Municipios en la mira

Municipios en la mira

OAXACA, Oax. 4 de febrero de 2015.-El secretario de hacienda, Luis Videgaray, anunció el viernes 30 de enero un recorte al presupuesto del gobierno federal de 124.3 mil millones de pesos; lo que equivale al 0.7% del PIB. Este recorte implica la afectación en las inversiones programadas para este año, en 37.2 mil millones de pesos; y en 87.01 miles de millones de pesos al gasto corriente.

Lo anterior, en pocas palabras significa más desempleo y una economía con menor crecimiento, toda vez que el gasto público en México, es un importante dinamizador de la economía.

Algunos especialistas ya habían anunciado el recorte presupuestal ante la estrepitosa caída del petróleo; un escenario que no debió pasar desapercibido por el aparato de inteligencia económica del Estado mexicano; como tampoco debe pasar desapercibido el hecho de que las tensiones entre Arabia Saudita y los Estados Unidos de Norteamérica, ponen a México en el centro de la lucha por el control de los hidrocarburos; hecho que desde hace años he estado señalando.[1]

La crisis económica y el desempleo, en las actuales condiciones del país, pueden propiciar un incremento en el reclutamiento de la población por parte del crimen organizado, o simplemente el incremento de la criminalidad. Los gobiernos municipales serán los más afectados por esta crisis y si se aprueban las reformas constitucionales en materia municipal, quedarán de hecho y formalmente en plena indefensión.[2]

Al respecto, en el reciente número de la revista Nexos (446, de febrero 2015), se publicó el artículo de los investigadores Guillermo Trejo y Sandra Ley, titulado: Municipios bajo fuego (1995-2014).

El estudio establece algunas categorías clasificatorias para describir y explicar la violencia del crimen organizado en los territorios municipales y contra sus autoridades:

1. Los municipios con territorios en disputa. Este tipo de municipios parece no tener problemas de interpretación. Cuando los municipios quedan en la ruta que interesa a los cárteles para el trasiego de la droga, se ejerce la violencia contra las autoridades y la población para asegurar su neutralidad o hasta su apoyo; lo que deriva en una agresión, del cartel contrario, sobre las autoridades que parecen aliadas del adversario.

2. Municipios con mayor independencia fiscal. Esta categoría tiene de entrada un problema. Parece indicar que la variable se reduce a la capacidad del municipio para recaudar impuestos en una base fiscal que se supone importante. Pero, como después describen los autores, hay factores que se asocian a la recaudación que hacen que la denominación parezca inadecuada, por ejemplo: existencia en el municipio de agricultura de exportación, rutas comerciales importantes, negocios turísticos. Esta base de la recaudación estimula al crimen organizado para controlar a las autoridades municipales, sobre todo si los impuestos son de carácter local, lo que implica no darle cuentas al gobierno federal.

Sería mejor asociar la probabilidad de violencia al nivel de diversificación  y dinamismo de la economía local. El nivel de desarrollo municipal explicaría también otra cosa: la disputa política por su control por parte de los partidos tradicionales y no sólo por el crimen organizado.

3. Los municipios de oposición en estados gobernados por la izquierda. Afirman los autores que el gobierno del presidente panista Felipe Calderón, le restó apoyo a los municipios de los estados gobernados por la oposición, lo que los hizo más vulnerables.

En los estados gobernados por el PRD, los municipios no panistas fueron de 5 a 6 veces más vulnerables que los alcaldes panistas en un estado gobernado por el PAN. En los municipios gobernados por el PRI, los municipios no panistas fueron 2 veces más vulnerables que los municipios panistas en estados panistas. ¿ Cómo se explica la diferencia entre estados gobernados por el PRD y los gobernados por el PRI? ¿Este hecho sugiere que el PAN dio más apoyo al PRI que al PRD? ¿ Los gobiernos priistas son más proclives a pactar con el crimen organizado y así protegen a sus municipios?

Veamos qué dicen los autores:

“… la brecha sugiere la existencia de un conflicto político entre un gobierno federal de derecha y gobiernos estatales de izquierda.”

Puede ser; pero entonces ¿ qué explica el conflicto político? Reducirlo a una cuestión ideológica no resulta plausible. En todo caso la importancia política de un municipio tendría que ver con la cantidad de votos capitalizables y su riqueza.

Continuando con la lógica de su hipótesis, los autores incluyen una variable intermedia: la dificultada para coordinarse. Los perredistas al desconocer a Calderón no aceptaron el apoyo del gobierno federal, o bien, el gobierno federal los “castigó” por no reconocerlo.

La dificultad de coordinación entre los estados de diferente signo político existe desde la alternancia en algunos estados como Baja California durante la presidencia de Salinas de Gortari; y se hizo más notoria, desde el 2000, sobre todo en coyunturas electorales, por temor a que el gobierno federal utilizara sus recursos para ganar las elecciones. Habría que ver si la correlación identificada, por los investigadores se mantiene para los periodos señalados. Cabe aquí una observación. Habrá que tener mucho cuidado en el uso de las correlaciones estadísticas, pues con su interpretación se puede creer que algo nuevo se descubre, cuando sólo se confirman los presupuestos que subyacen a la selección de las variables correlacionadas.

En el contexto del análisis de esta categoría, una pregunta más sugerente sería ¿ se ha abandonado al municipio a su suerte? Si es así, ¿ por qué? Y ¿desde cuándo?

Como contra ejemplo de todo lo anterior, los autores mencionan el caso de Tijuana, Baja California, que ilustra cómo una buena coordinación entre el gobierno federal y el municipal puede ser exitosa, sin importar el signo partidista; pero sospecho que el caso de Tijuana tiene más que ver con la cercanía con los Estados Unidos y con la eventual afectación a ciudadanos norteamericanos.

Los autores terminan su ensayo señalando que las reformar propuestas por el presidente Enrique Peña Nieto el 1º de diciembre de 2014, parte de un diagnóstico equivocado. Al señalar a los municipios como los culpables de la actual crisis, la tesis presidencial deriva en dos medidas necesarias: la atribución de facultades al gobierno central para proceder a la desaparición de poderes municipales cuando las autoridades estén coludidas con el crimen organizado; la otra medida somete a las policías municipales bajo un mando único a cargo de los gobiernos estatales.

La primera medida no estará exenta de imparcialidad y las acciones derivadas de ella“… que estarían con frecuencia motivadas por sesgos partidistas y ambiciones electorales…”. La segunda, la de someter a las policías municipales a un mando único estatal, podría simplemente “…unificar el mando criminal”.

El ensayo es un excelente esfuerzo por identificar aquello que hace vulnerable al gobierno municipal al crimen organizado; pero al momento de trazar las posibles soluciones se pierde en un discurso que se antoja ideologizado.

Quizás no fue la intención de los autores presentar soluciones al grave problema de la invasión de la criminalidad a los municipios y no deberíamos exigirles lo que no se plantearon; pero lo que sí es cierto es que urge buscar cómo salir de esta crisis que amenaza con disolver al Estado de Derecho y hundir a México en el caos.

Samael Hernández Ruiz.