Felipe Valdivieso / Un mundo desbocado. Gobernabilidad y democracia

Huatulco, Oax. 7 de junio de 2009 (Quadratín).- El tema de la gobernabilidad y la consolidación del sistema democrático es algo que se ha debatido en los últimos años en México. Se puede decir que el país ha avanzado en construir un ambiente macroeconómico estable y que existen además cuestiones coyunturales favorables como una relativa abundancia de recursos del exterior; pero aún así, no se ha traducido en crecimiento económico, empleo ni bienestar para la población.
El país se encuentra en un proceso de pérdida de competitividad y los actores políticos no responden con un adecuado sentido de urgencia para corregir el rumbo. Es claro que en México aún están vigentes muchas de las instituciones y características propias del antiguo régimen.
La realidad social, económica, fiscal y política de nuestro país, nos obliga a buscar alternativas y propuestas que resuelvan en el corto y mediano plazo, algunos de los principales problemas que la administración enfrenta, esto antes de conseguir las profundas reformas de estado que nos arrojen un nuevo sistema.
En este escrito se trata de comparar las funciones y atribuciones de los tres órdenes de gobierno (federación, estados y municipios) establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de impulsar un federalismo gobernable en el cual se propongan reformas que busquen asegurar el cumplimiento de las obligaciones constitucionales del Estado con respecto al ciudadano y el adecuado ejercicio de las facultades concurrentes de los tres órdenes de gobierno. Asimismo, se pretende reforzanr los mecanismos de subsidiaridad y solidaridad. De igual manera, se busca avanzar hacia un “Federalismo colaborativo solidario y asimétrico”, con nuevos modelos de colaboración y coordinación entre los tres órdenes de gobierno, y entre éstos y la ciudadanía. Al mismo tiempo, es importante consolidar las condiciones que permitan a las instituciones del Estado cumplir con eficiencia, eficacia y responsabilidad pública, sus fines últimos, de bienestar social y de desarrollo para la Nación y sus habitantes.
En la historia del federalismo mexicano las facultades constitucionales han sido las más reformadas para lograr que el Ejecutivo tenga mayores atribuciones para lograr una concentración de potestades, dando como resultado un Ejecutivo con demasiadas atribuciones. De tal manera, el artículo 73 de la Constitución se ha reformado 50 veces en detrimento del artículo 124 constitucional que establece que “las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados”. Por otra parte, el artículo 115 también ha sido reformado en varias ocasiones, mismas que han sido insuficientes y que no le han otorgado la autonomía que tanto se busca.
La clave de la gobernabilidad en cualquier país se encuentra en el desarrollo de ese marco de acción política. Hay varios componentes que dan forma a ese marco. Por una parte se encuentra el marco legal: la Constitución, que establece los mecanismos y parámetros de interacción política. Por otro lado, se encuentran las instituciones que determinan los límites de acción de la política: las relaciones entre los partidos, la fortaleza e independencia relativa del poder judicial, la fortaleza de los diversos grupos de interés, etcétera. Un tercer componente lo establece la tradición y la historia: países en los que existen experiencias de interacción entre partidos tienden a privilegiar la continuidad; en tanto que aquellos donde la vida política ha estado estructurada, controlada y limitada, la interacción entre partidos diversos ha sido inexistente o marginal, y por lo tanto, se tiende a propiciar rupturas.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido un papel importante, a pesar de la lentitud de sus resoluciones, existen antecedentes que permiten a los municipios y a las entidades, guiarse mediante las jurisprudencias sobre lo que se considera una facultad propia y lo que no lo es, sin embargo yéndonos a los hechos, muchas administraciones, dada su falta de compromiso y profesionalismo se aprovechan de estas libertades para dar pie a la corrupción, por ejemplo se venden terrenos patrimonio del ayuntamiento o se concesionan servicios públicos sin permiso de los congresos (ya que según las resoluciones de la corte no se requiere) perjudicando a la ciudadanía en beneficio de voraces funcionarios que no conocen límites.
No se niega que no se haya realizado nada en la historia de nuestro país, pues desde el surgimiento del federalismo se han presentado cambios que señalan el actuar de los representantes públicos, sin embargo siguen siendo insuficientes esos cambios. Se sigue presentando una detentación de poderes que no permiten actuar de manera natural a otras instancias y también nos damos cuenta de las obligaciones en que se da la concurrencia y sucede que no se toma por ninguna de las partes o bien se da la duplicidad de funciones, de tal suerte que en cualquiera de los casos la ciudadanía sale perdiendo, bien por la falta de atención, bien por lo que debe pagar por el servicio.
Nuestro país ha avanzado en diferentes temas específicamente en democratización y gobernabilidad, pero aún estamos en vías de consolidar las reformas estructurales que se han realizado para poder decir que somos un país democrático y estable. Por ello, la ciudadanía juega un papel importante en la evaluación del desempeño de todos los niveles de gobierno. Por ende, la sociedad civil es un espacio abierto de asociaciones independientes del control gubernamental, es por ello, que debe participar en la solución de los problemas sociales proponiendo planes y programas de gobierno y exigiendo del Estado la atención y solución a los problemas de todos los grupos sociales.
La gobernabilidad futura va a depender de tres factores genéricos: a) el desmantelamiento de las malas prácticas del viejo sistema político y de sus instrumentos de control, sin causar violencia; b) la construcción de nuevas instituciones e incentivos para que los mexicanos en general, pero sobre todo que los partidos políticos y la burocracia se orienten a la negociación y a la convergencia en la toma de decisiones; y c) la modernización del marco legal a fin de facilitar el desarrollo de la ciudadanía, y asegurar no sólo el ejercicio de sus derechos, sino también su participación política, como la mejor garantía de estabilidad y de moderación de los extremos en el ámbito político.