Juan Díaz Carranza / ¡Qué lástima!

**… “no hay derechos absolutos, no existe el absolutismo constitucional, como para sostener que todo se carga a lado del no nacido, se tiene que hacer un ejercicio de ponderación”. Ministro Franco**

Oaxaca, Oax., 3 de octubre de 2011 (Quadratín).- En días pasados vivimos un debate que no acaba de encararse con rubor y negaciones, el aborto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutió dos acciones de inconstitucionalidad de los estados de San Luis Potosí y Baja California, misma que requería de una mayoría hipercalificada de ocho votos, que no fueron conseguidos. Lo que representa un grave retroceso, no solo porque deja las cosas como estaban, sino porque se perdió una histórica oportunidad de atender integralmente los derechos de las mujeres.
Si bien, la discusión no estaba encaminado a legalizar el aborto, sino a determinar en el texto constitucional si la vida comienza a partir del momento de la concepción o no. El texto constitucional de esas entidades en cuestión, es notoriamente opuesto al de la Constitución federal. No solo penaliza el aborto, sino que se considera al producto de la concepción como ser humano nacido, lo que equipara a la interrupción del embarazo con el delito de homicidio.
Una minoría de ministros (legalmente suficiente) no falló por la inconstitucionalidad, lo que hubiera sido el arquetipo para emprender las reformas en las otras 16 entidades que lo penalizan, como absurdamente sucede en la nuestra. En Oaxaca se anula una de las partes de la ecuación: los derechos de la mujer.
ANTECEDENTES. Hace 2 años en una intensa campaña que se emprendió desde los Pinos y el Episcopado Mexicano con la complicidad de los gobiernos priistas se reformaron textos Constitucionales en 18 entidades del país, entre ellas Oaxaca. La propuesta de iniciativa de reforma a la Constitución del Estado en su artículo 12 permitió establecer “que la vida comienza desde el momento de la concepción”. Esta iniciativa fue hecha por la entonces diputada del PAN, hoy Contralora del gobierno aliancista Perla Woolrich, y que contó con la aprobación unánime de la mayoría priista de aquella soberanía. Esta polémica reforma, se dio en medio de una dramática realidad para la mujer oaxaqueña, somos una de las 5 entidades del país con la tasa más alta de muertes por aborto.
Las consecuencias de esa ligereza parlamentaria saltan a la vista, ya son más de 6 mil 400 casos documentados de muertes por prácticas clandestinas (NOTICIAS 28 de sept.). No es un asunto de aniquilar los derechos del no nacido sino de ajustar la norma a la realidad social, reconociendo y protegiendo ambos bienes jurídicos en nuestro sistema constitucional. Actualmente en Oaxaca se protegen en forma absoluta los derechos del no nacido, dejando en estado de indefensión a la madre.
IRRESPONSABILIDAD. Una serie de declaraciones y presiones desde el Poder Ejecutivo contaminaron el curso del debate en el máximo tribunal de la nación. Esta notoria falta de respeto al Poder Judicial, la inició el Presidente Calderón cuando solicitó al Senado de la República retirar un párrafo de la “Declaración Interpretativa del Convenio de San José” (signado en 1981), el cual hace referencia a que no se penalizará la interrupción voluntaria del embarazo y queda a criterio de los Estados firmantes. La petición presidencial pretende normalizar estos 18 estados. Luego vino el subsecretario de Gobernación de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos con una inserción pagada en la prensa nacional exhortando a los ministros a mantener el status quo. Lo anterior, quedó demostrado con la imprudente confesión del obispo de Mexicali -Guerrero Macías-, que ajeno a sus menesteres, públicamente dijo que ante la eminencia de una derrota en la Corte “basto una llamada del papa a los ministros y cambió todo” (sic). La invasión de poderes y la intromisión de un ministro de culto en pleno análisis del proyecto del ministro Franco configuran un ataque al Estado laico y democrático que mucho a costado edificar.
De haberse logrado el criterio de la corte hubiera generado un efecto “cascada” para entidades como la nuestra. Ahí está el Distrito federal, dónde el aborto está despenalizado parcialmente y el nuevo código penal les otorga el derecho a las mujeres de poder interrumpir voluntariamente el embarazo antes de las 12 semanas de gestación. Es decir, la ley capitalina brinda garantías de seguridad para quienes enfrentan el dilema de un embarazo no deseado. Esta vanguardista legislación no estimula la práctica del aborto, solo reconoce un problema de salud pública que se hacía en la ilegalidad. Las estadísticas demuestran el éxito de esta ley, se acabo el negocio de las clínicas que lo hacían en la clandestinidad y la demanda en los servicios de salud no creció desmesuradamente.
Los tiempos de Oaxaca obligan a reabrir el debate, a encarar la realidad, a salir de las posiciones comodinas y moralistas y dejar de lado la retórica. El desafío es: hacer compatibles los derechos del No nacido con los derechos de la madre.

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Twitter: @juandiazcarr
Maestro en economía, licenciado en derecho y consultor político.