
Periodistas del New York Times podrán utilizar IA de forma legal
Oaxaca, Oax. 24 de febrero de 2009 (Quadratín).- ¡El gobernador nos prometió barbacoa y nos dio frijoles! Con esta expresión de reclamo airado, el representante de la población discapacitada en Oaxaca, Cervando Robles Acevedo denunció ante diversos medios de comunicación el hostigamiento y la discriminación que han sufrido por parte del Estado.
A casi un año de haber entregado una iniciativa de Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad, que protege y salvaguarda los derechos de los más de 350 mil discapacitados que hay en la entidad, la LX Legislatura del Estado que preside Herminio Cuevas Chávez la mantiene en la congeladora.
Por razones que hasta hoy se desconocen, los 42 diputados que integran el Congreso del Estado no han querido analizar, discutir y mucho menos aprobar dicha iniciativa que sería de gran beneficio para esta población vulnerable.
Por el contrario, cuando los diputados han querido meterle mano, sólo ha servido para joder a los discapacitados metiéndole candados a la propuesta, como es el hecho de que éstos tengan que cumplir con una serie de requisitos para poder acceder a un empleo.
Y aún cuando en el discurso del gobernador Ulises Ruiz Ortiz siempre ha dicho que su gobierno apoyará a esta población, al igual que el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), lo cierto es que a los discapacitados no les hacen caso.
Por ello, Robles Acevedo parafraseo: ¡el gobernador nos prometió barbacoa y nos dio frijoles!
La iniciativa entregada al Congreso Local el 26 de marzo del 2008, en su exposición de motivos señala que México se ha comprometido a elaborar y poner en práctica políticas, leyes y medidas administrativas para asegurar los derechos reconocidos en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Y abolir las Leyes, reglamentos, costumbres y prácticas que constituyen discriminación.
Esta iniciativa pretende cumplir en Oaxaca con ese compromiso adquirido y erradicar los estereotipos y prejuicios, promoviendo la conciencia de los derechos de las personas con discapacidad.
Las miles de personas con discapacidad en el estado de Oaxaca (un 10% de la población) carecen de las oportunidades que tiene la población en general, toda vez que las personas con discapacidad enfrentan un cúmulo de obstáculos físicos, culturales y sociales que les impiden recibir educación, empleo, acceso a la salud, a la información, entre otros, limitando su integración a la sociedad y a ser respetados.
Debido a la discriminación que sufren las personas con discapacidad se ven obligadas a vivir aisladas y excluidas de la sociedad, dando como resultado que sus derechos no se tomen en consideración, por ello, necesitamos dar las mismas oportunidades a las personas con discapacidad, con el fin de lograr su integración y desarrollo pleno en la sociedad.
A través de la historia, a las personas con discapacidad se les ha considerado como individuos que requieren la protección de la sociedad, por lo que es importante que esta iniciativa cambie esta percepción y logre que el estado y la sociedad reconozcan que es indispensable respetar sus derechos y proporcionar a todas las personas la oportunidad de vivir con plenitud.
El propósito de esta iniciativa es promover, proteger y garantizar el disfrute pleno de los derechos de las personas con discapacidad, por ello se legisla en temas fundamentales como la accesibilidad, la libertad de movimiento, la salud, la educación, el empleo, la habilitación y rehabilitación, la participación en la vida política, la igualdad y la no discriminación.
Es indispensable garantizar que las personas con discapacidad disfruten del derecho inherente a la vida en condiciones de igualdad con otras personas, así como asegurar la igualdad de derechos y desarrollo de las mujeres y las niñas con discapacidad.
Los niños con discapacidad tendrán igualdad de derechos, no serán separados de sus padres contra su voluntad, excepto cuando las autoridades determinen que ello es por el interés superior del niño, y en ningún caso serán separados de sus padres debido a una discapacidad del niño o de los padres.
Es urgente identificar y eliminar los obstáculos y las barreras que impiden el libre movimiento y asegurar que las personas con discapacidad puedan tener acceso a su entorno, al transporte, las instalaciones y los servicios públicos, y tecnologías de la información y las comunicaciones.
Las personas con discapacidad deben tener la opción de vivir en forma independiente, ser incluidas en la comunidad, elegir dónde y con quién vivir y tener acceso a servicios de apoyo en el hogar, en residencias y en la población.
Debe promoverse la movilidad personal y la independencia, facilitando la movilidad personal asequible, la capacitación al respecto y el acceso a apoyos para la movilidad, aparatos, tecnologías de asistencia y asistencia personal.
Se deben asegurar la igualdad de acceso a la educación primaria y secundaria, la formación profesional, la enseñanza de adultos y el aprendizaje permanente.
La educación debe emplear los materiales, las técnicas educacionales y las formas de comunicación adecuados.
Los alumnos que las necesiten deben recibir las medidas de apoyo pertinentes, y los alumnos ciegos o sordos deben recibir su educación en las formas más apropiadas de comunicación, de maestros con fluidez en el lenguaje por señas y el Braille.
La educación de las personas con discapacidad debe promover su participación en la sociedad, su sentido de dignidad y valor personal y el desarrollo de todo su potencial en lo que se refiere a la personalidad, los talentos y la creatividad.
Las condiciones sociales de la vida moderna, y la falta de atención integral a las personas con discapacidad, hacen imperiosa la necesidad de crear un Organismo Público Descentralizado, dependiente del Titular del Poder Ejecutivo.
Cuyo objetivo sea proponer, impulsar y vigilar las acciones de las dependencias de Gobierno Estatal en beneficio colectivo y defensa de los derechos de las personas con discapacidad, y de esta manera se dará cumplimiento a lo que establece el artículo 33 de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Las personas con discapacidad pueden contribuir con una amplia gama de conocimientos, habilidades y talentos. Por lo que reconocer y respetar los derechos de las personas con discapacidad no solo les beneficia a ellos, sino a la sociedad en su conjunto.
Este es a grandes rasgos lo que contiene la propuesta hecha por los discapacitados en el Estado, pero lamentablemente no ha encontrado eco entre los 42 diputados que se encuentran en el Palacio Legislativo de San Raymundo Jalpan, para ser analizada, discutida y en su caso aprobada.