Profesionalización en derechos humanos para lograr justicia de calidad

Oaxaca, Oax. 5 de agosto 2012 (Quadratín).- En la medida en que los jueces locales se preparen de forma integral y rápida en el tema de derechos humanos, el Poder Judicial cumplirá con las metas trazadas en esta materia, señaló el magistrado Fernando Enrique Méndez Ortega, integrante de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al hablar de las recientes reformas constitucionales.
Con estas reformas en derechos humanos, se crea un modelo para que jueces locales y federales tengan competencia para aplicar la ley basándose tanto en la Constitución como en los tratados internacionales que México ha suscrito, atendiendo siempre la interpretación más favorable para el efectivo goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de los justiciables.
“He aquí la gran y difícil tarea que tiene el Consejo de la Judicatura para la formación de los jueces en esta nueva cultura, dado que hay que conocer los derechos humanos constitucionalizados en la Carta Magna y en los tratados internacionales”, explicó.
Indicó que la instalación del Consejo de la Judicatura, es un suceso muy importante, debido a que este órgano tiene la misión de conducir la administración de los recursos humanos de esta institución, logrando con ello que el Poder Judicial cuente con funcionarios de calidad.
Cabe mencionar que dentro de las comisiones que integran el Consejo de la Judicatura se encuentra la de carrera judicial, la cual tiene la atribución de instrumentar y vigilar la carrera judicial a través de la escuela judicial, misma que tiene a cargo el implementar programas de capacitación y formación profesional en materia de impartición de justicia.
Méndez Ortega, explicó también que es obligación de los magistrados prepararse para participar en la transformación del Poder Judicial, debido a que los fallos que emiten deben estar interpretados conforme a estos ordenamientos. “Es por ello que la profesionalización de los jueces en esta materia también incumbe a los magistrados, porque ambos en la esfera de su competencia, están autorizados por la Carta Magna para ejercer el control difuso de la constitucionalidad y la convencionalidad”.