Ley de salarios máximos, resultado de una lucha contra la inequidad

México, DF. 29 de abril de 2009 (Quadratín).- En la penúltima sesión del periodo ordinario de sesiones de la Cámara Alta, se avalaron 21 dictámenes y se aprobaron dos reformas de especial importancia para la vida futura de México, informó el Secretario de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, Gabino Cué Monteagudo.
Una de ellas, las reformas para sancionar con mayor severidad el narcomenudeo y la otra para impedir que funcionarios públicos perciban más ingresos que el presidente de la República, destacó el legislador.
Según los dictámenes aprobados se combatirá de manera más estricta el narcomenudeo a través de reformas a la Ley General de Salud y a los códigos Penal Federal y de Procedimientos Penales.
Esto para establecer una serie de sanciones a quienes comercialicen drogas, en cantidades menores.
Aprobado por la mayoría de los legisladores asistentes, la nueva legislación sanciona hasta con 15 años de prisión a la persona que posea drogas y la comercialice, más allá de los porcentajes máximos establecidos para el consumo –cinco gramos en el caso de la mariguana; 500 miligramos, en cocaína, y 50 miligramos, en heroína.
Por otra parte, las reformas a los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 de la Constitución permitirán fijar ahora un tope en los sueldos, bonos, compensaciones y jubilación de funcionarios de los tres niveles de gobierno por debajo de las percepciones que tiene el presidente de la República.
La Ley de Salarios Máximos, como se denomina a esta legislación, dijo Gabino, es producto de una intensa lucha contra la inequidad que el movimiento popular ha venido dando para impedir que haya mexicanos de primera y de segunda.
Esto debido a la enorme diferencia de sueldos que existen entre los altos mandos con los demás servidores públicos.
“Tener sueldos de más de 400 mil pesos en un país, donde hay 60 millones de pobres, es una incongruencia porque estamos en una crisis económica que ha dejado en la calle a miles de personas, quienes ven con indignación cómo se despilfarran recursos que podrían ahorrarse o destinarse para obras de desarrollo social”, consideró Cué Monteagudo.
Finalmente, el senado también reformó la Ley de Seguridad, para que sea considerada como amenaza nacional la introducción ilegal al país de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.