Oposición rechaza acuerdos

Indicador Político

2015-2018: más crisis

MÉXICO, DF. 3 de septiembre de 2015.- El arranque del cuarto año de gobierno del presidente Peña Nieto se definió con claridad en la instalación del nuevo congreso federal: la oposición criticó con dureza el saldo económico y social, y señaló la urgencia de buscar nuevos caminos del desarrollo, pero dejó en claro que no colaborará con el gobierno federal.

Por tanto, la segunda parte del sexenio presidencial estará determinada por la lógica perversa de la oposición: arrinconar, aislar y bloquear la movilidad del gobierno federal porque le irá mejor a la oposición mientras más mal le vaya al gobierno priísta.

Los tres pasivos nacionales quedaron claramente expuestos en el Congreso y en el informe presidencial en Palacio Nacional:

1.- El PIB promedio anual en el sexenio será de 1.5%-2%, cuando la demanda de empleo formal nuevo cada año, por los mexicanos que se incorporan al trabajo, exige tasas promedio de 6.5%-7.5%.

2.- El déficit democrático sigue generando situaciones de encono entre partidos y sobre todo movilizaciones sociales exigentes y rupturistas que carecen de instancias de canalización de demandas.

3.- La pobreza sigue afectando a la mitad de la población, el subempleo involucra casi al 60% de los trabajadores y la riqueza sigue concentrándose en el 10% de los ricos cuya participación en el ingreso es igual al del 70% de los mexicanos.

La economía y la política mexicana han pasado por crisis severas –1976, 1982, 1985, 1994, 2008 y 2015– pero las reformas no han alcanzado a romper los diques de contención. En sus posicionamientos, todos los partidos de oposición utilizaron cifras y argumentaciones más que claras para señalar que el modelo de desarrollo y el sistema político ya no son suficientes para atender las necesidades de un país formado por casi 115 millones de mexicanos.

Hasta ahora, las reformas económicas y políticas en el largo periodo 1962-2015 han sido insuficientes para modernizar a la república.

Lo que debería venir serían las fases definitivas de las reformas económica y política. El México revolucionario-posrevolucionario terminó en 1994 con el colapso político, la devaluación y la ruptura en el régimen; sin embargo, las élites gobernantes y políticas se ha dedicado a reformas superficiales que no modifican las estructuras políticas y productivas.

Como existen evidencias que señalan que ninguna de las fuerzas políticas puede por sí misma hacer las reformas de desarrollo, sistema y régimen, entonces la única salida sería un acuerdo plural entre todas las fuerzas políticas.

Sin embargo, todos los partidos políticos sólo están pensando en el corto plazo: el PRI quiere mantener la presidencia otro sexenio, el PAN quiere regresar a Los Pinos para hacer lo que dijo que haría y no lo hizo en 2000-2012, el PRD está desesperado por ganar el poder basado sólo en sus tribus y sin proyecto, y López Obrador no sale de su modelo de caudillo unipersonal.

Lo malo es que la oposición ya dijo que no y fue muy clara en señalar todo lo que está mal pero sin hacer una propuesta coherente y pública de su propuesta de modelo de desarrollo y sistema político.

Sin posibilidad de acuerdos, el PRI, a su vez, dejó en claro su plan político para la segunda mitad del sexenio: consolidar lo logrado para atenuar la crisis, aunque sin resolver la crisis de demandas sociales.

De ahí que la segunda mitad del sexenio sea igual a la primera y todos a pensar sólo en el 2018.

Sólo para sus ojos:

 No existe preocupación en los equipos de los secretarios de Hacienda y Gobernación por el efecto de la crisis en sus aspiraciones presidenciales porque prevén que el barco se estabilice en el 2017.

 En el gobierno federal anotaron el comportamiento del PAN en la designación del nuevo embajador en Washington, Miguel Basáñez, en la columna de los pendientes. Fue mucha la mezquindad de retrasar la aprobación.

 En el PRI no olvidan que el actual coordinador de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados, Francisco Martínez Neri, de rector de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, durante la crisis del 2006 se coinvirtió en aliado de la 22 y de la APPO para tumbar al gobernador priísta Ulises Ruiz Ortiz.

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