Foro Estatal de los Pueblos Indígenas de Oaxaca

Guelatao de Juárez, Oax. 1 de marzo 2011 (Quadratín).- Las autoridades municipales y comunales, representantes de organizaciones comunitarias y regionales, instituciones educativas y culturales, ciudadanos y ciudadanas procedentes de los diversos pueblos indígenas y de la sociedad civil de Oaxaca, reunidos en el municipio de San Pablo Guelatao de Juárez, Oaxaca, el día 28 de febrero del año en curso, en el marco del Foro Estatal de los Pueblos Indígenas de Oaxaca, con la finalidad de participar en la formulación del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, y tomando en consideración:
Que los pueblos indígenas seguimos viviendo en un contexto de marginación, exclusión, opresión, pobreza e injusticia históricas y estructurales, como consecuencia de una política de Estado integracionista y etnocida, implementadas por los malos gobiernos que han querido adueñarse de nuestras vidas y destinos.
Que esta situación se ha agravado profundamente en Oaxaca en virtud de que hemos estado sometidos a la voluntad y capricho de un régimen político y económico autoritario, caciquil y dictatorial, que pese a que fue derrotado en el proceso político electoral del 4 de julio del 2010, se resiste a los cambios que Oaxaca necesita.
Que los pueblos indígenas estamos convencidos que no basta con que se haya dado la alternancia en Oaxaca, sino que es necesario cambiar las actuales estructuras políticas, jurídicas y económicas que han mantenido a nuestros pueblos en la exclusión y en el abandono.
Que en dicho marco, es fundamental que exijamos una revisión de las actuales estructuras jurídicas, políticas y económicas del Estado de Oaxaca, que como es ampliamente sabido, no sólo excluye a los pueblos indígenas, sino a la sociedad en su conjunto, quedando la decisión y representación públicas en manos de una cúpula política y económica que no responde a los intereses colectivos de la ciudadanía.
Que para lograr estos cambios es necesaria la organización de nuestros pueblos y de la ciudadanía en general, para que a través del diálogo podamos construir las propuestas y los acuerdos que posibiliten de manera real y efectiva la transformación que todos los Oaxaqueños deseamos.
Que por esta razón tenemos que cambiar la política y la forma de hacer política, para hacer un nuevo pacto social y la renovación de las normas jurídicas y sociales que permitan la autonomía, el desarrollo y la reconstitución de nuestros pueblos.
Que fundamentados en nuestro derecho a la libre determinación, en particular el derecho al consentimiento libre, previo e informado y a ser consultados en la formulación de los planes y proyectos de desarrollo, así como en la adopción de medidas legislativas y administrativas relacionadas con nuestros derechos y aspiraciones de vida, mismos que están reconocidas en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, el Convenio 169 de la OIT y la legislación nacional y estatal en la materia, hacemos las siguientes:
Propuestas y pronunciamientos
Primero: El reconocimiento pleno de la autonomía comunitaria, municipal y regional de los pueblos indígenas y su irrestricto respeto en la ley y en los hechos. En este renglón es importante destacar que los pueblos indígenas debemos fortalecer nuestros procesos organizativos a escala regional y desde ahí construir nuestras instancias de autogobierno y nuestros espacios de organización y planeación para el desarrollo y crecimiento. Lo anterior en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 113, fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca que reconoce el derecho de la asociación regional de las comunidades y municipios indígenas. Todo ello en consonancia con lo establecido en el artículo 3 de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas que establece que los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación y que en virtud de este derecho establecen libremente su condición política y persiguen su desarrollo económico, social y cultural.
Segundo: Exigimos que la Ley de derechos de los pueblos y comunidades indígenas del Estado de Oaxaca deje de ser una ley supletoria, y que se convierta en una ley fundamental con valor igual a todas las demás leyes reglamentarias.
Tercero: El respeto y ejercicio de la personalidad jurídica de las comunidades y pueblos indígenas como personas morales de derecho público, y que se implementen los criterios, mecanismos y procedimientos jurídicos, institucionales y financieros que viabilicen este derecho subjetivo de nuestras comunidades y pueblos indígenas.
Cuarto: El respeto irrestricto por parte de las diversas instancias de gobierno, los órganos electorales y los partidos políticos al régimen político electoral propio (usos y costumbres) de los municipios indígenas. A este respecto es importante manifestar que no permitiremos más agresiones y tampoco permaneceremos callados frentes a las tentativas de algunas instituciones y personas de querer socavar los importantes avances que desde el año de 1995 hemos logrado para el reconocimiento de los derechos políticos electorales de nuestros pueblos indígenas. Nosotros lucharemos por su respeto y vigencia, ya que contribuyen a la democratización, la gobernabilidad y la paz social en Oaxaca.
