PMI, 35 años de lavado y evasión fiscal en Pemex

MÉXICO, DF. 17 de junio de 2014 (Quadratín).-La reforma energética que impulsan los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) mantiene en la opacidad los negocios millonarios que realizan las empresas “privadas” de Pemex, incluyendo los 52 mil 94 millones de pesos que integran el capital contable de las empresas filiales de la paraestatal agrupadas dentro del Grupo PMI. El Grupo PMI fue creado a finales de los años ochenta con el objetivo de reducir riesgos y aprovechar ventajas comerciales en el mercado internacional de hidrocarburos, con lo cual, Pemex invirtió recursos públicos en la creación de empresas encargadas de la comercialización del petróleo y sus derivados en el extranjero, así como las inversiones que realiza Pemex fuera de México.

Dichas empresas están sujetas a la legislación de cada país en donde fueron constituidas, por lo cual, no están obligadas a cumplir con las leyes mexicanas ni a rendir cuentas sobre la manera en que utilizan recursos públicos.

En 2012, las empresas del Grupo PMI contaban con un capital de 52 mil 94 millones de pesos y realizaron transacciones por 971 mil 560 millones de pesos de manera discrecional, dentro de una contabilidad paralela a la cuenta pública federal.

“Cabe señalar que los recursos que administran las empresas del Grupo PMI, son considerados como no públicos, por lo que no están sujetos a la legislación mexicana que regula, entre otras, la programación, formulación de presupuestos, control, financiamiento, evaluación, aprobación, planeación, ejercicio, mantenimiento, arrendamiento, responsabilidades, transparencia y rendición de cuentas de los ingresos y egresos públicos federales”, señala la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su informe de la cuenta pública 2012.

El Grupo PMI está integrado por 13 empresas filiales de Pemex, -de las cuales 12 son consideradas no paraestatales y solo una como entidad paraestatal del gobierno federal-, clasificadas por sus actividades como empresas tenedoras, comercializadoras y de servicios. Aunque la ASF considera errónea la manera en que Pemex interpreta la legislación vigente para crear empresas privadas “cuyo objeto no sea prioritario ni estratégico”, tal como se establece en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la reforma energética planteada por el presidente Enrique Peña Nieto abre la puerta para que las importaciones y exportaciones de hidrocarburos sigan siendo manejadas de manera discrecional por las empresas privadas de Pemex.

El artículo octavo transitorio de la Ley de Hidrocarburos señala que “la Comisión Nacional de Hidrocarburos podrá adjudicar de manera directa a Petróleos Mexicanos, alguna de sus empresas productivas subsidiarias o empresas filiales, o a otra empresa productiva del Estado un contrato para la comercialización de Hidrocarburos, el cual no podrá tener una vigencia mayor al 31 de diciembre de 2017 y no podrá ser prorrogado o renovado”.

Esto permitirá legalizar la manera en que dos de las empresas pertenecientes al Grupo PMI, P.M.I. Comercio Internacional (encargada de comercializar el petróleo crudo de Pemex en el extranjero) y PMI Trading Ltd (empresa constituida bajo las leyes de la República de Irlanda que maneja todas las importaciones de derivados de petróleo en México) sigan operando sin rendir cuentas a los mexicanos. Asimismo, el transitorio decimosexto de la reforma a la Ley de Petróleos Mexicanos, establece que las empresas de participación estatal mayoritaria “mantendrán la naturaleza y régimen de operación que les sea aplicable a la entrada en vigor de la presente Ley”.

De este modo, la reforma energética impulsada por el PRI y el PAN, no contempla ningún tipo de control para que las filiales de Pemex rindan cuentas sobre los millonarios fondos con los que operan al margen de las leyes mexicanas.