Juan Díaz Carranza / Menosprecio y cuentas alegres

Oaxaca, Oax., 23 de enero de 2012 (Quadratín).-Mientras miles esperamos motivos para creer en nuestros representantes, ellos se ocupan de todo lo que les represente una ventaja electoral. No les importa los antecedentes históricos ni la distancia que debe existir entre religión y política, lo relevante para ellos, es valerse de todo con tal de retener el poder o hacerse de él. El meollo está en ceder capacidad de penetración a la Iglesia Católica en asuntos públicos a cambio de utilizar a la religión como un ariete electoral, aunque el imperio del Estado mexicano quede vulnerado.
El pasado 15 de diciembre del 2011 la Cámara de Diputados aprobó con apenas 199 votos a favor y 58 votos en contra, la reforma al artículo 24 constitucional que reconoce algo ya reconocido: que todas las personas tienen el derecho de adoptar o no las convicciones éticas, de conciencia y de religión que ya eran reconocidas y sean de su agrado (sic). Pero no sólo eso, también permite celebrar “individual y colectivamente”, en “público o en privado” ceremonias de culto; lo que les deja abierta la puerta a los líderes religiosos el enseñar religión y acceder a las concesiones públicas de radio y televisión, como la jerarquía católica originalmente pretendía.
Se valieron de lo que tuvieron a la mano para aclimatar este albazo, se apoyaron en un viejo instrumento de adhesión llamado “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos” que fue ratificado por el Senado de la República el 23 de marzo de 1977, mismo que fue usado como escudo de argumentación política y legal por sus promotores panistas, priistas y algunos perredistas.
¿Porqué presentar esta reforma con extrema urgencia a unos minutos de clausurar el primer periodo de sesiones del último año de ejercicio, violentando los procedimientos parlamentarios?, ¿sino la motivo un movimiento ciudadano que le planteara a sus diputados cambiar el texto constitucional, entonces qué la motiva?, y ¿qué tanto tiene que ver el contexto político electoral con esta reforma?
Algunas respuestas parecieran lógicas, pero todas están teñidas con un cálculo electoral desde la derecha mexicana. Esta reforma es ociosa, innecesaria y obsequiosa con la jerarquía eclesiástica y tiene como ingrediente el primer viaje a nuestro país de Benedicto XVI en marzo próximo, que coincidirá con el inicio de las campañas presidenciales. Lo anterior, se desprende del criterio de afinidad del Vaticano para seleccionar los estados anfitriones, se trata de conseguir el mayor número de votos de centro derecha.
OBLIGADA REFERENCIA. Resulta imposible comprender el equilibro de poderes en nuestro país sin evaluar y reconocer el papel determinante que ha desempeñado la Iglesia Católica (como institución) en el devenir del tiempo en nuestro país. Un comportamiento que viene de compartir el poder Estado-Iglesia durante la colonia; y luego disputado a la primera mitad del siglo XIX. Hasta que en 1859 que se da una separación entre el Estado y la Iglesia que sirve como antecedente para que en 1917 se pasmará el anhelo liberal en el artículo 130 constitucional: la supremacía del Estado sobre las Iglesias. En el que las Iglesias carecían de personalidad jurídica y no podían poseer bienes, enseñar, realizar actos públicos de culto y los ministros no gozaban de derechos políticos. Esta ley cuando se aplicó provocó que en 1930 se diera una guerra civil (Guerra Cristera) donde perdieron la vida cerca de 250 mil personas. Este enfrentamiento no concluyó con la modificación del texto constitucional, pero sí logró la Iglesia Católica convertirla en letra muerta. Es hasta enero de 1992 que Carlos Salinas de Gortari reconoce lo impedido; impulsando modificaciones constitucionales, con lo que se puso fin a la negación jurídica de la iglesias, en particular de la Iglesia católica a la educación, la política y la propiedad.
Esto ha derivado en que muchos personajes que hoy ostentan un cargo público –panistas en su mayoría- hagan públicas sus creencias religiosas. Como una clara muestra están los deslices de Vicente Fox durante su mandato; las recientes apariciones en ceremonias religiosas de Felipe Calderón donde comulga, el ipad (12 mil pesos) que regaló Josefina Vázquez Mota a los obispos, así como las frecuentes visitas de aspirantes presidenciales al Vaticano. Esto no sólo violenta el Art. 25 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público que lo prohíbe, sino que es un claro golpe al Estado laico que deriva del cortoplacismo político.
CÁLCULOS LIGEROS. La ignorancia y la ambición de la derecha mexicana los hace pensar que la presencia del sumo pontífice incidirá automáticamente en el ánimo electoral de aproximadamente 40% de los electores mexicanos. Evidentemente, ese cálculo no valora las deplorables condiciones de miseria que padecen miles de compatriotas, el hartazgo que ha provocado las últimas dos administraciones panistas de decadencia, y la ineficacia comprobada de la derecha como opción de gobierno.
Ellos menosprecian la capacidad popular, no se dan cuenta que mientras más peso y poder político tiene un líder religioso menos influencia espiritual goza entre la población. Así lo demuestra un dato revelador: en 1970, el 96.2% de la población se declaró católico; mientras que en 2010, el índice bajo a 83% de los mexicanos (Proceso 105/21). La mejor muestra la tenemos en Oaxaca, quienes respetamos y compartimos muchas de las firmes definiciones de nuestro Arzobispo -José Luis Chávez-, quien acostumbra hablarle fuerte a los políticos locales y señalar sus excesos. En contraste con el Arzobispo Primado de México -Norberto Rivera-, quien se ha caracterizado por su cerrazón y complacencia con las estructuras de poder, lo que le ha valido numerosos escándalos que le han armado espontáneos y adversarios políticos. El efecto político puede estar mal medido, al tiempo.
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Maestro en economía, licenciado en derecho y consultor político.
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