Quinto: El reconocimiento y establecimiento de los principios y los procedimientos para la participación y representación de los pueblos indígenas en el Congreso Local y en el Poder Ejecutivo y Judicial, a partir de nuestros propios mecanismos democráticos, particularmente basados en nuestras asambleas municipales y comunales. En esta lógica es importante expresar que las supuestas instancias de representación en las que hoy nos tienen sumergidos la clase política partidaria deben ser revisadas y cambiadas. Por cierto esta supuesta representación esta hoy usurpada por los partidos políticos y un puñado de hombres y mujeres que se han adueñado de los puestos populares, en una actitud caciquil, autoritaria, patrimonialista y totalmente antidemocrática, en el que la participación ciudadana y de los pueblos indígenas no cabe y es vista como un estorbo.
Esta estructura antidemocrática es lo que hay que cambiar, para dar lugar a uno nuevo en donde se garantice una auténtica participación de la ciudadanía y de los pueblos indígenas, sin la necesaria mediación de los partidos políticos. Para el caso concreto de los pueblos indígenas, habrá que construir dichas estructuras y mecanismos de participación en las instancias de debate y decisión estatal, como es el caso de la Cámara de Diputados, basados en la sabiduría y experiencia de democracia directa de las comunidades y municipios indígenas, misma que es practicada en numerosos pueblos indígenas a través de las asambleas comunitarias, los consejos de ancianos, entre otros. Es decir, lo que hoy es una realidad en 418 municipios indígenas de Oaxaca, en donde se eligen las autoridades municipales a través de las asambleas, habrá que tomarlo como un referente para la construcción de la representación indígena en el ámbito legislativo Oaxaqueño.
Sexto: El reconocimiento de la capacidad jurisdiccional de las diversas instancias de autogobierno indígena y de los criterios, mecanismos y procedimientos concretos para la resolución de los conflictos de diverso tipo, acordes a los sistemas normativos internos y en el marco del pluralismo jurídico. Además deben sentarse las bases para que los conflictos agrarios, políticos, administrativos, entre otros, existentes en las regiones indígenas se resuelvan mediante el diálogo y la conciliación.
Séptimo: La creación de condiciones para hacer efectivo la participación de las mujeres indígenas en las instancias de decisión comunitarias, municipales, regionales y estatales, a fin de que sus demandas, derechos e intereses sean debidamente considerados y resueltos.
Octavo: El reconocimiento pleno de la propiedad, control, administración, uso y disfrute de las tierras, territorios y recursos naturales de los pueblos indígenas, así como el establecimiento de políticas y programas que conserven nuestras semillas nativas y cultivos tradicionales. En este sentido pedimos que se ponga un alto a la introducción de semillas transgénicas en nuestras comunidades y regiones. Todo lo anterior como la mejor fuente para emprender nuestros procesos de crecimiento y desarrollo integral y sostenible, a través de programas y proyectos específicos diseñados e implementados por los propios pueblos desde cada una de las regiones indígenas del Estado.
Noveno: Consecuentes con lo establecido en la legislación internacional, particularmente en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y el Convenio 169 de la OIT, debe consultarse y obtenerse el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas interesadas antes de emprenderse los proyectos hídricos, mineros, eléctricos, y de otro tipo, por parte del Estado.
Décimo: La participación activa y decisiva de la ciudadanía y de todas nuestras autoridades comunitarias y municipales en el proceso de planeación, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas, planes y programa de desarrollo, tanto a nivel municipal, regional y estatal, a efecto de que respondan de manera real y efectiva a las demandas y aspiraciones de la sociedad y no al capricho de algunos grupos o personas.
En este marco se debe prestar atención a las políticas públicas dirigidos a las comunidades indígenas y rurales fortaleciendo la agricultura sostenible y creando los canales de comercialización e industrialización necesarios para el fortalecimiento de la economía campesina e indígena.
Décimo primero: El apoyo financiero y técnico para la implementación y fortalecimiento de la infraestructura caminera, hidráulica, eléctrica y sanitaria en las regiones indígenas que permita la plena articulación, reconstitución y desarrollo de los pueblos indígenas, y que sea bajo estándares de calidad, seguridad y eficiencia. Todo ello con la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas, tanto en el proceso de planeación como en la ejecución, supervisión y evaluación de los mismos. A este respecto proponemos al nuevo Gobierno del Estado que se otorguen las facultades necesarias para que la Secretaría de Asuntos Indígenas en coordinación con las Asociaciones Regionales de Comunidades y Pueblos Indígenas en cada una de las regiones indígenas del Estado, asuman la responsabilidad de administrar los recursos provenientes de la Federación en materia de infraestructura básica, en especial el Programa de Infraestructura Básica de Atención a los Pueblos Indígenas (PIBAI).
