Indicador Político

Congreso: intercambio de favores

CIUDAD DE MÉXICO, 15 de mayo de 2016.- Justo cuando la dimensión del agotamiento de las instituciones, acuerdos y protocolos del viejo régimen se expresa en la baja carga electoral de los partidos, el Congreso volvió a perder la oportunidad de reconstruir las posibilidades del desarrollo político. Las leyes aprobadas no han respondido –y por tanto no van a servir– a una reconstrucción del modelo de desarrollo, sino que fueron meros intercambios de favores.

La figura de intercambio de favores es común en sistemas parlamentarios de países con alto grado de desarrollo político y económico: Inglaterra y Estados Unidos, por ejemplo. Las leyes se aprueban en el modelo de logrolling o intercambio de favores: avalar una ley presentada por un partido, a cambio del regreso del favor con apoyo a leyes presentadas por el otro partido.

Lo positivo no radica en que los partidos finalmente se pongan de acuerdo a partir de la fragilidad en el modelo de mayoría absoluta, sino que prevalece más lo negativo: una ley no consensuada se aprueba a cambio de apoyar sin sentido crítico otra ley tampoco revisada. El sistema electoral actual, por ejemplo, es fruto de esa aberración legislativa: el PRI le entregó al PAN la reforma electoral a cambio del apoyo a las reformas estructurales; y es la hora en que ninguna de las dos es funcional.

El sistema legislativo ha sido incapaz de acomodarse a las nuevas correlaciones de fuerzas sociales: por sí mismo ningún partico posee la mayoría absoluta y por obligación se requieren de alianzas partidistas para reformas constitucionales que construyan la mayoría calificada de dos tercios de las cámaras.

El problema radica en que las formaciones partidistas obedecen a consignas de partido y no a una concepción general de la crisis nacional del modelo de desarrollo, de ineficacia del sistema político y de agotamiento del consenso constitucional. Es decir, los partidos a la hora de votar grandes reformas las limitan en función de sus propuestas ideológicas o del peso de su grupo interno más fuerte.

Pero la crisis de México no es de un partido –en este caso el PRI, y en 2000-12012 del PAN– sino del proyecto nacional y de su modelo de desarrollo. Y si partimos del hecho de que los partidos suman votos en total por abajo del 50% de la sociedad, entonces todas las reformas padecen de una legitimidad. En consecuencia, las reformas se han hecho en función de una representatividad baja.

En el debate sobre el sistema nacional anticorrupción los partidos en el congreso han respondido más a sus propios intereses como clase política sumida en la corrupción que como canal de expresión de la sociedad indignada por los abusos en la construcción de riquezas de hombres del poder. Y es hasta lógico: los que hacen las leyes son los primeros en haber incumplido el compromiso de la ética aristotélica de la política.

En este sentido, la reforma del poder está trabada porque los destinatarios de las exigencias de la sociedad en materia de restricciones a sus abusos son los encargados de hacer las leyes. El sinsentido está a la vista: PAN, PRD, PRI y Morena enredaron las leyes del sistema anticorrupción con compromisos estridentes a favor de la sociedad por la sencilla razón de que militantes de sus partidos están en las listas públicas de casos fragrantes y ofensivos de corrupción.

Por eso es que las reformas legislativas son más logrolling que refundación ética del sistema político.

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