Presidentes municipales inconformes con decreto para realizar obra pública

Oaxaca, Oax. 28 de enero de 2013 (Quadratín).- Un decreto oficial publicado en el Periódico Oficial del Estado el 12 de noviembre de 2012 generó este fin de semana una polémica entre el Poder Ejecutivo y presidentes municipales de Oaxaca.
Según la tercera edición extra del documento, los ayuntamientos deberán contratar de manera obligatoria su obra pública mediante las empresas inscritas en el padrón de contratistas de la Secretaría de las Infraestructuras y Ordenamiento Territorial (Sinfra).
El numeral cuatro del Capítulo II refiere que cuando se trate de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, hay la obligatoriedad de que los contratistas o personas físicas o morales a quienes se les invite a un procedimiento o se les adjudique una obra directamente, estén inscritos en el padrón de la Sinfra.
Mientras que en el numeral noveno se establece que para cualquier procedimiento de licitación pública se requerirá de un acta de Cabildo, lo que genera mayores trámites en la ejecución de obra pública.
De la misma manera, obliga a todas las instancias públicas a presentar todos los documentos de la obra, mediante un oficio, en forma impresa y en un disco compacto, cuando menos con cinco días de anticipación a la fecha que se pretenda emitir la convocatoria, a la Secretaría de la Contraloría para que dé la revisión y opinión normativa.
Anterior a dicho decreto, los ayuntamientos del estado cumplían con los requisitos ante la Contraloría, pero podían utilizar el padrón de contratistas con que cuenta su municipio o en su caso, cuando se trata de obras con recursos federales, el padrón avalado por la Secretaría de la Función Pública.
Diversos presidentes municipales, entre ellos el edil Luis Ugartechea Begué, han expresado su inconformidad ante el acuerdo por ser violatorio a la autonomía municipal, podrían conjuntarse varios presidentes para promover un acto jurídico en contra.
El denominado acuerdo, “que establece los lineamientos que deberán observar las dependencias, entidades y ayuntamientos ejecutores del gasto público del estado, para revisión, opinión normativa y seguimiento de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, en relación a los procedimientos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas”, fue signado por el gobernador, Gabino Cué Monteagudo; el secretario General de Gobierno, Jesús Martínez Álvarez, y la secretaria de la Contraloría, Perla Woolrich Fernández.