José Cárdenas/Monje Loco/Los muertos de Tlatlaya no se dejan enterrar

MÉXICO, DF, 29 de septiembre de 2014.- A casi tres meses de la matanza ocurrida en el Estado de México, las preguntas por responder son bofetadas para quienes apostaron al olvido…

Ahora, al contundente testimonio de la testigo “Julia” –madre de una joven ejecutada durante el desafío armado– se suman las fotografías difundidas el viernes por la agencia mexiquense MVT. Son 19 imágenes de los cadáveres probablemente acribillados por el Ejército.

El análisis del criminólogo José Luis Mejía Contreras refuerza la hipótesis de la ejecución masiva.

Según el experto, los cadáveres fueron manipulados. Las manchas de tierra y lodo en las rodillas de cada los cuerpos evidencian humillación después del sometimiento; los agujeros de bala de fusiles M1 en las paredes demuestran que los disparos se hicieron a muy corta distancia –entre 30 y 50 centímetros– de cada una de los 22 cuerpos.

Tres meses después… la Secretaría de la Defensa Nacional admite irregularidades de dimensión desconocida. Ya es sabida la detención de ocho elementos –un oficial y siete elementos de tropa– acusados de delitos contra la disciplina militar, desobediencia e infracción de deberes.

Tres meses después… la CNDH aclara que sí investiga, aunque en horas posteriores a la confrontación dio la espalda y se colocó del lado de los ejecutores. El retraso de su intervención, premeditado o no, sólo ha contribuido a obstruir la justicia, a echar tierra al asunto, y retrasar el cabal esclarecimiento de los hechos.

La investigación olvidada durante casi 90 días se reactivó gracias al periodismo de investigación realizado, primero, por la agencia Prensa Asociada (AP), después, por la publicación de la revista Esquire Latinoamerica… y en menor medida, por la presión de organizaciones civiles como Human Rigths Watch y Amnistía Internacional. Desde afuera se puso énfasis en un caso que en México decidimos ignorar.

A estas alturas, y después del escándalo, olvidar no es opción.

Mientras, van algunas preguntas.

¿Por qué murieron todos los supuestos agresores?. Si hay un crimen del lado militar, ¿qué motivó a la tropa a abrir fuego contra los pandilleros rendidos?; ¿actuaron los soldados de manera improvisada?; ¿hubo una orden?… y si así fue, ¿en dónde inició la cadena de mando?

Los testimonios de los militares detenidos tienen mucho que aportar a la justicia castrense y a los trabajos de la Procuraduría General de la República. Ambas instancias están obligadas a realizar una investigación rigurosa que deberá quedar sometida al escrutinio público, para confirmar que efectivamente se trató de un hecho “aislado, singular y de excepción”, como ha señalado el Secretario de Gobernación; para evitar el despropósito de manchar con el desprestigio a toda la institución militar.

Pero no sólo los soldados deben explicaciones. En el ojo del huracán también está la Procuraduría de Justicia del Estado de México.

Urge conocer las condiciones en que se llevaron a cabo los primeros peritajes; el apremio del Secretario de Gobierno, José Manzur Quiroga, y del propio Gobernador, Eruviel Ávila, para “tapar” al asunto tras concluir que los delincuentes identificados con La Familia Michoacana murieron en combate legal… y letal. Hemos de saber cuál es la responsabilidad de los obsecuentes apresurados.

También, ¿quién filtro las fotografías?, ¿con qué objetivo?, ¿por qué lo hizo tres meses después?. Las imágenes entregadas a la agencia MVT fueron tomadas en un lugar resguardado por el Ejército, y sellado por la autoridad mexiquense… no cualquiera pudo haberlo hecho. Es obvio.

Los retratos de los cadáveres sólo pudieron salir de las oficinas de la Procuraduría del Estado… o de algún despacho militar.

¿Por qué?

A tres meses de la matanza de Tlatlaya, flota la perversión; las dudas ofenden… y los muertos reviven.

BORREGAZO: Soplan vientos de violencia. Malas vísperas del 2 de octubre. El Politécnico salta pa’tras; busca pretextos para cerrar las rejas y expulsar a maestros interinos y estudiantes incómodos… y en Guerrero, 22 policías municipales y civiles armados convierten a Iguala en sucursal del infierno; siete muertos y 17 lesionados lo constatan; arden la ira popular y la furia de los normalistas de Ayotzinapa… otra vez.

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