Ernesto Villanueva / Peña Nieto: Simulación patrimonial

México, DF. 20 de enero de 2013 (Quadratín).- Sólo algún despistado podría haber pensado que el anuncio público de la entrega y acceso público de la declaración patrimonial del Presidente Peña Nieto se trata del inicio de una feliz historia donde la transparencia y la rendición de cuentas respiran por los poros de nuestros gobernantes. Por desgracia, eso está muy alejado de la realidad. En realidad estamos ante la puesta en escena de una apariencia anclada en la simulación. Veamos por qué.
Primero. El análisis de la propia declaración patrimonial de Peña Nieto no resiste el menor análisis, toda vez que: a) Deja de informar sobre 6 rubros sustantivos como precios, valores bancarios, costo de obras, entre otras y sólo informa de 2 rubros, bienes muebles e inmuebles; b) Los rubros en donde sí acepta informar lo hace de manera tan genérica que no dice nada si se quisiera tener una herramienta que permita medir cómo se modifica su patrimonio al transcurso del desempeño de su encargo que es una de las razones que explican las declaraciones patrimoniales. Así, por ejemplo, en materia de obras de arte no indica cuántas, sólo ubica fechas de cuando las obtuvo. En 6 años este rubro puede quedar exactamente igual en su declaración engañando a la opinión pública que no podrá verificar si se trata de 5 o de 500; c) En la parte de bienes inmuebles siendo alto servidor público al momento de adquirir sus principales bienes informa tener 9 propiedades, 6 de ellas obtenidas a través de la donación ¿No debiera ser en este aspecto particularmente cuidadoso para informar quien es el donante y descartar un caso de conflicto de interés? ¿No es Peña Nieto un hombre con demasiada suerte en tanto más del 65 % de sus propiedades las ha recibido por almas piadosas que han tenido a bien donarle esos bienes inmuebles? La búsqueda con los datos que informa que aparentemente existen en el Registro Público de la Propiedad podría arrojar mayor información sobre este rubro. Uno de los principios básicos de para evaluar las declaraciones patrimoniales reside en que a mayor detalle de la declaración mejores posibilidades de ejercer escrutinio público sobre los gobernantes. Bajo ese principio, Peña Nieto hace exactamente lo contrario y, peor aún, deja la duda razonable sobre el origen y los motivos de sus amplísimas donaciones recibidas.
Segundo. Si Peña Nieto fuera mínimamente congruente con su retórica de la transparencia y la rendición de cuentas estaría promoviendo una reforma a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, de tal suerte que: a) Se establezca como obligatorio (y no potestativo como es ahora) hacer públicas las declaraciones patrimoniales, salvo datos estrictamente confidenciales; b) Se incremente el número de rubros que debe contener el formato de la declaración patrimonial. En mi libro Función pública, declaración patrimonial y transparencia hice un estudio comparado incluyendo una muestra de países desarrollados y subdesarrollados en donde la escala más alta de rubros a informar es de 11 hasta 0. México se coloca en el número 5 de 11. De ahí que la reforma no es ociosa, sino necesaria; c) Se incluya el creciente modelo observado por Estados Unidos, Brasil y Colombia que incluyen en el formato de declaración patrimonial la obligación de informar sobre sus recursos en el extranjero; d) Se minimicen las donaciones de servidores públicos a familiares, amigos o empleados como estrategia para ocultar dinero aparentemente ilegal y e) Se establezcan sanciones que inhiben la violación de la ley y autoridades con la independencia necesaria de hacerlas cumplir. Hoy, la Ley mexicana y el acto de Peña Nieto ponen de relieve lo mucho que falta por hacer

Tercero. Si alguien se tomara la molestia de confrontar la promocionada declaración patrimonial de Peña Nieto con lo que debería informar de acuerdo a la sección 102 de la Ley de Ética Pública del Gobierno de Estados Unidos se encontraría con una enorme diferencia, toda vez que en Estados Unidos hubiera debido informar, entre otros rubros: a) La fuente, el tipo y la cantidad o valor de los ingresos (provenientes de cualquier fuente (excepto del empleo vigente en el gobierno de Estados Unidos), no informó nada Peña Nieto sobre el particular; b) La fuente y el tipo de ingreso –dividendos, rentas, intereses y ganancias de capital– que haya sido recibido durante el año calendario anterior y que exceda de 200 dólares (en cantidad o valor), así como la indicación de la categoría dentro de la cual se encuentra dicho monto o valor, de acuerdo con los rangos que establecidos por la ley. Tampoco dijo nada sobre este aspecto Peña Nieto; c) La identidad de la fuente, una breve descripción y el valor de todas las donaciones que, en conjunto, sea mayor al mínimo establecido en la sección 7342 (a) (5) del Título 5 del Código, o superior a 250 dólares (la que sea mayor). También Peña Nieto fue omiso en este rubro.; d) Una breve descripción, la fecha y la categoría del valor de cualquier compra, venta o cambio realizado durante el año calendario anterior que exceda de mil dólares. La respuesta es igual, no lo hizo público Peña Nieto; y e) La categoría del total del valor en efectivo de la participación de la persona que presenta la declaración en un fideicomiso por el que delegue sus asuntos financieros a un fiduciario para su administración a fin de evitar posibles conflictos de interés. De nuevo tache para Peña Nieto.
Sólo la denuncia activa de cada acción del gobernante que agravia la inteligencia de los mexicanos podrá quizá hacer la diferencia.
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