Participa el TSJE en Jornadas de Acceso a la Justicia de Mujeres Indígenas

Oaxaca, Oax., 25 de mayo 2011 (Quadratín).- “A partir de la aceptación del tratado 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que señala los lineamientos del reconocimiento por parte del Estado Mexicano de los pueblos y comunidades indígenas y que trajo como consecuencia la promulgación de una serie de leyes que reconocían esos derechos, los mestizos hemos entendido con mayor claridad la forma en que se organizan y conviven las comunidades indígenas; sin embargo, en la medida en que se avanza en ese reconocimiento, se evidencian hechos que impactan su comportamiento interior, siendo uno de los temas de discusión el de la situación de la mujer”, afirmó, Alejandro González Santiago, juez de garantía de Tehuantepec, al participar en las Jornadas de Acceso a la Justicia de Mujeres Indígenas que se celebran en la ciudad de Oaxaca los días 25 y 26 de mayo.
Durante su participación en el panel “la problemática actual del acceso a la justicia de mujeres indígenas desde el punto de vista de la procuración y administración de justicia”, Alejandro González precisó que respecto al trato de las mujeres en las comunidades indígenas existe unanimidad de criterios por parte de los expertos en dos puntos: una marcada discriminación por parte de los varones y el inicio en algunas de ellas, de un proceso de concientización acerca de su situación, ya que han sido las propias mujeres las que han iniciado la búsqueda de espacios en el seno de su comunidad para reivindicar sus derechos a un trato igualitario.
Mencionó que si actualmente la mujer es víctima de la violencia, en el caso de las mujeres indígenas el problema es aún mayor, “porque tiene que enfrentar un ambiente donde imperan las actitudes machistas o patriarcales y donde la hegemonía del varón es la regla, pues la mujer no tiene lugar más que como apoyo, al no poder acceder a puestos importantes en la vida de la comunidad.”
Dijo que en el caso de las comunidades indígenas, salvo casos excepcionales que la ley señala, existe una normatividad especial en términos de procuración e impartición de justicia, de esta manera, si la víctima es indígena puede recurrir a la justicia propia de su comunidad o a la mestiza. Aún así, señaló, para el caso de las mujeres, “existen obstáculos que tienen que sortear como víctimas que buscan el acceso a la justicia”, ya que en sus comunidades están sujetas a las decisiones del padre, del esposo o a la autoridad patriarcal de la autoridad y, para acudir ante las autoridades estatales tienen que solventar gastos económicos con riesgos eventuales como la falta de atención, o que esta sea oportuna y eficaz.
Al destacar que en Oaxaca existen dos sistemas procesales penales de impartición de justicia: el acusatorio mixto o tradicional y el acusatorio adversarial operando en dos regiones: el Istmo y la Mixteca, el Juez de Garantía de Tehuantepec manifestó que en ambos hay cuestiones que resolver, pues aunque en el segundo los procesos son más agiles y la intervención de un traductor o intérprete tiene un marco legal a diferencia del primero, “se han detectado situaciones deficientes en cuanto al trámite de las causas en donde interviene como víctima una mujer indígena, como es la falta de abogados de oficio para las víctimas que no cuenten con recursos económicos.”
Finalizó diciendo que es necesario realizar campañas de salud y educación en las comunidades indígenas para concientizar a la población sobre el fenómeno de la violencia que se ha generado en torno a la mujeres, capacitar a los funcionarios encargados de procuración y administración de justicia, para sensibilizarlos en la atención a la mujer indígena y, que la Procuraduría de la Defensa del Indígena no sólo tenga defensores de oficio para defender a los imputados, sino también a la víctima.