Estado de Derecho

MÉXICO, DF, 19 de enero de 2015.- Desde el sector empresarial hemos reiterado el reconocimiento y la empatía con las causas que han inspirado una legítima indignación nacional e inclusive internacional, como la desaparición de los estudiantes normalistas y el clima de inseguridad, injusticia y desgobierno que se vive en algunas zonas del país.

No obstante, tenemos que insistir en que no hay justificación para los delitos que están cometiendo grupos cuyo actuar demuestra que su vandalismo persigue otros fines: propósitos políticos, alejados de las demandas de justicia de las verdaderas víctimas de crímenes o violaciones a derechos humanos.

En las últimas semanas, los mexicanos hemos sido testigos de una escalada de expresiones de violencia y provocación a las instituciones del Estado y a la sociedad por parte de estos grupos. Éstas han ido creciendo en intensidad, con actos ilegales que recurrentemente quedan impunes y sin resarcimiento alguno de los daños. Peor aún, rara vez son contenidos por las autoridades responsables de proteger los derechos, la propiedad y la integridad física de los ciudadanos, en general.

Lo mismo se toman autopistas y casetas de cuota, sin que nadie lo impida, que unidades de transporte de pasajeros, carga y distribución comercial, que en muchos de los casos son incendiadas o estropeadas. Se han destruido instalaciones privadas y públicas: oficinas, postes de luz, semáforos, entre otros.

Estos grupos han irrumpido con violencia en reuniones privadas y eventos de la sociedad, como lo hicieron la semana pasada en un foro empresarial en Chilpancingo, violentando derechos humanos como el de reunión y libre tránsito. Han manifestado su intención de sabotear procesos electorales, y en una nueva y grave acción, inédita en México, provocaron con violencia e irresponsabilidad a las fuerzas armadas, en las propias instalaciones de éstas.

Hasta cuándo van a permitirse estos abusos y la impunidad. La exigencia de los empresarios y de la gran mayoría, de millones de mexicanos, es muy clara y contundente: que se garantice la seguridad y los derechos de los ciudadanos, y que se aplique la ley, sin distingos, sin discrecionalidad ni pretextos.

Un caso claro de impunidad es la extorsión de grupos políticos y sindicales que quieren mantener privilegios y prerrogativas injustificables, como algunos grupos de líderes del magisterio, que más que la educación, están concentrados en fines políticos o de transgresión institucional, mientras le cuestan miles de millones de pesos a todos los mexicanos. Pedimos que no se transija con el chantaje de estos grupos y que se redoble el compromiso con la reforma educativa.

Es tiempo de poner un alto a la impunidad, en todas sus formas. Los problemas y los riesgos crecen, mientras que una parte de la clase política mexicana se alista para los procesos electorales, desentendiéndose de los compromisos y responsabilidades asumidas, y en muchos casos dejando sus cargos para buscar otros, sin resolver los retos más acuciantes de la sociedad.

Dejar pasar las cosas, no va a resolver los problemas, y puede ser una invitación, por la debilidad percibida, para que la violencia y las provocaciones aumenten de intensidad. La impunidad se alimenta tanto de quienes delinquen, como de la omisión, negligencia y en algunos casos contubernio de aquellos que están obligados a impedírselos y castigarlos cuando lo hagan.

Como hemos señalado en otras ocasiones, México necesita autoridades, en todos los niveles de gobierno, y en todos los poderes de la unión, decididas a cumplir y hacer cumplir la ley. No queremos más personajes corruptos, de todo tipo, y en todos los sectores, administrando o sobrellevando el deterioro institucional y la descomposición social que se vive en algunas zonas del país.

Hoy la mayor exigencia a las autoridades, de los tres órdenes y los tres poderes de gobierno en México, es que pongan el fortalecimiento del Estado de derecho como prioridad máxima. El llamado a la sociedad, es a cerrar filas en torno a este gran objetivo, requisito básico para que funcione la democracia y para el desarrollo sostenible.

Al Poder judicial y al Ejecutivo a nivel Federal, Estatal y Municipal, les reiteramos el compromiso del sector empresarial: siempre que actúen, conforme a derecho, contra grupos minoritarios violentos, corruptos o delictivos, tendrán todo y el total respaldo. Urge depurar y profesionalizar cuerpos policiacos y fortalecer a la institución municipal.

A los policías honestos, a las fuerzas armadas, nuestro reconocimiento por su responsabilidad y patriotismo, así como por su lealtad a las instituciones.

La demanda a los legisladores es que no haya más demoras en pendientes tan urgentes, y trascendentes por los alcances de las reformas involucradas, como lo es la creación de un sistema nacional contra la corrupción integral, bien articulado y autónomo, que realmente pueda dar resultados.

El sector empresarial reitera su compromiso con la agenda por la modernización y el desarrollo de la economía y la democracia en México, así como con las instituciones constituidas, como el espacio para el diálogo social y la construcción de un futuro mejor que está a nuestro alcance.

Que 2015 sea el punto de inflexión a favor de la legalidad y la gobernabilidad democrática en nuestro país.