Indicador Político

MÉXICO, D.F. 21 de octubre de 2014.- Ante una prensa impresa sin capacidad de incidencia política, la crisis de seguridad ha colocado a los organismos de derechos humanos como un verdadero cuarto poder autónomo capaz de arrodillar a los otros tres.

El relevo en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha servido de campo de disputa entre dos corrientes políticas: los que ven un organismo de defensa de las garantías del ciudadano y los que la perciben como un poder coercitivo al Estado y al gobierno.

El fortalecimiento de las organizaciones no gubernamentales (ONG’s) ha sido consecuencia lógica de la desviación del proceso de democratización hacia terrenos sólo de ejercicio del poder por instancias partidistas.

El endurecimiento del poder público frente a las movilizaciones sociales ha derivado en una situación de ingobernabilidad; como las instituciones tardan en modernizarse o de plano se niegan a hacerlo, el ciudadano asume la violencia callejera.

Si el gobierno no toma la iniciativa para profundizar la doctrina de los derechos humanos no sólo controlando su fuerza sino ampliando en los hechos las prácticas democráticas, la sociedad minará la fuerza del Estado paradójicamente obligándolo a reprimir para después castigarlo. A diferencia de 1968, ahora la sociedad cuenta con instituciones nacionales e internacionales y un poder judicial más autónomo para doblegar el autoritarismo gubernamental.

Pero los derechos humanos han sido usados también como instrumento político para acorralar y hasta para arrodillar a las instituciones del gobierno y del Estado. Y ahí es donde el relevo en la CNDH tendrá que decidirse en términos de una institución que defienda al ciudadano o un organismo de confrontación política.

Así, la CNDH deberá tutelar garantías o cogobernar con y hasta sobre el Estado.

La incorporación al proceso de renovación de la presidencia de la CNDH de ONG’s sin filtros de institucionalidad estaría llevando a una situación en que ONG’s antisistémicas y anti Estado bloqueen o desvíen los caminos de la designación.

La mayoría de las ONG’s está formada por activistas políticos e ideológicos que podrían imponer a alguna figura que dependiera de ellas y no de los organismos e instituciones de defensa del ciudadano.

Si el Estado pierde el control de la CNDH con un nombramiento antisistémico, se correría el riesgo de convertir a la Comisión en un partido político no solo de oposición sino de ruptura del sistema político.

Y ahí el PRD-PST de Los Chuchos estaría jugando sucio al impulsar a las ONG’s antisistémicas contra la CNDH pero en los hechos seguir protegiendo a gobernantes perredistas que violan sistemáticamente los derechos humanos, como en Guerrero y Michoacán.

El caso más claro de la politización de la CNDH fue el de Jorge Carpizo McGregor, quien la usó para brincar a la Procuraduría General de la República y de ahí a la Secretaría de Gobernación, pero en ambas instituciones sin limpiar los organismos de seguridad que violaban los derechos humanos. Carpizo ganó escalando posiciones en la estructura de poder salinista, pero los ciudadanos no vieron una mayor y mejor defensa de sus derechos humanos.

Los derechos humanos no pueden provocar cambios políticos democratizadores pero sí pueden paralizar la democracia. Los aspirantes a la presidencia de la CNDH responden a grupos de interés político que podrían pervertir la doctrina de los derechos humanos, al grado inclusive de complicidades perversas: por ejemplo, el jefe de asesores del presidente de la Suprema Corte quiere ser presidente de la CNDH y por tanto depender del poder judicial, cuando muchos casos de la Comisión tendrían que ventilarse en la Suprema Corte.

Más que una solución, el relevo en la CNDH podría ser un mayor dolor de cabeza para el Estado y para el sistema político.

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