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Oaxaca. Oax. 24 de abril de 2010 (Quadratín).- La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) recuperó a los cuatro empleados de una caja de ahorro retenidos durante 15 días por cientos de socios defraudados en la comunidad de Capulalpam de Méndez, en la Sierra Juárez.
El subprocurador General de Justicia, Netolín Chávez Gallegos acudió la madrugada de este sábado a esa comunidad, ubicada a 72 kilómetros al noreste de la ciudad de Oaxaca, a recibir Justino Ramírez Pérez, Edgar Paul Aguilar, Eliseo Hernández Pérez y Roberto Guzmán, empleados de la Caja Nacional del Sureste.
A principios del presente mes, los residentes de Capulalpam, se percataron que la sucursal de la Caja instalada en comunidad zapoteca fue colocada una cartulina despidiéndose de los socios y remitiéndolos a su matriz en la capital oaxaqueña para cualquier trámite.
Los socios defraudados se organizaron y acudieron a la oficina donde se les informó que la sociedad de solidaridad atravesaba por problemas de liquidez por lo que no podrían entregarles sus ahorros ni cobrar los intereses de los planes de inversión.
Según declaración de los mismos afectados, con la intensión de bajar el tono de la discusión entre ambas partes, uno de los socios afectados invitó a comer los empleados pero una vez arriba de los vehículos decidieron tomarlos como rehenes hasta la devolución de los nueve millones de inversión.
Los residentes del Pueblo Mágico, nombramiento otorgado por la Secretaría de Turismo, tienen familiares trabajando en Estados Unidos e invertían sus dólares en la Caja Nacional del Sureste y cobraban los intereses de los planes de inversión, aunque, se les pagaba a un tipo de cambio notoriamente inferior.
El alcalde de Capulalpam, Miguel Cosmes Martínez y la representante de los socios, Mabel Cosmes entregaron a los empleados a los representantes de la Secretaría General de Gobierno y la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos (CDDH).
La comisión de seis personas, custodiada por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, fue acompañada por un perito médico para valorar empleados administrativos privados ilegalmente de su libertad por 15 días.
El subprocurador aseguró que en este caso quedarán sin efecto las órdenes de aprehensión integradas en contra de los socios defraudados.
En otro orden, informó que la PGJE se ha comprometido con los socios defraudados por 16 cajas de ahorro a autorizar un agente del Ministerio Público que se encargue de la judicialización de este asunto, para que el proceso que se sigue sea legal y justo.