Juan Díaz Carranza / Urgencia Diferida

Oaxaca, Oax. 14 de enero de 2013 (Quadratín).- Aunque los encabezados de los principales medios de comunicación ya no se ocupan de los asuntos de seguridad, la realidad subyace y se impone a este propósito oficial. Ni los primeros logros consumados ni la nueva estrategia de comunicación podrán despistar la mayor preocupación de los mexicanos, la seguridad.
Resulta demagógico hablar de seguridad sin incluir el sistema de justicia penal. Lamentablemente en términos de percepción ciudadana el sinónimo de nuestro sistema de justicia penal es corrupción; y el antónimo de tranquilidad ciudadana, es la sensación cotidiana de inseguridad en medio de la espiral de violencia. En consecuencia, uno de los principales problemas que debe alarmar a la actual administración es la falta de confianza en las instituciones de procuración de justicia, las cifras no engañan: se denuncian 12 de 100 delitos que se cometen en el país, de los cuales tres son investigados y sólo dos son consignados.
La desconfianza es el común denominador de los cuatro componentes del sistema de justicia penal: policía, ministerio público, jueces y autoridades penitenciarias. La policía no aprueba las propias evaluaciones de control de confianza y capacidades, además de que infunde suspicacias; visto desde el otro enfoque, tampoco se les puede exigir mucho sin capacitación y con bajos salarios. El ministerio público es burocrático, lento y con prácticas que afectan a las víctimas y a los indiciados que son vulnerados en sus derechos. El Poder Judicial, está ensogado en la tardanza, opacidad y la negligencia; basta revisar en lo que se ha convertido la figura constitucional de“presunción de inocencia” que vicia la prisión preventiva: del total de población penitenciaria, 224 mil internos, 97 mil (40 por ciento) están recluidos sin sentencia condenatoria. Y el peor de todos los elementos, el Sistema Penitenciario, con una sobrepoblación que va del 50 al 200 por ciento, circunstancia que acredita el hacinamiento que pervierte la readaptación social en simiente delictivo que contamina al que pasa por ahí. En el extremo de la desfachatez política, la reforma penitenciaria aprobada en 2008 no se le ha dado el cabal cumplimiento acordado, ni en el orden federal ni en ningún estado de la república.
ENDOSO. Además de los miles de muertos, desaparecidos y desplazados en el sexenio anterior, se halla deteriorada la justicia de nuestro país. El tópico favorito del calderonismo fue la “seguridad”, se divulgó hasta el cansancio en radio y televisión la detención de los grandes narcotraficantes bajo el estribillo de que “han sido detenidos o abatidos 25 de los 37 capos más peligrosos del país…”, pero jamás se mencionó la suerte de los procedimientos judiciales de éstos ante los tribunales. No hubo nada que presumir al respecto; las cárceles se llenaron de los mismos de siempre, de delincuentes menores en posesión de narcóticos que los hacen pasar en carácter de grandes criminales. El quebranto fue mayúsculo, crecieron las detenciones, se abusó de la figura del arraigo hasta sumar 4 mil en los últimos tres años que acabaron en ridículo: hubo más en puestas en libertad que autos de formal prisión.
La incapacidad fue manifiesta y se desperdiciaron los alcances legislativos en la materia. El caso más claro es la figura jurídica de Extinción de Dominio (que permite la apropiación pública de bienes de los grupos delictivos en aquellos que hayan sido material, objeto, o producto de la delincuencia organizada), en el que sólo un juicio pudo ganar el gobierno anterior.
Desde hace varias décadas la justicia penal no alcanza trato preferente, las administraciones panistas pusieron su granito de arena, en el 2000 la población penitenciaria sin sentencia era de 67 mil 724; para el 2012, 97 mil 991 no fueron sentenciados.
ALGUNAS IDEAS:
1) Acelerar la implementación del sistema acusatorio -incluido en el nuevo Sistema de Justicia Penal-, un procedimiento garantista que protege los derechos humanos, de aquellos que se ven involucrados en un proceso, y proporciona elementos para la lucha eficaz contra la delincuencia organizada. Este alcance normativo integra en un solo binomio a la seguridad y la justicia.
2) De cara al error de haber integrado a la Policía Federal (PF) a la Secretaría de Gobernación, por el peligro de contagio de un cuerpo pervertido (PF) a la instancia central de la gobernabilidad nacional, se debe hacer una revisión exhaustiva de la polémica conducción de García Luna y otros altos funcionarios de la administración anterior para fincar responsabilidades y dar comienzo a una nueva etapa. Una policía profesional, con evaluaciones de control de confianza y de capacidades profesionales, capacitaciones, incentivos y sistemas de flujo de información.
3) En el sistema penitenciario es urgente una revisión detallada de todos los casos para conceder los beneficios y preliberaciones que correspondan. Dotar de mejores condiciones a los internos en estricto apego a los derechos humanos, así como desterrar la corrupción de las prisiones para recuperar el orden y las propósitos de reinserción social.
4) En el ámbito de lo local, habrá que hacer una revisión profunda al personal de las procuradurías, apostarle a reforzar la capacitación de los ministerios públicos e incorporar en las legislaciones locales los medios alternativos de solución de controversias evitando el caudal de juicios. Atender el rezago legislativo y homologar en los códigos penales los avances federales.
En un contexto tan complicado como el que vivimos, debemos atender las causas de los problemas. Uno de los gérmenes delictivos está en nuestro descompuesto sistema de justicia penal; de su cabal funcionamiento dependerá restablecer el tejido social, reinstalar la convivencia social y construir ciudadanía.
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Twitter: @juandiazcarr
Abogado, economista y periodista.