Mónica Zárate / Objetivo y Nuevas Estrategias del Narco

Oaxaca, Oax. 19 de octubre de 2009 (Quadratín).- Actualmente, el narcotráfico le disputa a los gobiernos federal y estatal, el control de los municipios, forma básica de organización política.
No sólo se trata de la conquista gradual del territorio mexicano al expandir el control en las plazas de distribución de droga y así robustecer sus zonas de operación delictiva: el objetivo es también imponer un poder clandestino alterno al Estado.
El crimen organizado ha demostrado que posee una planificación estratégica y una metodología táctica al contraatacar la lucha anticrimen establecida por el gobierno; parte de sus estrategias han consistido en intentar influenciar a sectores importantes de la población como son las organizaciones defensoras de los derechos humanos, en las quejas iniciadas en algunos municipios del norte del país con motivo de la actuación del ejército en ciertos puestos de inspección y revisión vehicular en las carreteras federales y en la realización de cateos en las poblaciones, donde en muchos casos han argumentado abuso de la autoridad y violaciones a los derechos humanos.
También los cárteles han buscado incrementar su base de soporte social en algunos municipios de Nuevo León, imponiéndose como una autoridad sustituta al gobierno al dirimir conflictos entre los particulares en aquellos municipios con gobiernos muy débiles, en los que intentan ejercer funciones como cualquier autoridad.
Otra forma con la que actualmente intenta legitimarse el narco que aún ha resultado más peligrosa, es a través del financiamiento ilícito en los procesos electorales, pues disputan ahora ya no sólo el control económico, sino también el político con el gobierno al financiar campañas e intentar imponer a sus candidatos.
Resulta determinante la selección de candidatos en los partidos políticos para coadyuvar a garantizar el normal desarrollo del proceso electoral, cuestión que no sólo debe estar regulada por los estatutos partidarios sino, incluso, por una ley federal de partidos.
El gobierno federal debe elevar los costos de los acuerdos que pudieran darse entre la clase política y los cárteles, aun cuando resulte muy difícil controlar los negocios o tratos que éstos pudieran llegar a establecer. Aunque no es una constante, el crimen organizado suele incrementarse en los municipios en los que la Federación y los estados no destinan suficientes recursos.
El gobierno federal no debe menguar en la intensidad y precisión de las acciones generadas para combatir al narco, porque este último también ha demostrado estar preparado para responder a las fuerzas armadas en cualquier momento; hay que impedir que se erosione la presencia y autoridad del Estado, y que en un momento dado pudiera mostrarse vulnerable ante la sociedad mexicana. Lo más importante es evitar que se cercene la autoridad del Estado sobre todo en los municipios, a costa del probable desgaste de las fuerzas castrenses.