Organización de Pueblos Indígenas Zapotecos A.C.

Oaxaca, Oax. 22 de enero 2011 (Quadratín).- Como lo hemos manifestado insistentemente, en el año de 1996, el gobierno de Diódoro Carrasco Altamirano inició en la Región de los Loxicha una represión despiadada en contra de indígenas zapotecos.
Cientos de personas fuimos perseguidas y encarceladas, torturadas; se ha denunciado el desplazamiento forzado de la población; existe la documentación de por lo menos quince casos de desaparición forzada y la ejecución extrajudicial de cerca de 120 indígenas zapotecos, hombres y mujeres.
Después de pretender ser comunidades libres de todos los males; los políticos, militares, policías y paramilitares han sembrado todo tipo de vicios. Vicios que alcanzan a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros abuelos, hombres y mujeres todos.
Desde luego que todo eso ha pasado desapercibido para los políticos que nos esquilman; organizaciones; líderes sociales; sociólogos; politólogos y todos aquellos generadores de opinión en una política contrainsurgente empujada por el Estado, que ha orillado a que amplios sectores de nuestra sociedad desconozcan el infierno que hemos padecido.
Han comprado las conciencias y las leyes pretendiendo reducir nuestra exigencia de justicia a nada, recurriendo no solamente al aniquilamiento político sino también al físico en la persona de líderes comunitarios, ex presos y militantes de nuestra organización que nutrían nuestras movilizaciones.
Mientras vivamos nunca callaran nuestra voz, porque a la razón de la fuerza le hemos opuesto la fuerza de la razón.
Posiblemente pequemos de idealistas creyendo que en el mundo de los políticos existe un mínimo de respeto por los derechos de los pueblos originarios y la justicia, pero no seremos traidores a nuestros ideales abandonando a nuestros presos, a sus familias; a las viudas y a los huérfanos; a los pobres de nuestras comunidades a su suerte.
Por eso ahora que el gobernador, acompañado de quienes lo traicionaron en el 2004, y en el 2006 organizaban marchas y demás actividades a favor de URO y contra la APPO, fortaleciendo el paramilitarismo y las ejecuciones extrajudiciales; pretende que Loxicha sea el termómetro o el laboratorio de la política social, poniendo en marcha la rehabilitación de caminos y otros programas sociales, preguntamos:
¿Cuándo empezamos a construir la ruta de la justicia para las víctimas de la represión en los Loxicha?