Militantes del FPR exigen que se investigue a policías por corrupción

Oaxaca, Oax., 04 de julio del 2011(Quadratín).- Pedro García, de la Comisión Política del Frente Popular Revolucionario (FPR), aseguró que policías del Ministerio Público recibieron dinero por parte de abogados que pretenden evitar su responsabilidad en el intento de secuestro de una militante del FPR, a la que quieren despojar de un terreno de su propiedad. “Queremos dejar claro que estos personajes, que el día de ayer se dijeron desfavorecidos y golpeados por nuestra organización, han sido conocidos gangsters del oficio de la abogacía y que se han dedicado a comprar la justicia”.
García negó que el FPR haya incurrido en presiones o chantajes. “El procedimiento hasta el día de hoy se ha llevado a cabo conforme a las leyes. Nos mostramos respetuosos del procedimiento. Sólo exigimos un procedimiento justo. No hemos intervenido en este tema como organización. Lo que si exigimos a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y a la Procuraduría de Justicia del Estado (PGJE), es que se inicien los procedimientos administrativos en contra de los policías que se rentan para acciones que están al margen de la ley”. Aseguró, además, que el predio que está en disputa, en el Municipio de Santa Lucía, es propiedad de la militante Irene Ibáñez y que posee documentación que lo prueba. “El que se dice dueño del terreno ya la despojó de dos terrenos anteriormente. Es una persona que se ha dedicado a este tipo de artimañas”.
García sostuvo que Irene Ibáñez, integrante del FPR, fue agredida el sábado por 4 personas, quienes la golpearon con la cacha de una pistola cuando se resistió a subir a un automóvil, acusada del delito de despojo, por el cual, dijo, no existe ningún procedimiento jurídico.
“Entre estas personas había dos agentes estatales de investigación que fueron contratados por estos abogados, personajes que se han dedicado a la extorsión. Por este hecho, la policía estatal preventiva aseguró a Luis Vásquez Hernández, Juan González Cipriano, Marcos Eduardo Ramírez Rodríguez, y Rigoberto Hernández Sandoval”, detalló García, quien aseguró que los abogados defensores de estas personas sobornaron a las autoridades del Ministerio Público, quienes elaboraron una declaración amañada de manera tal que fueran liberados inmediatamente, luego de lo cual, la Procuraduría accedió a que se cambiara de Ministerio ante las denuncias de corrupción.
Foto: Jorge Luis Martínez