Isidoro Yescas / Archivos, transparencia y acceso a la información

24 de agosto de 2009

8:49

Isidoro Yescas

Isidoro Yescas Martínez (IISUABJO*)
Oaxaca, Oax. 24 de agosto de 2009 (Quadratín).- ¿Qué ha significado para Oaxaca contar, a partir de febrero del 2008, con una Ley de Transparencia y con un órgano encargado de su aplicación?
Por una parte, la posibilidad de romper con la cultura de la opacidad que por varios sexenios ha prevalecido en las instituciones públicas a nivel estatal y municipal y, por la otra, la oportunidad para que una ciudadanía frecuentemente agraviada, y por tanto desconfiada de las instituciones y autoridades del sector gubernamental, pueda ponerlas a prueba y estar atentos al cumplimiento o incumplimiento de sus nuevas responsabilidades y obligaciones constitucionales.
La Ley de Transparencia vigente para el estado de Oaxaca es un texto que recupera los principios torales en materia de transparencia recomendados a nivel internacional, como el principio de máxima publicidad de la información surgida de las entidades públicas, la gratuidad de los servicios ofrecidos, la rendición de cuentas, así como la protección de la vida privada y los datos personales de quienes forman parte de las instituciones públicas.
Se trata, en síntesis, de una legislación que en lo general recupera buena parte de los lineamientos y propósitos contemplados la Ley Federal de Transparencia pero que también es omisa en algunos aspectos como el hecho de que para ser comisionado del órgano de transparencia se hubiese eliminado el requisito establecido a nivel federal de no haberse desempeñado como funcionario de primer nivel, dirigente de un partido político o representante popular, un año antes del día de su nombramiento.
Al igual que ha ocurrido con otras legislaciones en México y en Oaxaca el problema de la Ley Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública no es el texto en sí sino el proceso que debe seguir para su correcta instrumentación y la capacidad de organización y coordinación institucional del órgano garante y los sujetos obligados para cumplir en tiempo y forma con todo lo dispuesto en la materia.
En este sentido el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública de Oaxaca si bien ha registrado un avance importante en la integración de los comités de información y las unidades de enlace tanto en el sector gubernamental como en las instituciones descentralizadas , órganos autónomos y a nivel municipal, uno de los problemas aun no resueltos es el que tiene que ver con el incumplimiento, o en su caso, cumplimiento parcial, de la información pública de oficio que debe aparecer en sus portales de internet, en el caso de quienes ya cuentan con esta herramienta de comunicación.
Las causas de estas irregularidades son de diversa índole, pero en lo que ahora quisiera detenerme es en el factor organizacional porque sin duda aquí descansa buena parte de lo que hasta ahora se ha hecho y dejado de hacer en materia de rendición de cuentas.
No debe pasarse por alto que un soporte fundamental para darle plena vigencia a la Ley de Transparencia es el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el artículo 7 y, para el caso que nos ocupa, la obligación de los sujetos obligados para constituir y mantener actualizados sus sistemas de archivos y gestión documental.
En la citada Ley se especifican los tres tipos de archivos que deben contar los sujetos obligados: el de trámite, el de concentración y el histórico. Y en el artículo 30 se subraya que los sujetos obligados contarán con responsables para los archivos de trámite, concentración, y en su caso, histórico, quienes elaborarán los instrumentos de control y consulta que permitan la correcta y adecuada organización, descripción y conservación de documentos.
Para avanzar en este sentido, el Congreso local aprobó en el mes de julio del 2008 la Ley de Archivos y, posteriormente, el IEAIP se encargó de elaborar y aprobar el Reglamento correspondiente.
Ordenar, clasificar, inventariar y conservar toda la documentación de interés público e institucional con la que cuentan cada una de las secretarías y dependencias gubernamentales, municipios y órganos autónomos no es una tarea fácil.
Su instrumentación requiere no solamente de orientación y capacitación técnica sino también de la colaboración interinstitucional en todos los niveles. Esto hasta la fecha no ha ocurrido lo que se ha traducido en un fuerte y severo rezago de carácter organizativo que, por ende, ha impactado en el incumplimiento de muchas de las obligaciones y objetivos del órgano garante y de los propios sujetos obligados.
Lo que llama la atención es que, aun cuando se trata de un reto mayúsculo, la organización documental y el trabajo archivístico especializado tiene ya antecedentes y experiencias notables en la ciudad capital.
De hecho tanto en Oaxaca como a nivel nacional se cuentan con instituciones acreditadas en estas tareas como el Archivo General de la Nación, el Archivo General del Estado de Oaxaca y la asociación civil Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México (ADABI), que patrocina la Fundación Alfredo Harp Helú,por citar solo tres ejemplos, cuya metodología y experiencia en la organización de archivos sin duda resultaría de gran utilidad para darle vigencia a la Ley de Archivos.
El tema, habrá que insistir, es de vital importancia para que el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, las Unidades de Enlace, los Comités de Información y en fin, todos los sujetos obligados puedan cumplir con eficacia sus funciones. Es cierto que no será tarea fácil vencer las inercias y resistencias de todo tipo para que las dependencias gubernamentales, órganos descentralizados y autónomos participen de una nueva cultura organizacional y un proceso administrativo diferente. Tendrá sus costos y llevará su tiempo pero siempre valdrá la pena el esfuerzo.
Si ya contamos con leyes en la materia a la altura de las más avanzadas del país, ahora lo que hace falta es darle cumplimiento y entender que la rendición de cuentas involucra lo mismo el derecho a la información que la obligación de proporcionar todos los datos necesarios que la sociedad reclame.
En una entidad sin contrapesos reales a los poderes establecidos y con una sociedad civil crítica y desconfiada de las instituciones difícilmente una Ley de Transparencia será el conducto idóneo para impulsar la contraloría ciudadana y el combate a la corrupción si los órganos y autoridades responsables de aplicarla no saben responder con prontitud, eficacia y honradez a las demandas ciudadanas.