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México, D.F., 1 de marzo de 2012 (Quadratín).-Para el presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoria Superior del Estado, diputado José Antonio Hernández Fraguas, es necesario fortalecer los mecanismos de fiscalización, rendición de cuentas y transparencia, debido a que en Oaxaca existe un importante rezago en esta materia, principalmente a nivel municipal.
En entrevista, el legislador de la fracción del PRI afirmó que en la próxima sesión ordinaria de la LXI Legislatura local, se presentará, discutirá y en su caso aprobará, el dictamen de dos iniciativas de reforma a los artículos 59 fracción XXII, 65 Bis, 80 fracción V, 111 apartado B y el 113 inciso C, de la Constitucional Política de Oaxaca, que tienen que ver con el tema de fiscalización de las cuentas públicas.
Detalló que una de las iniciativas fue presentada por la fracción parlamentaria del PRI y la otra por la Auditoría Superior del Estado, pero ambas tienen que ver con las facultades de fiscalización a todos los entes públicos que manejan recursos, porque en la actualidad, la sociedad exige mayor transparencia en el manejo de sus impuestos.
El propósito de estas iniciativas es ampliar los plazos y otorgar nuevas facultades y funciones a la Auditoría Superior del Estado para que tenga mayor margen de maniobra y cumplir eficientemente con su función. Tendrá la capacidad y el tiempo suficientes para desarrollar las auditorías, principalmente a los municipios, recalcó.
Por otro lado, se plantea la revisión de las atribuciones del Tribunal de Fiscalización del Poder Judicial, para que éstas no invadan la esfera del Poder Legislativo. Por eso proponemos se reforme la Constitución y, mediante un juicio, el Tribunal pueda revisar las inconformidades que pudiera haber, una vez que la Auditoria Superior del Estado concluya sus revisiones y presente el informe de resultados respecto de lo auditado.
Hernández Fraguas explicó que esta reforma, también permitirá que quien haya sido auditado y tenga alguna inconformidad con el procedimiento, con las observaciones o con la solventación, pueda acudir a un juicio para que el Tribunal revise si la auditoría estuvo apegada a derecho o se violentó el procedimiento en perjuicio del auditado.
Lo importante de esta dos iniciativas es que se pretende que la mayoría, o de ser posible la totalidad de los municipio, presenten sus cuentas públicas y sean auditados para garantizar la transparencia, pero también evitará que las autorías puedan resolverse por consigna o por intereses partidista. También se prevé que los afectados, en caso de detectar anomalías, puedan defenderse su derecho mediante un juicio en los tribunales respectivos, finalizó.