Miguel Ángel Granados Chapa / Plaza Pública. Oaxaca sigue

Miguel Ángel Grandos Chapa / REFORMA
México, D.F. 16 de junio de 2009 (Reforma).- Alberto Gazga Barenca murió a media mañana del domingo en Oaxaca, en el preámbulo de los actos que recordarían que un día como ése, tres años atrás, se había iniciado la resistencia civil contra el gobernador Ulises Ruiz.
Según testigos, miembros de la Sección 22 del SNTE, y de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, Gazga Barenca murió al estallar junto a él un montón de cohetones por otro que se había disparado fallidamente. Sin embargo, el líder de ese agrupamiento magisterial, Azael Santiago Chepi, anunció que se demandaría una investigación, por si se tratara de un atentado. Y el gobierno estatal manifestó su “plena disposición para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades”.
Ni la indagación se realizará ni nadie podría fiar en sus resultados. A pesar de la desmovilización de las agrupaciones que en 2006 pretendieron la renuncia de Ruiz, la desconfianza es un sentimiento permanente entre el gobernador y un gran número de sus gobernados. Particularmente sería indigna de fe una averiguación sobre muertes violentas. En aquel año se produjeron entre 20 y 27 homicidios que no fueron nunca aclarados, muy probablemente porque en su comisión habrían estado involucrados miembros de las policías estatales y municipales que han sido, a la par que una onerosa propaganda, el principal instrumento de Ruiz para mantenerse en el poder.
En mayo de 2006 el magisterio oaxaqueño instaló un plantón en el centro histórico de la capital del estado.
Desde muchos años atrás era un movimiento rutinario que concluía después de días o semanas de negociación en que se acordaban soluciones a problemas planteados por la Sección 22, la más constante entre todas las que forman el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en escapar a las directrices autoritarias emitidas desde la cúpula del gremio, manejada por Elba Esther Gordillo desde 1989. Pero ante la proximidad de las elecciones, y a causa del papel del gobernador como jefe de la campaña electoral de Roberto Madrazo, se decidió asestar un golpe contundente al magisterio, para permitir a Ruiz concentrarse en la manipulación de los votos que permitieran al candidato priista mejor suerte de la que el destino -¿qué digo el destino? ¡su propia biografía!- le tenía deparada.
En la madrugada de aquel 14 de junio, 3 mil elementos de las diversas policías estatales despertaron a los manifestantes que dormían en sus campamentos. A base de golpes y con gases lacrimógenos, los desplazaron, apoyados por granaderos que lanzaban sus proyectiles desde un hotel céntrico y desde un helicóptero. El sorpresivo ataque desconcertó a los maestros, que se retiraron hacia escuelas en la periferia. Pero se rehicieron muy pronto y mediante Radio Plantón, una emisora de reducido pero suficiente alcance, lograron el apoyo popular y tornaron a instalarse en los lugares de donde los había desalojado horas antes la efímera victoria policiaca.
Se quedarían allí durante largos meses, junto con grupos que rápidamente constituyeron la APPO, cuyas demandas fueron más amplias que las del magisterio, si bien unas y otras coincidieron en la renuncia de Ruiz. Desde su campaña misma y el comienzo de su gobierno, el primer madracista de la República se había caracterizado por la dureza de sus procedimientos. Antes de cumplir dos años en el mando, había ordenado más actos de represión en todo el estado que los ocurridos en los 12 años anteriores, aquellos en que gobernaron Diódoro Carrasco y José Murat. Los oaxaqueños estaban hartos y unidos orgánicamente por primera vez pareció posible que, como había ocurrido ante una presión popular análoga pero menos vigorosa, Ruiz siguiera la suerte de Manuel Zárate Aquino, el gobernador caído en 1977.
Pero, paradójicamente, el infortunio electoral de Madrazo, que habría contribuido a debilitarlo, le dio cartas de negociación. La incierta victoria de Calderón lo hizo requerir todo tipo de apoyo, incluido el de un gobierno contra el cual había luchado también el PAN. Ruiz chantajeó al gobierno federal insinuando que podría reconocer a López Obrador y se establecieron así las negociaciones para una operación de salvamento que si bien fue visible materialmente sólo a fines de octubre, cuando llegó la Policía Federal Preventiva, fue eficaz desde julio anterior.
En todos esos meses, de represión y resistencia, Ruiz contó con el apoyo de Vicente Fox y luego, obviamente, con el de su sucesor, que dependió del PRI para tomar posesión y para asentarse en el gobierno. Esa relación está vigente al día de hoy: en el único homicidio de los que abundaron en 2006 que parecía posible aclarar, el del periodista norteamericano Brad Will, el gobierno local y la fiscalía especial de la PGR han logrado mantener preso a un inocente, Juan Manuel Martínez Moreno, a quien se inculpa a fin de evitar que se incrimine a miembros de corporaciones policiales.
Varias indagaciones han puesto en sus términos la responsabilidad de Ulises Ruiz en la represión de aquel año funesto y la que no ha cesado desde entonces. A petición de la Cámara de Diputados, la Suprema Corte de Justicia tiene en curso una investigación constitucional sobre los sucesos de 2006: en marzo fue concluido el informe preliminar -resultado de las averiguaciones de dos magistrados que ampliaron las de la CNDH- y desde entonces el ministro Mariano Azuela prepara con base en él un dictamen sobre el que se manifestará el pleno. Esperémoslo sin esperar.

Cajón de Sastre
Como prueba de que el gobernador de Oaxaca es el mismo hoy que en 2004 o en 2005 o en el año de su enfrentamiento con la APPO, tenemos la recomendación 36/2009, emitida apenas anteayer domingo, “dirigida al gobierno y al Congreso del estado de Oaxaca, así como a la Procuraduría General de la República, por el caso de la señora Beatriz López Leyva, a quien no se proporcionaron medidas cautelares para su debida protección a raíz de un atentado contra su vida en 2005, y falleció como consecuencia de disparo de arma de fuego tras ser agredida el pasado 6 de abril cuando se encontraba en su domicilio en el municipio de San Pedro Jicayán, en aquella entidad”. La víctima era militante del movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador, con quien se había reunido con 10 mil activistas más apenas tres semanas atrás.