Evitar impunidad en comisión de delitos, deber del ministerio público

OAXACA, Oax. 3 de abril de 2015.-En el sistema penal acusatorio, bajo el esquema de los juicios orales, corresponde al ministerio público conducir la investigación, coordinar la labor de la policía y los servicios periciales, resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley, y en su caso, ordenar las diligencias pertinentes para demostrar o no la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión.

De acuerdo con los criterios que establece el nuevo modelo de justicia, el ministerio público debe evitar la impunidad de los delitos y actuar con absoluto apego a lo previsto en la Constitución, en el Código Nacional de Procedimientos Penales y demás legislación aplicable en todas las etapas del procedimiento donde este intervenga, informó un comunicado de prensa.

Además, tiene la responsabilidad de recabar las pruebas que perjudiquen o beneficien al imputado, proporcionar información veraz sobre los hechos y hallazgos obtenidos durante la investigación sin posibilidad de ocultar elementos que pudieran beneficiar a cualquiera de las partes involucradas y formalizar la acusación que será expuesta ante las autoridades judiciales y demás participantes en las audiencias públicas.

Uno de los principios fundamentales del sistema acusatorio es proteger los derechos humanos de quienes intervienen en el proceso; por esa razón, el ministerio público tiene la facultad para garantizar que las víctimas o testigos del delito puedan llevar a cabo la identificación del imputado con el respaldo de diversas medidas de seguridad solicitadas para dicho fin.

Además, puede solicitar que se repare el daño causado a la víctima y hacer valer diversas herramientas para lograr los fines del proceso penal, dentro de las cuales resaltan los mecanismos alternativos de solución de controversias, criterios de oportunidad, suspensión del proceso a prueba y el procedimiento abreviado.

El ministerio público es uno de los actores fundamentales del sistema de justicia penal. Su actuación garantiza la transparencia, prontitud y objetividad de los procedimientos judiciales, aplicando el derecho y contribuyendo a restaurar la armonía social entre sus protagonistas, siempre en un marco de respeto a los derechos de todas las personas.