Firma Poder Judicial carta de adhesión al programa Alerta Amber

OAXACA, Oax. 30 de abril de 2014 (Quadratín).-El gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, encabezó este jueves la ceremonia de suscripción del Poder Judicial, la Cruz Roja Oaxaca, la Procuraduría General de la República y el municipio de Oaxaca de Juárez al Programa Alerta Amber, que tiene como objetivo principal difundir de manera inmediata la desaparición de niños, niñas y adolescentes.

En el marco del primer aniversario de la integración del gobierno estatal al Convenio de Coordinación para la Implementación del programa que ya opera en todos los estados de la república, el titular del Poder Judicial, magistrado Alfredo Lagunas Rivera y los representantes de las instituciones firmaron una carta de adhesión para colaborar, desde sus trincheras, con la recuperación de los menores no localizados en situación de riesgo.

Ante la coordinadora nacional de Alerta Amber México, Neli Montealegre Díaz; el procurador de justicia del estado de Puebla, Víctor Antonio Carrancá Bourget, funcionarios de los tres poderes del estado e integrantes de la sociedad civil, el mandatario estatal dio la bienvenida y celebró que el Poder Judicial se sume a este  esfuerzo nacional por ofrecer a las niñas, los niños y adolescentes, un ambiente sano y seguro, sin distingo de procedencia.

“La participación y esfuerzo de los tres poderes será determinante para engrandecer esta iniciativa, cuyo objetivo es garantizar la protección de la niñez en el estado, de conformidad con los más altos estándares internacionales de derechos humanos”, apuntó en el evento al que asistió también la presidenta honoraria del DIF Oaxaca, Mané Sánchez Cámara de Cué.

Al término de la ceremonia, el magistrado Alfredo Lagunas Rivera informó que la institución participará activamente en la difusión de las alertas emitidas por el programa a través de la página de internet del Poder Judicial, donde los usuarios de los servicios judiciales y público en general podrá ubicar a los menores registrados como desaparecidos, en circunstancias donde se presuma la comisión de algún ilícito, para ayudar a su recuperación.

“Como parte de un estado democrático buscamos la defensa del interés superior del menor, y este es un paso más que se está dando a nivel institucional para lograr, de manera coordinada, este noble propósito”, puntualizó.