Oaxaca: Elecciones y Gobierno XIV

Xullo binlu

OAXACA, Oax. 13 de marzo de 2016.- Es imposible no estar de acuerdo con la idea y el deseo de que los oaxaqueños merecemos mejor suerte en la distribución de los bienes de la riqueza social. Por diversas razones de nuestra historia, somos un conjunto de comunidades, localidades, ciudades, con fuertes identidades diferenciadas, que no tenemos los mejores indicadores de justicia distributiva. Formamos parte de los Estados de la República con menores niveles de bienestar, llegando a ocupar los primeros lugares en varios de tales indicadores.

Esta realidad no se debe a su gente, personas reconocidas por su inteligencia y laboriosidad; tampoco se debe a su falta de recursos naturales; tampoco a su mala ubicación en la geografía nacional; tampoco se debe a sus gobiernos, que los ha habido como el resto de la república, malos, buenos o regulares.

Entonces, ¿cuál es el principal problema de Oaxaca? Y ¿cómo resolverlo?

Para mí, el principal problema del Estado radica en su orden social, económico, político, jurídico e ideológico, que no corresponden a su realidad, al contrario,  estos órdenes están de espaldas a esta realidad. Tratemos de explicarnos.

Si un orden estatal no corresponde a la realidad objetiva, es lógico suponer que ese orden estatal se convierte en un limitante para la plena expresión de esa realidad, expresión que se manifiesta en forma de felicidad general de la población o en un bien común. El orden estatal oaxaqueño es una camisa de fuerza que no permite el libre desenvolvimiento de las fuerzas sociales oaxaqueñas. Incluso el propio territorio conocido como oaxaqueño expresa la mutilación de pueblos indígenas con gran presencia histórica como los mixtecos, que están fraccionados o mutilados en varios estados: Oaxaca, Puebla y Guerrero. ¿No es aconsejable la unidad  territorial, de autoridad y jurídica de este pueblo? ¿No es aconsejable que la autodeterminación del pueblo mixteco se exprese en forma unitaria en la división política?

El pueblo mixteco, así mutilado y fraccionado, le será imposible desarrollar sus instituciones y prácticas para el bien común o para el “Buen Vivir”. No podemos esperar el libre desenvolvimiento de los mixtecos mientras vivan en tres expresiones territoriales y en tres órdenes estatales. Esto es tan sólo un ejemplo para demostrar la falta de coherencia en nuestros órdenes nacionales y estatales.

Pongamos otro ejemplo de la falta de coherencia entre realidad y orden político. Tenemos el caso del municipio.  Nuestra disposición jurídica constitucional determina que es el municipio la unidad básica de la división territorial de la República mexicana, sin más, esta disposición la reproduce  nuestra Constitución ocasionando una grave distorsión en el territorio de Oaxaca.

Todos sabemos que nuestra verdadera unidad básica de división territorial, de autoridad, de unidad identiditaria, de orden jurídico, es la comunidad, tal como la entiende la Ley de derechos de los pueblos  y comunidades indígenas: “Aquellos conjuntos de personas que forman una o varias unidades socioeconómicas  y culturales en torno a un asentamiento común, que pertenecen a un determinado pueblo indígena”(art. Tercero).  Al establecer el municipio como institución política y administrativa en el territorio oaxaqueño, se entra en contradicción y en conflicto con las comunidades que integran ese municipio, impidiendo el libre desenvolvimiento del municipio en cuanto tal y de las comunidades que lo integran.

Los municipios que se integran por una sola comunidad, que es la cabecera no tienen complicaciones de gobierno, de administración y de “Buen Vivir”. Los que cuentan con comunidades que no tienen identidad con la cabecera, entran en conflicto y se anulan entre sí para la búsqueda del “Buen Vivir”. Incluso existen municipios que no tienen unidad en materia agraria, pues pertenecen a dos municipios. Con esta falta de coherencia es difícil plantearse proyectos de bienestar tomando en cuenta como unidad al municipio.

En una lógica de un proyecto alternativo de “Buen Vivir”, necesitamos reconocer como unidad básica de división territorial a la comunidad, un segundo nivel al municipio, un tercer nivel la asociación regional y por último, el orden estatal. En un esquema como este se estaría garantizando el buen uso de los recursos, magnificando su potencialidad y garantizando la buena gobernanza del Estado.

Así, la división territorial de gobierno del Estado oaxaqueño reconocido desde nuestra época independiente, salvo el caso del reconocimiento de las repúblicas indígenas, se han constituido en limitantes para alcanzar mejores niveles del “Buen Vivir”.

Cosa contraria sucedió cuando se respetó la lógica comunitaria, al respecto Luis Alberto Arrioja  Díaz Viruell, en relación a los pueblos indígenas de Villa Alta, dedujo: “Salta a la vista que la economía de los pueblos se cimentó básicamente en los recursos comunitarios y en las familias indígenas, siendo estas últimas las que desempeñaban un papel fundamental en el desarrollo de las labores agrícolas, artesanales y comerciales. En pocas palabras, las familias indígenas eran un pilar económico de los pueblos y se definían como unidades socioeconómicas que producían con la ayuda de sus miembros, ya sea tanto para su propio sostenimiento como para el horizonte económico que estaba más allá de la unidad doméstica. Dadas las exigencias que esta dualidad implicó, se sabe que el grueso de las familias recurrió a los lazos y a la solidaridad colectiva para distribuir las cargas y los beneficios de la sobrevivencia”(Arrioja Díaz Viruell, Luis Alberto. Pueblos de Indios y Tierras Comunales. Villa Alta, Oaxaca: 1742-1856. Edit. El Colegio de Michoacán. México, 2011, p. 354).

Si esto funcionaba y los pueblos indígenas no dependían de la economía individualizada, además de autosuficientes y no dependientes del Estado, tanto colonial como del independiente, no se puede entender al cambio de régimen económico. El mismo autor nos ofrece una posible explicación: “Al respecto, conviene decir que los políticos oaxaqueños que se encargaron del nuevo Estado republicano predicaron a todos los vientos la idea de que los grupos sociales emanados de la colonia eran resultado de una legislación discriminatoria, atípica y obsoleta; asimismo, indicaron que, por regla natural, dichos grupos debían vivir exentos de privilegios y diferencias, pues el hombre sólo tenía derechos como individuo y no debía sufrir limitaciones por su condición original; de ahí, entonces, que arengaran en la Constitución estatal de 1825 que: Nosotros no somos tehuantepecanos, ni mistecos(sic), costeños, ni serranos, todos somos oaxaqueños, unidos por los lazos indisolubles de una santa fraternidad”( Ibid. P. 355).

Finalmente, este modelo de sociedad, de economía, de régimen jurídico y político prevaleció desde entonces, condenando a los pueblos indígenas a vivir en condiciones de encomienda y a olvidar  los del “Bien Vivir” al Xullo Binlu.  Considerar que, como lo hace el erizo, sólo existe un principio universal y que recae en el individuo, es negar la riqueza de la concepción plural de la realidad. Los pueblos indígenas de Oaxaca vivimos en constante resistencia al practicar nuestras relaciones sociales con base en la colectividad y en la Comunalidad.