Décimo segundo: La creación e implementación de tres nuevos ramos de apoyo financiero a las comunidades y pueblos indígenas:
a) El fondo para apoyar la labor de protección y promoción de las tierras y recursos naturales desarrollada por las autoridades comunales y ejidales.
b) El fondo para el desarrollo integral y sostenible de los pueblos indígenas de Oaxaca.
c) El fondo para el fortalecimiento y desarrollo de las culturas, lenguas y expresiones musicales de los pueblos indígenas.
Décimo tercero: La convocatoria y el establecimiento de nuevas bases, principios, mecanismos e instituciones para hacer una revolución educativa en Oaxaca, que responda a nuestra realidad multiétnica y pluricultural, así como los estándares de calidad, y que sea un proceso democrático e incluyente. En especial se debe mejorar la calidad del servicio en las escuelas del nivel básico debiendo hacer realidad la educación indígena intercultural; el establecimiento de escuelas secundarias indígenas interculturales; el apoyo a los bachilleratos integrales comunitarios y la creación y apoyo de instituciones de educación superior en las regiones indígenas que sean acordes a sus realidades, culturas y lenguas.
Décimo cuarto: El reconocimiento y apoyo a la medicina tradicional indígena, así como el establecimiento de hospitales regionales interculturales que deben prestar los servicios de salud con los más altos estándares de calidad. También es importante el apoyo a las actuales Clínicas y Unidades de Salud en los municipios y comunidades indígenas a efecto de que cuenten con medicamentos, personal suficiente y capacitado, así como la infraestructura necesaria para dar un servicio de calidad.
Décimo quinto: El reconocimiento a los medios de comunicación indígenas, en particular de las radiodifusoras comunitarias a fin de que presten sus servicios a favor de la promoción del desarrollo integral de nuestros pueblos. De igual modo, demandamos la transferencia de las radiodifusoras indigenistas para que sean administradas por los propios pueblos indígenas a través de las instancias pertinentes, en particular, las Asociaciones de Comunidades y Pueblos Indígenas. Instamos a la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión a efecto de que garantice la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en dicha instancia y posibilite la difusión de los procesos de autonomía y desarrollo de los pueblos indígenas, así como la promoción de sus culturas y tradiciones.
Décimo sexto: El reconocimiento de los pueblos afro descendientes como parte de la composición pluricultural y multiétnica de Oaxaca, sus culturas e identidades específicas, así como la promoción de sus valores y formas de organización para el crecimiento y desarrollo integral.
Decimo séptimo: La revisión y el fortalecimiento del entramado institucional que tiene una relación directa con los asuntos indígenas. Es el caso de la Secretaría de Asuntos Indígenas, la Procuraduría para la Defensa del Indígena, la Dirección General de Educación Indígena, el Instituto de Atención al Migrante, la Junta de Conciliación Agraria, entre otros, que solo han respondido a las políticas integracionistas, clientelares y corporativistas del viejo régimen. Como está ampliamente documentado, estas viejas instituciones, en lugar de apoyar a los pueblos indígenas, hoy día constituyen el principal obstáculo para el crecimiento y desarrollo de los mismos. Por eso habrá que pensar una nueva institucionalidad estatal que abra un renovado horizonte de relación respetuosa y horizontal entre el Estado, los pueblos indígenas y la sociedad en su conjunto. En este sentido se propone el fortalecimiento integral de la SAI como la instancia normativa, rectora y ejecutora que implemente el efectivo cumplimiento de los derechos indígenas y fortalezca los procesos de autonomía, reconstitución y desarrollo integral y sostenible de los pueblos indígenas. La SAI debe coordinar y verificar la transversalización del tema indígena en todos los ámbitos y niveles del gobierno estatal. A su vez esta institución debe descentralizarse hacia las diversas regiones indígenas de Oaxaca.
Décimo octavo: El reconocimiento de mecanismos de democracia directa como el plebiscito, el referéndum, la consulta popular, la iniciativa ciudadana y las asambleas comunitarias, entre otras, que hagan posible la participación decisiva de los ciudadanos en la toma de decisiones fundamentales de las diversas instancias de gobierno.
Décimo noveno: El reconocimiento y establecimiento de mecanismos e instancias efectivas tales como las asambleas comunitarias y las comisiones revisoras de cuentas, para combatir la corrupción imperante en los diversos ámbitos de gobierno y con el objeto de transitar a un régimen de austeridad y honestidad. Para ello debemos encaminarnos hacia la construcción de presupuestos participativos, transparentar el uso de los recursos públicos, el establecimiento de auditorías públicas y ciudadanas, la rendición de cuentas, evitando con ello el avance de la corrupción a lo largo y ancho del territorio estatal.
Vigésimo: Se propone la creación de un Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas de Oaxaca, con la participación y representación de todos los pueblos indígenas de Oaxaca y las comunidades Afrodescendientes, a efecto de dar seguimiento a los acuerdos alcanzados en este Foro y que sea el mecanismo de vinculación y enlace con la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI) del Gobierno del Estado.

Por la libre determinación y el desarrollo de nuestros Pueblos Indígenas