las mismas.
Señoras y señores,
En el cumplimiento de todas estas previsiones, podremos repetir en la víspera de cada proceso y elección: estamos listos.
Estamos listos, como lo señalamos apenas al iniciar el Proceso Electoral Federal 2011-2012.
Con esa convicción ya comprobada en los hechos, ratificaremos que frente a la incertidumbre que todo proceso electoral competitivo genera, el tribunal garantiza, en última instancia, certeza y legalidad.
Que ante la expectación e inseguridad que las circunstancias nacionales en ocasiones y en algunas regiones provocan entre el electorado, el tribunal ofrece seguridad jurídica y garantía para la protección de los derechos político electorales.
Nuestras razones, inquebrantables, definitivas, son las que postula la Constitución y la Ley, y que de allí nadie, jamás, nos moverá.
El tribunal no hace política, la política la hacen los actores políticos… el Tribunal resuelve jurídicamente.
Que nadie venga a hacer política al tribunal, ya que nadie ganará en la mesa lo que no ganó en las urnas.
Así, con el informe en que rendimos cuenta, le decimos a la ciudadanía mexicana: pueden ir a las urnas y participar en las contiendas electorales con la seguridad y confianza de contar con una máxima autoridad electoral jurisdiccional que garantiza cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley, sin reservas, sin limitaciones y sin presiones.
En este momento del país y ante los desafíos actuales de nuestra democracia, el mensaje del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación adquiere sonora relevancia y definitividad: ¡estamos listos para lo que venga y somos un Tribunal que cumple!
En ese sentido, y a manera de cierre, quisiera evocar un bello poema de mi maestra doña Rosario Castellanos, que me recuerda que nuestras responsabilidades personales e institucionales deben trazarse sustancialmente para generar unidad, certeza y seguridad en la vida política de las futuras generaciones.
A ellos legaremos esta seguridad y confianza que ahora ofrecemos, igual que la ceiba que protege a mis paisanos de las inclemencias del tiempo y los temporales.
Decía Doña Rosario:
“Sabíamos del linaje de cada uno y los nombres de todos.
Ah, y nos encontrábamos como las muchas ramas de la ceiba, se encuentran en el tronco (…) Estábamos entonces cerca, apretados, juntos.”
Así, nos verán los mexicanos del mañana, porque así estamos ahora y seguiremos persistentemente: juntos como tribunal de los ciudadanos, juntos como tribunal integrante del poder judicial de la federación.
Juntos: con la ciudadanía, con nuestros justiciables, con el derecho y la democracia.
Muchas gracias.