Indicador Político

MÉXICO, DF, 27 de octubre de 2014.- Dicen algunos perredistas que el PRD ve el temblor y no se hinca. La crisis política y de seguridad en Guerrero obligaba a mirar el problema con otros ojos, pero el relevo de gobernador se dará en función de tres criterios: tribus, complicidad y poder.

Bloqueada la secretaria de Desarrollo Social por la guerra de tribus, el relevo del gobernador se encontró en el secretario general de la Universidad Autónoma de Guerrero, pero sin preocuparse que la UAG y sus funcionarios son parte del problema político en el estado.

El interino que nombrado el domingo por un congreso cuya comisión de Gobernación está presidida por Ángel Aguirre Jr. Rogelio Ortega Martínez era secretario general de la UAG. Sin embargo, La Jornada Guerrero registró el 18 de marzo del 2009 el dato de que el funcionario universitario había sido denunciado como el enlace de la narco-guerrilla colombiana FARC en México.

Datos revelados por los medios confirmaron que las computadoras de Raúl Reyes, el líder de las FARC que cayó en un ataque militar en el 2008, contenían datos de un préstamo solicitado en el 2002 por el aún secretario general de la UAG para financiar su campaña a la rectoría. Curiosamente por esas fechas en Guerrero proliferaron los secuestros al estilo FARC.

El dato no es menor por el hecho de que Guerrero es tierra de guerrillas y un amplio territorio ya está dominado por el crimen organizado; y si no se han explorado las razones por las cuales las bandas criminales y funcionarios municipales y estatales perredistas se asentaron con facilidad en el territorio dominado por guerrillas, sólo hay que anotar el hecho de que pudieron hacerlo con el aval, connivencia o apatía de la guerrilla.

La UAG ha funcionado en Guerrero como un espacio de disputa por el poder entre políticos y perredistas, lo cual la convierte en una institución metida hasta el fondo en la lucha por el poder entre grupos de diversas formaciones políticas y sociales. Por tanto, la UAG tampoco es ajena a la movilidad política y social de los estudiantes radicales de la Normal de Ayotzinapa. Asimismo, Ortega Martínez fuer el pivote para “abolir” más de treinta corrientes políticas que operaban al interior de la UAG y creó para tal efecto el Grupo Universidad, cuya área de influencias no es sólo de reparto de poder sino de control político de la universidad.

De llegar al gobierno interino de Guerrero, Ortegas Martínez sería una especie de representante informal de la Normal de Ayotzinapa, reproduciendo el modelo de Oaxaca donde la Sección 22 de maestros impuso al gobernador aliancista PRD-PAN-AMLO y por tanto Gabino Cué es sólo un títere de los intereses de los profesores disidentes, sus paros locos y sus huelgas cobrando del erario público.

Y la clave de la crisis en Guerrero y Oaxaca es la disputa por la orientación de la educación pública, por lo que en Oaxaca el gobernador Cué presentó al Congreso local una Ley 22 contraria a la Constitución. De ahí el hecho de que el PRD esté promoviendo en Guerrero, con el interino, un conflicto mayor como el de Oaxaca: la alianza del gobierno estatal interino con la UAG, la Normal de Ayotzinapa y la CETEG de maestros disidentes, igual que en Oaxaca se dio la APPO, la Universidad Benito Juárez y la guerrilla erpista.

Y por si fuera poco, el secretario general de la UAG y gobernador interino formó parte del grupo político de Armando Chavarría Barrera, líder perredista asesinado durante el gobierno perredista de Zeferino Torreblanca.

Por tanto, el relevo en Guerrero fue eminentemente político y perredista y no académico porque el secretario de la UAG es pieza de grupos de poder radical que tienen ahorcado a Guerrero desde tiempos de Rubén Figueroa.

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