Juan Díaz Carranza / Sin equidad, no hay desarrollo

Nunca es tarde para tratar los temas relevantes.
Oaxaca, Oax. 25 de marzo del 2012 (Quadratín).- Se ha hecho una mala costumbre en la opinión pública el dejarnos llevar por la efeméride y aprovechar para resaltar y analizar en medio del júbilo de las conmemoraciones el estado que guardan las cosas, luego, al día siguiente todo queda en el olvido nuevamente.
Pretendo romper hoy esa costumbre y echar mano del emplazamiento que ayer lanzó el Instituto Federal Electoral (IFE) a los partidos políticos para que subsanen las irregularidades en las que incurrieron en el número de candidaturas para las mujeres. El artículo 221 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) establece en materia de equidad de género que los partidos políticos y las colaciones deben respetar el 40% de las candidaturas para las mujeres, de no hacerlo, se harán acreedores a una amonestación, o en su caso, a dejar sin registro –a través de un sorteo- el número de formulas necesarias hasta que se cumpla la cuota. Esto, pone de manifiesto el atraso que existe en nuestro país en el equilibrio de las relaciones de poder que permite igualdad de género y el empoderamiento real de las mujeres.
ANTECEDENTES. Aunque en los últimos años la erradicación de la discriminación contra las mujeres ha cobrado relevancia en la agenda pública, el camino sigue siendo sinuoso por las simulaciones. En el año de 1936 México se adhirió a los tratados internacionales que reconocen los derechos humanos de las mujeres, pero en la práctica cotidiana las mujeres no gozaban de plenitud de derechos y eran objeto de atroces injusticias, disparidades y violencia; todas justificadas, por los convencionalismos sociales y la omisión del Estado Mexicano. 18 años después se les reconocieron sus derechos políticos, pero el entorno les era aún adverso. Muchos años pasaron hasta que en 1980 nuestro país suscribiera la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en ingles), sin duda, de los convenios celebrados, este es el convenio de derechos humanos de las mujeres es el de mayor envergadura, porque su contenido esta centrado en los aspectos que impiden y obstaculizan el ejercicio de otros derechos humanos. Dentro de las cualidades de este tratado esta el carácter vinculatorio (obligación jurídica), de igual manera prohíbe la discriminación en todas las esferas de la vida -tanto pública como privada- y amplía la responsabilidad del Estado ante los actos que pudieran cometer personas, empresas e instituciones privadas y lo compromete a llevar a cabo todas las medidas a su alcance para eliminar los convencionalismos en los roles de hombres y mujeres, otorgándole facultades para llevar a cabo medidas contra la discriminación y acelerar la igualdad. Esta carta sirvió como un referente para la reforma constitucional del 2011, misma que es vista por especialistas en asuntos de género, como un avance en la materia al reconocer los tratados signados por el Estado mexicano.
La mujer sufre violencia social desde hace muchos años, pero se incrementó a partir de la guerra contra la delincuencia organizada. Tan solo en un año se elevó a 12 mil homicidios dolosos. Lo anterior, conjugado con las “muertas de Juárez” y la vejaciones de la que son objeto, sirvió de impulso para que en el 2006 se aprobará la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que hoy en día ya está legislada en las 32 entidades del país.
CONTEXTO. En los últimas décadas el empoderamiento de las mujeres es innegable; sin embrago, aún hay demasiadas disparidades e injusticias en el manejo del tema de género. Aunque sobran las opiniones airadas sobre el tema, no deja de ser tratado con un dejo de egoísmo y conveniencia política. Hoy nos enfrentamos a la hipocresía institucional y a la apatía social frente a las noticias de violencia intrafamiliar, a opiniones que agreden la dignidad de las mujeres –a veces por ellas mismas-, y a discursos vacíos encaminados a convencerlas por segmento poblacional. Una de las causas que motivan esta disparidad es el rol que ha desempeñado y mantiene el Estado mexicano, va desde la omisión y la negligencia hasta la complicidad que permite se sostenga el trato preferencial al hombre sobre la mujer. Ello, conlleva prácticas discriminatorias en contra de la mujer que se consienten a partir del predominio de creencias misóginas que avalan los comportamientos que minimizan el valor de la educación de las niñas, dejándolas como simples procreadoras, creadoras y cuidadoras de hijos y familiares subordinadas jurídicamente a la autoridad del padre o en su caso del marido. Estos estereotipos han llegado a su máximo con la impunidad y la irresponsabilidad frente a los feminicidios, ni se previene ni se erradica la violencia de género.
PRIMERA CONCLUSIÓN. Es necesario reconocer que las mujeres están en condiciones diferentes, pero también es necesario identificar que las mujeres han alcanzado el poder en sus países como: Angela Merkel de Alemania, Dilma Rousseff de Brasil, Cristina Fernández de Argentina o Laura Chinchilla de Costa Rica lo han hecho con planteamientos responsables y visión de Estado, no a través de la comodidad del efecto del segmento de género. Es un imperativo acabar el doble discurso y los obstáculos mentales que han llevado a las limitaciones en los ámbitos del poder.
Es momento de dejar la frase solidaria, la cuota y la manipulación de un tema tan delicado. Todos debemos asumir como prioridad el modificar las circunstancias que impiden a las mujeres el ejercicio pleno de sus derechos, así como el acceso a las oportunidades a través de medidas estructurales y de políticas públicas con visión de largo plazo. Venzamos la barrera cultural y asumamos cada quien nuestra responsabilidad.
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Twitter: @juandiazcarr
Maestro en economía, licenciado en derecho y consultor político.