Isidoro Yescas / Sociedad y Política / ¿Justicia o terrorismo fiscal?

Oaxaca, Oax., 20 de enero de 2012 (Quadratín).-1. Es evidente que el presidente municipal, Luis Ugartechea, y su cabildo, erraron aritmética y políticamente en su pretensión de incrementar a la enésima potencia el impuesto predial de los terrenos y casas habitación de la ciudad de Oaxaca. No se pone en duda las necesidades que el ayuntamiento tiene para sanear y mejorar sus finanzas, ni tampoco el hecho mismo de que ya es necesario revisar los criterios y montos para tasar el impuesto predial. Sin embargo, el camino escogido para hacerlo no solamente resultó arbitrario y propio de gobiernos autoritarios, sino atentatorio a la economía de la gran mayoría de los oaxaqueños.
Por eso mismo, las protestas han ido creciendo, no solamente entre las clases medias y la burguesía comercial (sector al que, por cierto, pertenece el munícipe) sino entre amplias franjas de colonos y habitantes de fraccionamientos populares.
Era evidente también que tal inconformidad social lo iba a capitalizar el principal partido de oposición que ahora existe en Oaxaca que es el Partido Revolucionario Institucional. En un año en donde se elegirán al Presidente de la República, a senadores y diputados federales, hubiese sido una estupidez no hacerlo.
Lo que no se entiende es por qué teniendo a la vista este factor, y los propios conflictos inerciales que enfrentan el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado, Luis Ugartechea, quien como empresario y ciudadano luchó en contra de las arbitrariedades del ulisiato, ahora recurrió al expediente de la imposición para incrementar no solamente el predial sino otros servicios públicos.
Bienvenida la rectificación que ya se anuncia para revisar criterios y montos. Ojalá se haga a conciencia y con sensibilidad social, y no, como parece que ocurrió con el predial, desde la mirada tecnocrática de la alta burocracia municipal, o desde las carísimas e ineficientes consultorías privadas que ya encontraron en Oaxaca tierra fértil para prolongar la curva de aprendizaje.
2. No resultó agravio menor la intención del gobierno del estado, vía Secretaría de Finanzas y Secretaría de Seguridad Pública, de decomisar todo tipo de unidades de transporte que porten placas de otras entidades del país. Es discutible que emplacar fuera de la entidad constituya un ilícito tipificado como evasión fiscal, sobre todo si tal disposición legal no figura en nuestra Constitución local.
Y en el supuesto que así fuera ¿por qué durante el 2011, año en el que cientos de oaxaqueños emplacaron sus autos en el estado de Puebla y otras entidades , no se conminó a los propietarios de vehículos y aún a las empresas automotrices, a no realizar estos trámites so pena de ser sancionados fiscalmente?
Es evidente que también en este caso el Gobierno del Estado no está valorando en su justa dimensión los factores social ni político para recurrir al amago de sanciones drásticas para quienes por motivos fundamentalmente económicos optaron por pagar menos y sin tantos trámites burocráticos en otras entidades.
Constituyó una decisión equivocada que quien diera la cara para instrumentar una iniciativa de la Secretaría de Finanzas fuera el titular de la Secretaría de Seguridad Pública pues tal funcionario ya ganó a pulso mala fama de ser más proclive al uso de la mano dura que al diálogo. Y bajo esas circunstancias resultó lógica la reacción de inconformidad de los tuiteros y la opinión pública ante el amago que inicialmente hiciera tal funcionario para ordenar la detención de vehículos con placas de otros estados.
Es cierto que el ulisiato y su red de corrupción ató de manos al nuevo gobierno para que éste pueda cancelar el impuesto por la tenencia vehicular y el emplacamiento, pero su vigencia no significa que las tarifas resulten onerosas o que no se otorguen todo tipo de facilidades en tiempos y montos de pago, como en este último caso ocurrió en el 2011.
La gran lección de estos dos casos es que un gobierno que se precie de ser democrático debe evitar el abuso de poder y la confrontación, así sea mediática, con sus gobernados. Debatir, sí. Someter a consulta ciudadana todas las iniciativas y propuestas en materia impositiva y de obra pública con impacto ambiental, sí. Pero no arroparse en el falso principio de autoridad, o en la presuntuosa sapiencia tecnocrática , para atentar contra los derechos e intereses ciudadanos.
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Enero 20 del 2012.
Foto:Archivo