Investiga CNDH muerte de civiles a manos de militares en Luvianos

TOLUCA, Edomex., 1 de noviembre de 2014.- Un grupo de expertos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) nuevamente se trasladó al estado de México, esta vez para investigar cómo sucedieron los hechos donde, aparentemente, militares se enfrentaron con un grupo de civiles en el cerro de la Culebra, del municipio de Luvianos, al sur de la entidad mexiquense; hecho que dejó como saldo el deceso de seis personas.

“La Comisión Nacional de Derechos Humanos, presidida por el doctor Raúl Plascencia Villanueva, inició de oficio la investigación de los hechos ocurridos en la comunidad Cerro de la Culebra en el municipio de Luvianos, en el Estado de México”, precisó la CNDH.

Los actos y escena a investigar por visitadores adjuntos de la CNDH y peritos en la materia, son muy similares a los registrados en San Pedro Limón, en Tlatlaya, donde militares asesinaron a 15 de 22 personas, que ya se encontraban rendidas y sin armas, tras un supuesto enfrentamiento.

El hecho de Tlatlaya ameritó la Recomendación 51/2014 que involucra al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la Procuraduría General de la República (PGR) y al mismo gobernador mexiquense Eruviel Ávila Villegas, luego de que la CNDH comprobó que la Procuraduría General de Justicia de la entidad, que encabeza Alejandro Gómez Sánchez, incurrió en omisiones, irregularidades, ocultó información e intentó obstaculizar la investigación de la Comisión e incluso su personal incurrió en delitos como amenazas, ataques sexuales y actos de tortura contra las tres sobrevivientes de dicho evento.

La CNDH precisó que tuvo conocimiento del evento de Luvianos, luego de que varios medios de comunicación difundieron la noticia, y “el presidente de este organismo nacional instruyó que se iniciara la investigación de oficio de los hechos, por lo que visitadores adjuntos y peritos se trasladarán a esa comunidad y realizarán trabajos de campo y periciales, recabarán testimonios y todas acciones necesarias para allegarse de las demás evidencias para la debida integración del expediente y emitir la determinación que conforme a derecho corresponda”, establece un documento.

Sobre el caso de Luvianos, y con el antecedente de los abusos, omisiones, irregularidades y delitos en los que incurrió personal de la PGJEM en el caso Tlatlaya -bajo el argumento de que es un asunto que compete a una instancia del gobierno federal-, los funcionarios han mantenido un absoluto hermetismo y negado (en repetidas ocasiones) que hayan iniciado investigación alguna sobre dicho evento.

Postura que contrasta con versiones del personal de la Delegación de PGR en la entidad, pues de manera categórica han señalado que es un hecho del que tuvo que tomar conocimiento la PGJEM, en un primer momento, y si por las circunstancias (personas involucradas y artículos encontrados en el lugar) se concluye que es un asunto que compete a una instancia federal, será un segundo paso que probablemente se deberá dar, pero en tanto “ellos (funcionarios de PGJEM) tienen que hacer un desglose a la instancia federal que corresponda”.

Sobre la competencia o no del asunto, versiones extraoficiales han señalado que la instrucción del procurador mexiquense fue el evitar tomar la investigación y buscar que la federación se haga cargo.