Educación para el desarrollo
La información publicada sobre dicho delito no está desagregada a nivel de polígono, la delimitación territorial (que, por cierto, hasta ahora no ha sido técnicamente justificada) para la actuación de ese programa en municipios seleccionados, además de que el Programa no tiene como objetivo prioritario la reducción de los homicidios. En suma, no hay una evaluación del impacto de las múltiples y millonarias acciones emprendidas.
El problema no es de recursos. En 2011 comenzó a destinarse a prevención un porcentaje considerable del Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN); entonces fueron alrededor de 430 millones de pesos. En 2015, sumando los recursos SUBSEMUN (20% del subsidio es destinado a prevención) y PRONAPRED, se destinan alrededor de 3 mil 600 millones para acciones preventivas, ocho veces más que en 2011.
El nombramiento de Arturo Escobar como subsecretario de Prevención es fiel muestra de la fallida prevención: designar a un funcionario con un perfil antagónico al de la proximidad con la sociedad civil y sin manejo técnico de un tema tan delicado es un factor de riesgo para la prevención, pero no es el único.
Es imposible evaluar una política que no existe
Hay descoordinación entre instancias que duplican acciones. Existe un Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana que se encarga de coordinar las acciones de SUBSEMUN, mientras la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación es responsable del PRONAPRED.
En teoría, estados y municipios deben coordinarse en la ejecución de acciones, pero no ocurre, sobre todo cuando sus gobiernos son de partidos diferentes.
Tal como constató México Evalúa, no hay diagnósticos certeros para la justificación de las acciones, que muchas veces obedecen más a los deseos de los políticos que a las necesidades de la población. Tampoco hay control estricto sobre la calidad de los proyectos que ejecutan organizaciones y actores de la sociedad civil especialistas en el tema, ni de empresas consultoras con pocas capacidades técnicas.
No bastaría con destituir a Escobar para mejorar la política de prevención, si persisten fallas tales como acciones injustificables, plazos de implementación de un semestre por proyecto, funcionarios locales poco instruidos en la materia o amplios espacios para la discrecionalidad. Es imposible evaluar una política que no existe.
- Este es un artículo del Instituto de Justicia Procesal Penal http://bit.ly/1OQWbXz
