Incrementó Programa Frontera Sur deportaciones a casi 30 mil en 2014

MÉXICO, DF., 4 de enero 2016.- Con la ejecución del Programa Integral Frontera Sur (PIFS) se incrementaron las deportaciones en 29 mil 804 al pasar de 77 mil 395 migrantes centroamericanos retornados a sus países de origen en 2013 a 107 mil 199 en 2014, entre guatemaltecos, hondureños y salvadoreños, reveló el informe Migrantes invisibles, Violencia tangible, dado a conocer por la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes.

Además, el reporte ‘Un camino incierto. Justicia para delitos y violaciones a los derechos humanos contra personas migrantes y refugiados en México’, dio a conocer que desde la entrada en vigor del programa del gobierno federal, el número de operativos y verificación migratoria se incrementó de manera significativa en 73 por ciento, entre 2013 y 2014, al pasar de 16 mil 182 a 27 mil 992, propiciando “mayores violaciones sobre derechos humanos”.

Las instituciones que cometieron más violaciones, principalmente a la propiedad privada de los migrantes, son: Policía Federal, 41 por ciento; policía municipal, 24 por ciento; grupo policiaco indeterminado, 14 por ciento; policía estatal, 12 por ciento; agentes del Instituto Nacional de Migración, seis por ciento; Ejército, uno por ciento; y entre policía judicial, Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial y la Marina, concentran el 2 por ciento restante.

La diputada del PRD, Maricela Contreras Julián, impulsa un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente para solicitar a la Secretaría de Gobernación hacer públicos los instrumentos y mecanismos mediante los cuales continuarán las acciones y objetivos del Programa Integral Frontera Sur para atender el fenómeno migratorio, debido a los resultados negativos e incremento a las violaciones a derechos humanos.

“Es fundamental que la Segob difunda el destino que tendrá y las acciones por implantar para atender el fenómeno migratorio que garantice el pleno respeto de los derechos humanos”, consideró Contreras Julián.

El reporte analizado por la Comisión de Gobernación destaca entre los principales delitos y violaciones cometidos por autoridades mexicanas en contra de migrantes centroamericanos los vinculados con robos o ataques a los derechos de propiedad privada con 76 por ciento, violaciones a la integridad física con 17 por ciento y a la libertad personal 7 por ciento.

La legisladora integrante de la Comisión de Derechos Humanos señaló que la nueva configuración del presupuesto pone en duda el futuro de dicho programa, lo cual crea incertidumbre sobre las acciones que debe realizar el gobierno para atender el fenómeno de los migrantes con una clara vocación de respeto a sus derechos y de no represión.

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