Iván Corro / Región triqui, la lucha por la autonomía

**“Las leyes demasiado benignas rara vez son obedecidas; las demasiado severas rara vez son ejecutadas”. — Benjamín Franklin**

Oaxaca, Oax. 3 de junio de 2010 (Quadratín).- Dice Adolfo Sánchez Rebolledo: se hablaba de ellos como un grupo rebelde y violento que no merecía la consideración de la “gente de razón”.
La estigmatización como coartada de la violencia ejercida contra los triquis tiene, por lo visto, una larga tradición, como se puede comprobar leyendo a Gutierre Tibón en su ya clásico Pinotepa Nacional, en las cuales se da cuenta de esa historia de abusos y resistencia que llega hasta nuestros días. Baste citar este episodio atroz:
“¡Exterminarlos! ¡Hay que exterminarlos! –gritó exasperado el jefe de la zona militar cuando le informaron que los triquis habían asesinado en una emboscada al teniente Palos y a dos soldados.
Fueron ametralladas cuantas chozas de triquis se descubrieron en los claros de la selva. No se conoce el número de bajas. Lo que sí se sabe es que los federales encontraron algunos barrios desiertos y prendieron fuego a las chozas, como represalia por la muerte del teniente.”
Era el año 1956, al final de una historia atrozmente real. Incorporados a la guerra de Independencia en pos de sus tierras y el derecho a gobernarse, los triquis vivirán las tensiones creadas por la consolidación de los nuevos cacicazgos que los despojan de sus tierras, los enfrentan entre sí y los dispersan para debilitarlos.
Dicho con las palabras de Francisco López Bárcenas: “…Fue hasta que los triquis protestaron y amenazaron con levantarse en armas cuando aminoraron las agresiones en su contra y se les hicieron ciertas concesiones.
El 15 de marzo de 1825 se reconoció a San Andrés Chicahuaxtla la categoría de municipio; un año después, el 6 de mayo de 1826, se hizo lo mismo con San Juan Copala. Pero los triquis no se conformaron con ello y el gobierno ya no cedió, entonces cumplieron sus amenazas. Entre 1832 y 1839 se produce la rebelión encabezada por Hilario Medina, Hilarión, hasta que es capturado y muerto por decapitación”. Vuelta a la resistencia.
“A mediados del siglo pasado –escribe Gutierre Tibón–, los triquis se lanzaron a una terrible y estéril aventura bélica para reconquistar su independencia, es decir, para volver a ser los amos en sus tierras y libertarse para siempre de la presión de los blancos y de los mestizos, que hacían su juego.
La sublevación estalló en 1843, cuando gobernaba Oaxaca el general José María Malo; ni éste ni su sucesor, el también general José Ibáñez de Corbera, lograron dominar a los insurrectos. La revuelta se volvió una guerra de guerrillas que duró cinco años; con razón se la llama “la guerra de castas de los triques”.
Desde inicios de este año, los cerca de 700 habitantes del municipio autónomo se encuentran sitiados por miembros armados de la Unión de Bienestar Social para la Región Triqui (Ubisort), una organización fundada por el PRI.
La región Triqui Baja, ubicada en la Mixteca Oaxaqueña, lleva varios años de conflictos entre grupos que luchan por el control de las comunidades y la recepción de recursos económicos del gobierno. Estos enfrentamientos han provocado centenares de muertes y el desplazamiento forzado de más de la mitad de la población Triqui hacia otras zonas de México y a Estados Unidos.
El conflicto se ha caracterizado por los asesinatos y los enfrentamientos armados entre el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y la Ubisort. En enero de 2007, disidentes de ambas organizaciones crearon el Municipio Autónomo de San Juan Copala (MASJC) con el propósito de pacificar la región a través de un gobierno indígena que se rigiera por usos y costumbres, sin la intervención de los partidos y organizaciones políticas.
La historia de lucha del pueblo Triqui ha demostrado la incompetencia en el estado de Oaxaca por parte de los gobernantes, ya que no debemos soslayar que este conjunto de situaciones que se siguen viviendo y mantienen la situación de violencia, es de carácter estatal, aún y cuando tenga elementos que competan al orden federal.
La voz de gobierno estatal hace hincapié siempre en el supuesto “carácter ancestral” de los conflictos y las llamadas “luchas intercomunitarias”. El Estado parece librarse así de cualquier responsabilidad en lo que debiera ser su función primordial: garantizar los derechos y la seguridad de todos los ciudadanos. En efecto, lo que priva es culpar a las víctimas: se matan entre ellos; lo han hecho por siglos; este impulso al crimen y a la confrontación armada es parte de su naturaleza…
La criminalización de la protesta social, la represión armada y el asesinato han sido la marca de la presente administración estatal. Este gobierno, está a punto de concluir, he aquí algunos datos sobre la situación sobre derechos humanos, que el Estado debiera proteger, la Comisión Civil Internacional de los Derechos Humanos documentó en un informe 62 asesinatos por cuestiones políticas en Oaxaca entre junio de 2006 y abril de 2008, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación responsabilizó al gobernante por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en 2006.
Los recientes asesinatos por parte de grupos paramilitares siguen, el gobierno estatal no ha dado señales sino en el sentido de deslindarse de la situación, no siendo capaz de convocar a una mesa de diálogo y acercamiento de las partes en conflicto y de la administración de gobierno en los diferentes niveles y de esta manera buscar la solución de manera integral.
¿Qué otros sucesos violentos serán necesarios para que se atienda el conflicto y el gobierno estatal suma la responsabilidad que constitucionalmente le corresponde?
¿Será la nueva caravana, prevista para el día 8 de junio, la que rompa el cerco y dé una dinámica distinta al conflicto en San Juan Copala?, o ¿será un nuevo escenario de muertes por la falta de responsabilidad del gobierno estatal?