Juan Díaz Carranza/ De remedio a desliz

Oaxaca, Oax. 15 de octubre de 2012 (Quadratín).-Las condiciones políticas en el arribo de Enrique Peña Nieto (EPN) a la Presidencia de la República le impusieron la agenda a contrarreloj. Un entorno candente que desde las calles protestaba, aderezado por las impugnaciones de la oposición ante los órganos electorales anunciaron semanas colmadas de confrontación e incertidumbre. Ante ello, la coyuntura demandó a EPN un rápido diagnóstico que proporcionara las luces específicas para descongestionar el desfavorable ambiente político en contra. El remedio fue hallado, echar adelante tres reformas inmediatas: Una de transparencia, otra de corrupción y la que se desprendió del movimiento #YoSoy132 relativa a regular la publicidad gubernamental en los medios de comunicación.
Este planteamiento implicaba tres indicaciones ineludibles para su correcta aplicación: suministrarse de inmediato; suprimir la acostumbrada simulación; y entender que la medida es una acto de compunción y no una estrategia mercadológica.
Ahora bien, una vez que EPN dio a conocer estas iniciativas, su recepción por parte de la opinión pública fue favorable. No sólo porque mostraba la sensibilidad política de un vituperado candidato presidencial que interpretaba el intrincado entorno que enfrentaba; sino porque también, revelaba la determinación de marcar distancia de lo más cuestionable de los regímenes priistas, marcados por la opacidad, el contubernio y la impunidad.
Favorecer la transparencia y la rendición de cuentas en nuestro país es un imperativo. Aunque nunca faltan las voces cargadas de optimismo que sostienen que hemos alcanzado la transparencia, como una conquista de la alternancia política. Alucinación que no resiste una somera revisión en el tema, puesto que cada vez nos alejamos más de ese propósito. Aquellos llaman rendición de cuentas a la pantomima que realizan algunas autoridades de dar a conocer lo que les conviene en sus alabanciosos informes de gobierno. Y apodan transparencia, a mirar a través de la rendija, a poder atestiguar la discrecionalidad y voracidad sin implicación judicial alguna. Pocos se salvan de la desgracia, igual panistas en el gobierno federal, que priistas y perredistas desde las entidades y municipios convirtieron al erario en un atractivo banquete del que todos quieren participar.
Derivado de este lamentable contexto, el pasado 10 de septiembre el Presidente electo presentó ante los legisladores del PRI y PVEM una propuesta en materia de transparencia con el fin de convertirla en iniciativa de ley. El proyecto pretende ampliar facultades y dotar de plena autonomía constitucional al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), mismo que a brote pronto fue aplaudido por varios comisionados del órgano, aunque la comisionada presidenta (Jaqueline Peschard Mariscal) fue más cautelosa y dejó ver algunas dudas y advertencias que le provocaba. Hoy al cabo de un mes de su presentación subyacen algunos elementos que pone en riesgo al instituto e imposibilita su consumación. Acá un par de argumentos:
PRIMER. Una incorrecta priorización de propósitos. Parto del entendido que hay buena comunicación con el gobierno actual y la airada disposición de quedar bien con el gobierno que se avecina. Resultado de ese vínculo, fue un desacierto el haber presentado la Reforma Laboral en éste momento. El carácter preferente de la misma y el notorio apoyo de los legisladores priistas provocó una firme oposición de la izquierda y de numerosos sectores que ya estaban en contra del presidente electo. La aprobación de las reformas a la Ley Federal del Trabajo enredó aún más el escenario político, y muy probablemente, postergó la inmediata aplicación de la reforma al IFAI. Y máxime, cuando el PRI ha causando severa polémica por haber eximido del dictamen final a los sindicatos en lo relativo a democracia, rendición de cuentas y transparencia sindical.
SEGUNDO. Los términos en los que está planteada la reforma a la legislación de transparencia y rendición de cuentas son preocupantes. Por un lado, sus intenciones políticas. La autonomía constitucional no alcanzará los efectos anhelados a doce años de existencia del IFAI, porque el presidente no debe tener la facultad de nombrar y remover a los comisionados sin la aprobación del Senado. Eso llevaría a engendrar un aparato muy poderoso, con alcance a los tres poderes de gobierno y al servicio de una sola persona -el titular del Ejecutivo federal-.
Por el otro lado, su redacción. Hay errores en las expresiones escritas del proyecto y en la definición de conceptos. Mi apreciable profesora, la Dra. Perla Gómez Gallardo -investigadora y especialista en el tema-, señala con claridad que no es posible plantear la autonomía del IFAI bajo el nominativo de “organismo”; puesto que para el derecho administrativo un organismo no puede ser autónomo, en todo caso el concepto debió ser calificado como “órgano”. No podemos soslayar, que los desatinos en la redacción de nuestras leyes ha sido un caldo de cultivo para el incumplimiento y manipulación de las mismas.
EPN no debe desconocer las condiciones en las que recibe el país. Los gobiernos del PAN fueron poco escrupulosos en cuanto a transparencia se trata. Así lo demuestra el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional que durante las administraciones panistas, México fue calificado con 3 en una escala del 0 al 10; es decir, estamos ubicados entre los países más corruptos del mundo. No obstante, fue plausible el haber ascendido en la escala de prioridades del próximo gobierno los asuntos de transparencia y rendición de cuentas, siempre y cuando no se deformará la voluntad política en buenas intenciones.
La democracia en nuestro país pasa por garantizar la independencia del IFAI y proveerlo de mayor fortaleza, como institución encargada de velar el buen funcionamiento de nuestros gobiernos.
Abogado, economista y periodista.
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