Moisés Bailón / Setenta y dos

Oaxaca, Oax. 30 de agosto 2010 (Quadratín).- En una semana trágica para la lucha que se sigue contra el crimen organizado, la masacre de 72 migrantes sudamericanos representa el saldo más vergonzoso para un país como el nuestro, que no ofrece resultados exitosos ni tampoco ve fechas para concluir esta guerra contra el narco.
La opinión pública se vuelca cada día más crítica y con justificada razón hacia las fuerzas federales que no consiguen alcanzar objetivos claros. Los grandes capos siguen sueltos y a la opinión de muchos medios, la gran mayoría de ellos siguen paseándose por las principales ciudades del norte del país.
Hace falta ser más transparentes en la estrategia, en ubicar los tiempos, plazos y rutas a seguir durante los próximos años, para mostrar de manera detallada hasta cuándo durará esta guerra y cuáles serán los saldos que se estiman.
La sociedad bien merece una explicación, de lo que espera por venir en los próximos años.
Pero esta variable que con justa razón hoy critica la sociedad se suma a la falta de responsabilidad de los gobiernos municipales y locales. Uno como el de San Fernando, Tamaulipas, que parecería no ser protagonista de lo sucedido y que ni si quiera fue participe del operativo.
A esta pugna se agrega la desaparición del Ministerio Público que investigaba el caso (Roberto Suárez), lo que enrarece aún más el tema y deja claro que, lo que sucedió en esa localidad, no se trataba de un juego de pandillas.
Desde hace tiempo que la culpa no corresponde exclusivamente autoridades municipales, locales o federales, existe un coto de responsabilidad y de forma importante, en la sociedad en su conjunto y los compromisos de cada individuo con la comunidad.
Ante un colectivo apático, frívolo y cómplice muchas veces, difícilmente podrá hacerse frente a males tan complejos como lo es hoy el crimen organizado, en cinco estados fronterizos: Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.
De todos ellos, la problemática común es la pugna territorial entre bandas delincuentes. Sin embargo, existen estados exitosos que ha sabido controlar el combate y se ha generado un clima de estabilidad ante la ola que se vive en la línea fronteriza. En Coahuila, la fuerte colaboración entre el gobierno local y las fuerzas federales, han logrado dar gobernabilidad y una mediana seguridad a la región.
No hace pocos meses que en Tamaulipas, el candidato del PRI al gobierno del estado, Rodolfo Torre Cantu, fue asesinado sobre la carretera del municipio Soto la Marina. Muchas han sido las vertientes de la investigación, pero aún menos los resultados obtenidos en resolver el caso. El tema en concreto es que cuando la delincuencia pone en riesgo la gobernabilidad de una entidad, sus instituciones y a las personas que tienen el poder de decisión, entonces pierde en estricto sentido su esencia.
El Estado como tal debe ser el único y legitimo practicante de la fuerza pública para garantizar condiciones de seguridad a la comunidad. Si esta capacidad se ha perdido, por el motivo que fuere, entonces la comunidad tiene el legítimo derecho de exigir el cambio de sus gobernantes o en su caso, pedir a la federación su intervención.
El problema es que esto sucede desde hace tiempo y las cosas permanecen igual. La libertad de los ciudadanos tamaulipecos se ha limitado y son rehenes en su propia comunidad. ¿Qué sigue entonces? Poco o nada, las cosas no podrán cambiar hasta que no se modifique gran parte de las estructuras que históricamente han sido corrompidas por el crimen organizado.
Elevar los controles de confianza al interior de las fuerzas de seguridad, invertir más en capacitación, fortalecer la cultura de la rendición de cuentas de los servidores públicos y acercar la relación con las fuerzas federales son tan sólo paliativos.
Hace falta coordinación, establecer un plan regional para el combate al crimen organizado, donde se tome en cuenta las características sociológicas de cada estado, la evolución de sus estructuras sociales y la nueva realidad a la que se enfrentan bajo nuevas condiciones: un gobierno débil, con un alto flujo migratorio, tráfico ilegal de mercancías, al menos tres bandas delictivas y una barrera de 3 mil 326 kilómetros.
Cada uno de ellos ingredientes óptimos para generar inestabilidad y colocar a la ciudadanía en condiciones de vulnerabilidad. No así para “tirar la toalla”, y fortalecer la ruta que permita reorientar los objetivos hacia estrategias integrales donde estén incluidos los estados de la región y aquellos que se encuentran del otro lado de la línea fronteriza.
Es la falta de estrategia lo que se critica, pues es esa precisamente la que está generando una mala imagen en la opinión pública. La voluntad es buena y los resultados no han sido menores. Sin embargo, vale la pena hacer un alto en el camino para analizar las metas alcanzadas y colocar en el nivel que le corresponde lo que recién aconteció en San Fernando.
Es tiempo de volver a los inicios y sentar los caminos que generen resultados regionales. Involucrar a la sociedad, volverla aliada en la lucha y en adelante, generar las condiciones de seguridad que bien merece la gente.