Juan Díaz Carranza / Extraterrestres

Oaxaca, Oax. 8 de enero de 2013 (Quadratín).-Salvo honrosas excepciones, la inmensa mayoría de nuestros representantes populares (diputados) parecen ajenos a nuestra atmosfera y a nuestro espacio terrenal. No hallo otra manera de describir la actuación de los que endeudan de por vida a sus representados; los que derrochan recursos; los que legislan por consigna sin importar el impacto de sus decisiones; o los tradicionales, que se domestican ante el poder para escalar en su carrera personal.
ANTECEDENTE. El principio de división de poderes emana de la ideología de la ilustración, inspirada en prevenir el riesgo de concentrar el poder en una sola instancia. Al Poder Legislativo se le otorgó la primacía –sobre el Ejecutivo y Judicial- por ser la expresión de la voluntad general. Sin embargo, en nuestro país la institución presidencial ha sido el eje de los relatos históricos, porque en los hechos, es el centro de las disputas políticas ubicando al Legislativo como mera escenografía de fondo. Es hasta 1997 -tres años antes de consumada la alternancia en nuestro país- que podemos distinguir el parte aguas de ese presidencialismo a un deficiente sistema de pesos y contrapesos, se dio un paso de un sistema autoritario excluyente, a uno de variada participación partidista en las decisiones políticas más importantes. En el contexto local se experimentó un paralelismo con los cambios federales permitiendo que las batallas de hartazgo alcanzaran éxito, y que las muestras de resistencia colectiva se legitimaran en espacios de representación popular. Desafortunadamente muchos de esos alcances quedaron truncados por la ruindad de la clase política; las perlas más recientes: desde los diputados coahuilenses que avalaron el endeudamiento de los 36 mmdp que ordenó Humberto Moreira; los insensatos asambleístas del Distrito Federal que recientemente ablandaron el Código Penal para convertir en “delito no grave” los ataques a la paz pública siempre y cuando queden disfrazados de protestas ciudadanas; los esquiroles de sus gobernadores que negocian deudas públicas de espaldas a la ciudadanía – léase Veracruz, Chiapas, Nuevo León, etc-; los doblegados diputados poblanos que reinstalaron al “gran pastor” del Congreso en la figura de su gobernador; hasta los exquisitos diputados oaxaqueños que se han engullido casi mil millones en tres años en la opacidad absoluta. Todos con una característica distintiva: corrompen las facultades constitucionales en la apetencia por el poder.
LA DESILUSIÓN. Oaxaca y Puebla encontraron hace dos años –alternancia política- un ingrediente adicional para la composición de sus respectivos Congresos locales: el fin de las mayorías absolutas. Desaparecería por primera vez en la historia -de ambas entidades- la anacrónica figura de la Gran Comisión; el distintivo principal de esas legislaturas era la pluralidad en términos político-ideológicos que auguraba cambios sustanciales en la dinámica política de estos estados avecindados, así como la independencia con respecto al Poder Ejecutivo estatal. A su favor, tuvieron un clima propicio para la introducción de una agenda hacia la transición a la democracia y la apertura a discutir los grandes temas que al ciudadano de a pie le preocupaban; pero la estrechez de miras de estos legisladores lo impidieron, la triste realidad en la recta final de su trienio es de desaliento y corrupción.
No entendieron su papel histórico; unos, los más, beneficiarios del voto de castigo al PRI, en vez de enjuiciar a los malos funcionarios se convirtieron en avales de sus tropelías; y los otros, utilizan la curul como mero trampolín político. Ambos dilapidaron la paciencia ciudadana en la reinstalación de los vicios que la ciudadanía reprobó en urnas hace 2 años.
OTRO ENFOQUE. Hemos estado equivocados en la evaluación al Poder Legislativo, el valor de su trabajo no debe depender de su pluralidad o de su contraposición al Ejecutivo, sino de sus aportaciones legislativas y en su honorable conducta. El mejor ejemplo lo tenemos en la legislatura LVII (1997-2000), aquella en la que el presidente Zedillo no contaba con la mayoría absoluta de su partido (PRI), contrario a lo que muchos vaticinaban, no le fue mal con el 48 por ciento de curules priistas le aprobaron el 90% de las iniciativas que presentó. A Vicente Fox tampoco le fue nada mal, durante la LVIII legislatura (2000-2003) con el 41% de diputados panistas le fueron aprobadas nueve de cada diez iniciativas; un poco mejor que a Calderón que en promedio durante su sexenio le avalaron el 72% de sus iniciativas de ley. Entonces, ¿dónde está el error? Sin duda, no en la productividad legislativa sino en la calidad de sus aportaciones. En esas legislaturas se consumaron la mayoría de las maniobras jurídicas que el modelo económico demandaba: la entrega de la economía nacional a los intereses extranjeros, que incluyen mayores impuestos, menor transparencia en el gasto, reparto presupuestal con orientación política-sectorial, y una legislación complaciente a las voracidades.
Otro de los retrocesos, es la degeneración de los principales instrumentos de la vida parlamentaria. Las mayorías se construyen con chantajes y presiones; las votaciones unánimes son el resultado del reparto oportuno del dinero y canonjías; la oposición oscila entre la improvisación y el apetito de comercializar su apoyo; y los temas de la palestra –muchas veces- son necedades privadas de argumentos de dogmática constitucional.
El panorama es desolador de cara a la renovación de los Congresos locales, pero afortunadamente es poco probable que algún partido alcance la mayoría absoluta tomando en consideración el desánimo ciudadano que impera. Los charlatanes de la política aparecen al por mayor en estas fechas apoyados en nuestra joven tradición democrática, inspirados en las erráticas lecturas de las lecciones electorales, y menospreciando el juicio ciudadano. Mi pronóstico anticipado es que el resultado favorable no acompañará a la demagogia acostumbrada sino al menos repelido.
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Abogado, economista y periodista.