Isidoro Yescas / Los damnificados por la guerra sucia

Oaxaca, Oax. 28 de junio de 2010 (Quadratín).- La guerra de descalificaciones, acusaciones de desvío de recursos públicos y grabaciones de conversaciones telefónicas en los estados de Veracruz y Oaxaca ya escaló hasta el Congreso federal, la FEPADE, el IFE y la Presidencia de la República.
Mientras los diputados y senadores del PRI han insistido en investigar el origen de las grabaciones ilegales a los gobernadores Fidel Herrera, de Veracruz, y Ulises Ruiz, de Oaxaca, y acusar que detrás de todas estas operaciones y filtraciones está la mano del presidente Felipe Calderón, sus homólogos del PRD y del PAN han preferido debatir sobre el uso ilegal de recursos públicos para financiar las campañas del PRI en ambos estados exigiendo al mismo tiempo frenar el desenfrenado activismo de Herrera y Ruiz, y de por lo menos otros tres gobernadores priístas, y someterlos a juicio político.
En el caso específico de Oaxaca, los legisladores y dirigentes nacionales del PAN, PRD y PC han llamado la atención sobre la falta de autonomía y total subordinación del presidente del Instituto Estatal Electoral, José Luis Echeverría, al jefe del poder ejecutivo. Por eso mismo han solicitado su renuncia e intentado en el Congreso local su destitución y que el IFE se haga cargo de las elecciones en nuestra entidad.
Y para rematar, tanto el PRI como los partidos de oposición han volteado hacia la Fiscalía para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE) pues ambos bloques políticos se acusan mutuamente de cometer delitos electorales. Los priístas señalando a la SEDESOL como instrumento electoral del gobierno federal para favorecer a los candidatos de la oposición y estos últimos aportando pruebas, derivadas incluso de las grabaciones ilegales, que estarían revelando la abierta intervención de los gobernadores, destacadamente Fidel Herrera y Ulises Ruiz en las campañas del PRI.
Y en toda esta guerra de lodo entre partidos, candidatos y los gobiernos federal, y estatales, los ciudadanos son simples espectadores, testigos de una brutal disputa por el control de las gubernaturas.
Cada bloque o expresión electoral busca mediante estas campañas negras disminuir las posibilidades de triunfo de su adversario, exhibiendo los abusos de poder y las debilidades de cada uno. Por ejemplo, en el caso de las conversaciones del gobernador Ulises Ruiz con el presidente del IEE y otros actores del PRI se ha reconocido públicamente que dichas grabaciones han impactado negativamente en la percepción de una franja de electores oaxaqueños hacia Eviel Pérez Magaña.
Y lo mismo estaría ocurriendo con las denuncias de presunto peculado atribuidas a este último durante su paso por la Secretaría de Obras Públicas. Pero un impacto similar tendrían los golpes mediáticos que ya se preparan en el cuarto de guerra del PRI en contra de Gabino Cué Monteagudo y algunos dirigentes estatales del PAN y del PRD.
Con estas guerras de lodo, los partidos políticos y sus candidatos pierden votos y credibilidad pues un sector de electores no militantes ni simpatizantes, especialmente los indecisos, podrían terminar por abstenerse de acudir a las urnas este 4 de julio.
Pierden también los medios de información no solo porque, sin proponérselo, se convierten en instrumentos para dirimir las pugnas interpartidistas y electorales como ha sido el caso del periodista Carlos Marin de Milenio, balconeado por Raúl Castellanos en su conversación telefónica con URO. Y pierden los ciudadanos porque así como en el inicio del proceso electoral olímpicamente fueron ignorados para la postulación de candidatos a las diputaciones y presidencias municipales, así ahora permanecen como meros espectadores de una contienda plagada de irregularidades que, en el peor de los escenarios, ya se están quedando con más dudas que certezas y, de remate, sin un árbitro electoral confiable e imparcial.

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